"Dime de qué presumes y te diré de qué careces". Pocos refranes son más adecuados que este cada vez que el gobierno presume de su sensibilidad social, de su supuesto "escudo social" contra la pobreza, de su supuesta mejora por decreto-ley de los salarios peor retribuidos o de haber dirigido sus incrementos de la presión fiscal únicamente contra "los ricos".
Si hace unos días el INE publicaba el informe Análisis de la Encuesta de Condiciones de Vida con enfoque de Infancia 2025, que señala que el 34,1% de los niños y adolescentes españoles —2,7 millones— vive en riesgo de pobreza y/o exclusión social —el dato más alto de la Unión Europea—, esta semana la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) denuncia cómo el efecto de no haber ajustado la tarifa del IRPF a la inflación de los últimos años le ha costado a un hogar medio con dos adultos y dos hijos, y con unos ingresos anuales de 50.000 euros, unos 736 euros cada año.
La inflación —no por nada llamado "el impuesto de los pobres", ya que son las familias con menos recursos las que destinan un mayor porcentaje de sus ingresos a pagar productos básicos como los alimentos, la vivienda, la luz o el transporte— ha sido especialmente nociva con los ciudadanos de menores ingresos quienes verán, a su vez, cómo la voracidad fiscal del gobierno termina por engullir en algunos casos hasta el 104% del incremento del salario de los que menos ganan.
A este respecto, todos recordarán el enfrentamiento que mantuvieron en el seno del propio gobierno la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra de Trabajo Yolanda Díaz: Mientras la primera era partidaria de que el SMI tributara por IRPF, la segunda era partidaria de dejarlo exento, a pesar de la subida, como venía siéndolo hasta la fecha. Al final se llevó el gato al agua Montero, con la silente complicidad de Díaz, no sólo por el hecho de que los perceptores del SMI sólo obtendrán este año una deducción directa en la cuota del IRPF de 340 euros, sino porque esa deducción se va reduciendo en 0,5 euros por cada euro adicional de renta hasta desaparecer por completo cuando alcanzas los 17.256 euros anuales.
Lo peor es que al gobierno social-comunista de Sánchez no se le ve —todo lo contrario— el menor propósito de enmienda en lo que a su voracidad fiscal y a su adicción al gasto público se refiere: a pesar de que los contribuyentes españoles han sufrido desde que Sánchez llegó al gobierno 94 subidas de impuestos y cotizaciones —soportando además la no deflactación del IRPF y otros gravámenes—, y a pesar de que España ha incrementado su carga fiscal en 1,9 puntos del PIB mientras el promedio para el conjunto de la UE ha descendido en 0.9 puntos, el Ejecutivo no hace más que demagogia barata enfrentando a "ricos y pobres" como si los pobres no pagaran parte de la factura o como si haciendo más pobres a los ricos se fueran a hacer más ricos los pobres.
Si Bastiat definía al Estado como "la gran ficción por las que todos buscan vivir a expensas de todos los demás", lo cierto es que el gobierno de Sánchez no hace más que alimentar esa ficción a expensas de todos, incluidos los más pobres.