Yolanda Díaz ha elegido el momento de la guerra arancelaria lanzada por Donald Trump contra, entre otros, el campo español, para exigir a Pedro Sánchez la aplicación inmediata del Plan de Acción Europea en materia ecologista. Y ese plan incorpora un limite a la posibilidad del Estado de realizar compras que no sean catalogadas como "ecológicas". En concreto, la medida supondría empezar a recortar las ventas que se realizan de alimentos no ecológicos a hospitales, colegios, servicios de comida de funcionarios, Policía, Ejército, etc. El primer paso consistiría en romper las compras públicas habituales basadas en la oferta del mejor precio y calidad para exigir que, al menos, un 20% tuviera que tener el distintivo de alimento "ecológico". Más costes para el campo.
El plan presentado por el partido de Yolanda Díaz incorpora los siguientes puntos. El primero, "diseñar un plan estratégico para la producción ecológica que aborde de forma integral los retos de la producción, transformación, comercialización y consumo de productos ecológicos y avance en la consecución de los objetivos del sector de cara a 2030". Nada señala el punto sobre el encarecimiento de los alimentos que ello implica y el impacto en el poder adquisitivo de los españoles.
El segundo punto pasa por "continuar promoviendo la producción ecológica por su impacto positivo en el mundo rural, ampliando las políticas públicas que fomenten esta forma de producción, que apoyen la agricultura y ganadería ecológica mediante incentivos y subvenciones y que protejan la biodiversidad, los suelos y los recursos hídricos". Ahí ya, el texto asume un coste al señalar que se apoyaría mediante "incentivos y subvenciones", pero, de nuevo, ni una sola concreción sobre el impacto económico, memoria y ayudas efectivas.
El tercer punto supone "fomentar, a través de campañas y acciones concretas, la promoción de un consumo responsable y la lucha contra el "greenwashing" que pongan de relieve, entre otras cuestiones, sus beneficios para la salud pública, el desarrollo económico local y la sostenibilidad medioambiental". Todo muy "sostenible" menos, por supuesto, la concreción de costes y ayudas.
Y llega el punto decisivo. "Promover que el 20 % de las compras públicas sean ecológicas, tal como establece el Plan de Acción Europeo, y la reducción del IVA sobre los productos ecológicos por su
impacto positivo en la sociedad". El Estado está sometido, en estos momentos, a una presiones de gasto público brutales por diversas causas -desde las separatistas, hasta por el incremento de las pensiones, el descontrol vario, el aumento de plantillas públicas, la hipertrofia del aparato público, etc-. De hecho, el déficit público español se ha afianzado en niveles superiores a los 50.000 millones de euros anuales: en términos absolutos, España registró un déficit de 50.187 millones de euros en 2024 y de 52.669 millones en 2023. Traducido: en ausencia de expectativa alguna por parte del Gobierno de lanzamiento de un plan de racionalización y austeridad en el derroche público, obviamente, la rebaja del IVA a los productos ecológicos iría a costa del castigo e incremento fiscal de otros consumos o del propio trabajo por medio de subidas de otros impuestos.
Y todo ello supondría un incremento de costes para el campo, que tendría que acelerar su producción de unos alimentos más caros y menos demandados, dejando de producir los más baratos y reclamados por los consumidores.
El argumento estrella para este nuevo golpe a los costes de producción del campo pasa, como no, por el manido "cambio climático", porque, como repiten en cada proposición de Sumar, "es uno de los desafíos más urgentes y palpables que enfrenta la sociedad. Los fenómenos meteorológicos extremos, como olas de calor, sequías prolongadas, tormentas intensas y la subida del nivel del mar, son ya evidentes a escala global". Y, con la misma reiteración, la solución de Sumar siempre es la misma: menos poder adquisitivo para la población, precios más altos, más costes públicos -y, en consecuencia, más impuestos finales- y menos libertad de elección para la población.
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