El Gobierno de España formalizó una serie de diez acuerdos contractuales con la empresa israelí IMI Systems Ltd, dedicada a la producción de armamento y municiones, por un monto cercano a los 31 millones de euros. Estos pactos, suscritos entre 2018 y 2024, abarcaron la adquisición de diversos materiales bélicos destinados a las Fuerzas Armadas. No obstante, esta relación comercial se vio empañada por la polémica tras la solicitud de Sumar, formación integrante de la coalición gubernamental, de suspender las compras a dicha compañía, un reclamo que también pidieron sus otros aliados parlamentarios.
De los diez contratos rubricados, dos se concretaron tras el estallido del conflicto entre Israel y Hamás, iniciado el 7 de octubre de 2023. Estos acuerdos, fechados en 2024, alcanzaron un valor conjunto de 2.236.407,5 euros y se destinaron directamente al Ministerio de Defensa. La demanda de cancelación, impulsada por Sumar, reflejó su rechazo a mantener vínculos comerciales con la empresa en el contexto bélico, generando fricciones entre los socios legislativos, quienes señalaron contradicciones en la gestión de las adquisiciones militares.
Todos los contratos del Gobierno con IMI Systems
El último contrato adquirido por el ejecutivo antes de la polémica fueron unos programadores M339 Setter para espoletas de 120 mm por 10.000 euros, a cargo del Ministerio de Defensa para el Ejército de Tierra, el 20 de marzo de 2024. Este caso destacó por tratarse de un contrato menor adjudicado a dedo, sin licitación competitiva. Este equipo, esencial para la configuración de munición pesada, se incorporó a los recursos de los militares españoles.
Anteriormente otra compra de programadores M339 SETTER para espoletas de 120 mm, con un valor de 2.226.407,5 euros, el 26 de noviembre de 2024.
Previamente, el 12 de noviembre de 2022, se adquirieron disparos APFSDS-T de 120 mm para carros Leopard, con un coste de 9.423.480 euros. Estos proyectiles, diseñados para perforar blindajes, refuerzan la capacidad operativa de los tanques españoles.
El 13 de agosto de 2021, se formalizó la compra de disparos de guerra rompedores HE-T de 120 x 570 mm para Leopard, por un importe de 3.649.253,52 euros. Este material explosivo es apto para misiones de alta intensidad.
Un mes antes, el 2 de julio de 2021, se obtuvo munición ordinaria OTAN de calibre 5.56 x 45 mm por 5.641.020 euros. Estos cartuchos, empleados en armamento ligero, forman parte del arsenal estándar de las fuerzas armadas.
El 30 de noviembre de 2020, se gestionó la compra de munición de cartuchería calibre 5.56 x 45 mm Ordinario OTAN - Lote I, con un valor de 388.500 euros, a cargo del Ministerio de Defensa. Un lote homologado para operaciones internacionales.
En octubre de 2019, específicamente el 23, se adquirieron otra vez cartuchos de 5.56 x 45 mm ordinario homologado OTAN por 2.507.120,01 euros, también para el Ministerio de Defensa.
Días antes, el 21 de octubre de 2019, se compraron por tercera ocasión disparos de calibre 5.56 x 45 mm por 349.650 euros.
El 12 de diciembre de 2018, se obtuvo el primer lote de cartuchos de 5.56 x 45 mm ordinario, con un coste de 6.581.190 euros.
Por último, el 31 de julio de 2018, se formalizó un contrato basado en un acuerdo marco del Ministerio de Defensa (código 2015/SP03030400/00000168) por 349.650 euros, en este caso, no se especifica exactamente qué se compró.
Anunció la suspensión, pero la formalización sigue pendiente
El 24 de abril de 2025, el Gobierno enfrentó una polémica tras revelarse que el Ministerio del Interior había gestionado un contrato por 6,6 millones de euros para adquirir 15 millones de balas de 9 mm de la empresa israelí IMI Systems, destinadas a la Guardia Civil. Esta operación, firmada en 2024, contradecía el compromiso del Ejecutivo de no comprar armamento a empresas israelíes tras el conflicto en Gaza iniciado en octubre de 2023.
La presión de Sumar, que calificó el acuerdo como una "violación flagrante" del pacto de coalición, llevó al presidente Pedro Sánchez a anunciar la cancelación unilateral del contrato. Sin embargo, según fuentes gubernamentales, el Ministerio del Interior había sido advertido por la abogacía del Estado de que rescindir el contrato implicaría pagar la totalidad del importe sin recibir el material, lo que complicó la decisión. A pesar del anuncio de cancelación por parte de Sánchez, el portal de contratación aún mantiene sin anular dicha licitación 17 días después.
Problemas con material bélico
Según informó The Objective el 25 de abril de 2025, la Guardia Civil se enfrenta una crisis operativa tras la cancelación de un contrato de 6,8 millones de euros con IMI Systems para adquirir 15 millones de balas de 9x19 mm, las únicas compatibles con las pistolas Ramon, de fabricación israelí, empleadas por unidades de élite como los GRS y Usecic. La decisión, anunciada el 24 de abril de 2025 bajo presión de Sumar por el conflicto en Gaza, deja sin munición adecuada a unas 7.000 pistolas, ya que pruebas de 2024 demostraron que otras marcas causan encasquillamientos.
La anulación, aún no oficial en el BOE, podría obligar al Estado a pagar el importe total sin recibir las balas, comprometiendo la seguridad ciudadana. El Ministerio del Interior busca alternativas legales, como revocar la licencia de la empresa, para evitar indemnizaciones. Asociaciones como Independientes de la Guardia Civil critican la medida, que expone a los agentes a riesgos operativos y evidencia fricciones en la coalición gubernamental, dejando a los guardias civiles sin posibilidad de usar eficazmente sus armas en un contexto de alta exigencia.