Comparto mi artículo publicado en Expansión el 23 de agosto:

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Comparto el artículo que me publicó Expansión el pasado 16 de agosto:

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La semana de las granizadas. Al medio metro de pelotas de hielo que cayeron en Almazán –que dejaron en la villa soriana una estampa propia de Formigal en Navidad-, los 20 centímetros en Madrid y, en general, en numerosas provincias del centro y noreste del país, hay que añadir el pedrisco cruel que ha caído sobre la imagen de España, la de Bolsas y Mercados, la del Mercado Alternativo Bursátil, la de la CNMV y, por qué no, sobre el sector tecnológico español y las empresas que cotizan en el MAB.

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Decía ayer el economista español afincado en Colchester, Javier Santacruz, que “esta Reforma Fiscal es un lío morrocotudo, de la que sólo sacarán provecho aquellos profesionales que se lo estudien bien. No es que tenga letra pequeña ¡es que toda ella es letra pequeña!”

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“En México les pasa como aquí, hay un gran apego a los bienes raíces, la gente prefiere invertir sus ahorros en tierras o en propiedades pues, a diferencia del dinero, nadie te los puede quitar: los cacos no se pueden llevar la tierra o la casa”.

Esta es la reflexión que me hacían hace unas semanas unos chicos mexicanos con los que departí brevemente tras dar una charla en El Hueco, un centro pionero de coworking para jóvenes emprendedores en mi tierra, Soria.

Ciertamente, frente al caco convencional o el estafador financiero, el ahorro está más seguro en el ladrillo. Sin embargo, se da la paradoja de que ante la acción del Estado, la inversión inmobiliaria no tiene escapatoria. El perfecto rehén: “Fomentan la burbuja inmobiliaria, compramos casa, lo perdemos todo con las políticas estatales, sólo nos queda la casa, y ahora quieren gravarla”, resumía en 140 caracteres el economista Miguel García Tormo.

Si bien nuestra Carta Magna establece el principio de no confiscatoriedad expresamente en su artículo 31, a nadie se le escapa que eso es papel mojado en un país en el que el gasto público ronda el 50% del PIB. Y los próceres de la patria no ahorrarán argumentos para convencernos de la bondad de sus iniciativas. Imputar rentas a un activo que no las genera es un total despropósito que en su día ya fue eliminado por precisamente un gobierno del mismo partido que el actual.

Seguramente muchos de ustedes no tienen contratado servicio doméstico. Así pues, la limpieza de su casa, la plancha, las camas, los platos, etc., son tareas que se reparten en familia. Habida cuenta de que hay muchos hogares en que estas funciones las realiza una persona contratada a tal fin, ¿podría el Estado imputar el coste de ese servicio y hacerle tributar en alguna medida por ello, aún cuando lo haga Ud. mismo? Seguramente le parecería una barbaridad, ¿verdad? Pues eso es la imputación de rentas.

Ustedes han tributado, y no poco, inicialmente por el dinero que han obtenido fruto de su trabajo o negocios, y después lo han invertido en un activo del que no quieren o no esperan obtener una rentabilidad. De hecho, ese mismo dinero ahorrado, estando en cuenta corriente sin remuneración, no tributa –de momento-. Pero tenemos la mala suerte de que los dos grandes partidos del país (y a buen seguro el tercero) coinciden en que el problema de España es de ingresos, no de gasto. Y como de los rendimientos ya no saben o no pueden extraer más, ahora deciden mermar su patrimonio. Conscientes de que gracias a la libertad de capitales podrían mover su dinero allende nuestras fronteras, ¡qué mejor que gravar aquellos activos de lo que son rehenes! En efecto, el caco vulgar no puede llevarse su piso, pero, ay, el sofisticado…

Sin contar la enorme cantidad de tributos y cesiones imputables a una vivienda en virtud del proceso de transformación urbanística de un terreno, alrededor de un tercio del precio final de una vivienda se lo lleva la Administración Pública en impuestos varios. El día que venda su vivienda ésta deberá soportar ITP, AJD, plusvalía, los peajes del notario y el registro,… Actualmente por la mera tenencia ya paga un IBI que de media ha subido un 40% desde el inicio de la crisis. Hace más de un año que no hay desgravación por compra de la primera vivienda. Pues bien, no les basta. Quieren más.

Más nos vale que de verdad se recupere la economía; de otro modo, los sheriffs de Nottingham nos van a sacar los higadillos.

