En esRadio, en Libertad Digital e incluso en esta modesta columna hemos denunciado en muchas ocasiones que la Agencia Tributaria española trata a los contribuyentes de una forma muy similar a la que usa la mafia con aquellos a los que 'protege', solo que sin la elegancia de Vito o Michael Corleone, más bien una cosa cutre tipo los Soprano.
Bromas aparte, el asunto es muy serio porque nuestra relación con el fisco es el ámbito en el que los españoles estamos absolutamente desprotegidos: no tenemos ningún derecho, las normas cambian a gusto de Hacienda, que en la mayoría de las ocasiones es juez y parte y, encima, nos enfrentamos al poder casi omnímodo del Estado, con todo pensando para que aquellos pocos locos que se atreven a plantar cara sufran un coste brutal sólo para empezar a litigar, mientras que los inspectores jamás tienen que devolver las bonificaciones que logran, aunque la Justicia acabe, años después, dando la razón al contribuyente atracado por esos salteadores de caminos con maletín también conocidos como inspectores.
La injusticia del sistema y el terror fiscal son tales que sólo se defienden aquellos que pueden gastarse un dineral en abogados y, además, tienen una situación social que les permite afrontar el enorme coste reputacional de la batalla. Pero, curiosamente, muchos de los que lo hacen acaban no sólo ganando los juicios, sino demostrando que el comportamiento de Hacienda antes y durante el proceso había sido tan miserable como para avergonzar a la más cruel manada de hienas del Serengueti.
Ahí tienen, sin ir más lejos, el último ejemplo: el de Sito Pons, al que Hacienda pedía 24 años de cárcel –¡24 años de cárcel!– por unos delitos que no ha sido capaz de demostrar en ningún momento, pese a lo que no ha dejado de apelar para causar el máximo daño posible.
Es decir, en muchos casos la Justicia acaba dando la razón al perseguido contribuyente y en no pocas ocasiones denunciando los comportamientos completamente fuera de la Ley de la Agencia Tributaria, pero el terror fiscal está tan instalado en España y es tan eficaz que hasta ahora nadie se había atrevido a decir basta, a plantear en los tribunales no un caso concreto sino la terrible verdad general: que esa forma de actuar es inadmisible en un Estado de Derecho.
Tan es así que ha tenido que ser un despacho de abogados extranjero el que se atreva a plantear lo que podríamos llamar una causa general contra esta auténtica mafia del impuesto. Es un poco vergonzoso que nadie en España se haya atrevido hasta ahora, pero también es comprensible: no sólo se habrían echado en contra a toda la maquinaria del Estado sino también a esa opinión pública que se cree que si alguien logra pagar menos impuestos ellos tendrán que pagar más, cuando es justo al revés: esos pocos que logran escapar son los que evitan que nos aprieten todavía más el cuello a todos los demás.
Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.