Charlando hace unos días con Susana Criado, directora del programa Capital de Radio Intereconomía, acerca de las nuevas tasas -¿o habría que decir multas?- que algunos ayuntamientos están empezando a aplicar a los pisos vacíos –por ahora, sólo a los que son propiedad de los bancos-, me dijo algo que me parece clave a la hora de centrar el debate: “Esto es lo mismo que si nos penalizaran por mantener nuestros ahorros en cuenta corriente en lugar de colocarlos en algún producto de inversión… ¿es que ya no somos libres de hacer con nuestro dinero lo que queramos?”

 Yo acababa de explicarle a Susana que esta nueva vuelta de tuerca en España a los derechos y libertades no me sorprendía demasiado, pues conocía la legislación británica –un país con marchamo de liberal- al respecto. El Parlamento del Reino Unido aprobó en 2004 una ley de vivienda que puso en marcha el “EDMO” (Empty Dwelling Management Order). Se trata de un mecanismo legal que permite a los ayuntamientos tomar la posesión –que no la propiedad- de las viviendas vacías. ¿Y qué son viviendas vacías, según esta ley? Aquellas que, llevando más de seis meses desocupadas,

-         no estén en proceso de venta o alquiler,

-         no sean la residencia habitual –temporalmente abandonada por cuidados médicos o de otro tipo-,  

-         no sean segunda residencia vacacional,  

-         y no estén en proceso de herencia.

 A través de un proceso judicial –que puede finalizar en cualquier momento siempre que el propietario se avenga a sacar al mercado la vivienda-, el ayuntamiento se queda con la gestión y el mantenimiento de la vivienda. Esta vivienda será puesta en alquiler y la renta, una vez satisfechos los gastos de gestión y de mantenimiento, se entregará al propietario.

No me seduce especialmente el modelo británico, pues interfiere de manera intolerable en la propiedad privada, pero reconozco que al menos resulta mucho más sistemático que lo que está sucediendo aquí, donde cada autonomía y cada ayuntamiento regulan de manera distinta el fenómeno; y de alguna manera, dada la implicación directa del ayuntamiento, presume un interés real en solucionar un problema (si bien es cierto que a costa de la propiedad de terceros, ¡así cualquiera!).

De momento, el pueblo mantiene silencio. Unos, porque se sienten  en o del lado de los beneficiarios de estas medidas. Otros, porque no perciben que la amenaza les afecte: parafraseando a Niemöller piensan que “como vienen a por los bancos, guardo silencio, porque yo no soy un banco”, sino un mero miembro de la clase media que ha preferido destinar sus ahorros al ladrillo en lugar de a algún activo financiero. Pero el silencio de las clases medias es su aquiescencia y, cuando ya hayamos asumido que es “lo normal” que a un banco se le castigue por no sacar sus pisos a la venta o al alquiler, no nos costará demasiado asimilar la misma doctrina a cualquier propietario.

Nuestra Constitución, ambigua en esto como en casi todo, por un lado reconoce “el derecho a la propiedad privada y a la herencia” (art. 33) así como “la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado” (art. 38); pero por otro lado también que “la función social (de la propiedad y de la herencia) delimitará su contenido”, que “los poderes públicos promoverán las condiciones y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” (art. 47) y, por si fuera poco, que “toda la riqueza del país está subordinada al interés general” (art. 128). Imagínense lo que un político demagogo puede hacer con estos mimbres…

El problema de fondo es la constatación de una aparente contradicción: por un lado, hay cientos de miles de viviendas vacías; por otro lado, miles de familias sin vivienda. Y encima, los principales tenedores de esas viviendas, los bancos, han sido rescatados por el sector público, o sea, en parte por los mismos que no pueden acceder a la vivienda. ¿Cómo es posible? ¿Acaso no son justas esas medidas de los ayuntamientos y autonomías?

Una visión superficial y simplista nos conduce sin duda a esa conclusión. Son de esta naturaleza los silogismos que han conducido a países como Venezuela o Argentina a su actual situación. Y España ya ha recorrido un buen trecho de la inevitable travesía por el desierto como para ahora dejarse seducir por un espejismo fatuo.

Las viviendas vacías son el resultado de una nefasta política económica y monetaria llevada a cabo durante los años 2000-2008, que se agravó con la negación –y consiguiente putrefacción- de la situación en el periodo 2009-2011: si se hubiera forzado al sistema financiero a reconocer las pérdidas inmobiliarias en el momento que tocaba, ni habría tantas familias sin vivienda, ni habría tantas viviendas sin ocupar (ni nos habría salido tan caro el rescate). El mercado inmobiliario fue irresponsablemente intervenido durante este último periodo, impidiendo el ajuste en precio, y agravando las consecuencias para los más débiles de la sociedad. Aunque tarde, ahora se están dando los pasos para recomponer la situación. Primero, obligando por decreto al sistema financiero a rebajar drásticamente el valor de los inmuebles. Segundo, recapitalizando las entidades (lamentablemente con ayuda pública). Tercero, vendiendo estos activos a precios realistas. De momento, en una elevada proporción a fondos oportunistas, pero ya se atisba en el horizonte la venta a particulares desde el momento en que las entidades son capaces de financiarse en el exterior, como parece desprenderse de las últimas noticias.

¿Y mientras tanto? Los poderes públicos cuentan con muchos resortes para dar soluciones a los más desfavorecidos, sin necesidad de castigar el derecho de propiedad por el mero hecho de existir. Menos palo y más zanahoria: pueden proponer incentivos fiscales, situarse como avalistas frente al propietario, legislar protegiendo al propietario, utilizar eficientemente sus ingentes carteras de suelo y vivienda públicos, etc. Pero claro, es más fácil decantarse por medidas recaudatorias que además son populistas. Y con una multiplicidad de regulaciones –tantas como ayuntamientos- que en nada ayudan a la seguridad jurídica y sí al caos y la desconfianza. Y todo esto después de haber subido el IBI de media un 70% desde que empezó la crisis, y con la eliminación retroactiva de la desgravación por vivienda habitual en ciernes; la “Parot inmobiliaria”.

Para terminar, les dejo las declaraciones de alguien que conoce muy bien la problemática, Sergi Gargallo, Consejero Delegado de Lloguer Segur (filial catalana de Alquiler Seguro) tras anunciar el alcalde de Barcelona que se apuntaba a la moda de sancionar a los bancos con pisos vacíos:

“Las viviendas vacías que pueden tener los bancos en los barrios de Ciutat Meridiana, Trinitat Vella y el suroeste del Besòs, en su mayoría son viviendas procedentes de desahucios que en muchos casos no presentan condiciones de habitabilidad dignas y deben ser adecuadas”.

“El motivo por el que este tipo de pisos no se han vendido o alquilado, es precisamente por el coste de adecuación para su comercialización. Si estas viviendas se destinan finalmente al alquiler social, el Alcalde debe informar claramente cuál será el coste de adecuación para el contribuyente”.

“Dado que la actual LAU permite limitar a 3 años el arrendamiento, si el Ayuntamiento debe invertir fuertes sumas en reformar estos pisos para ofrecer una vivienda digna, y el banco las recupera en buen estado a los tres años, volverán a hacer negocio a costa del contribuyente”.

“Para incentivar que los propietarios pongan sus pisos en el mercado de alquiler, es necesario que desde las administraciones se ofrezcan a los propietarios un sistema ágil y eficiente de protección jurídica, lo cual no ocurre en estos momentos, a la par de incentivos fiscales realmente atractivos tanto para inquilinos como para propietarios”.

 “La mayoría de pisos cerrados son de pequeños propietarios los cuales no ponen sus viviendas en alquiler por miedo a los impagos y la lentitud de la justicia, o costes de adecuación. En Cataluña la mayoría de las viviendas cerradas están en manos de particulares, y por lo tanto hay que legislar a favor de inquilinos y propietarios”.

En las últimas dos o tres semanas muchos medios de comunicación me han preguntado mi opinión sobre la evolución de los precios de la vivienda durante 2014. Es comprensible esa inquietud en un país en el que más del noventa por ciento de la población es propietaria, y más aún cuando hasta hace seis años los precios sólo sabían subir desde que el acceso a la vivienda se universalizó allá por los años sesenta.

Pero a fecha de hoy eso no es lo importante. Si nada excepcional ocurre en el año que estrenamos, puedo asegurarles sin temor a error que los diferentes informes y estudios de las consultoras, tasadoras, y expertos del ladrillo recogerán caídas que se situarán en una horquilla de entre el 5% y el 10%.

El ajuste ya está hecho, con sus más y sus menos. Me refiero al ajuste de verdad, esto es, el ajuste que se observa en suelos y nuevas promociones de obra nueva; el ajuste de la Sareb y de algunos –no todos- los bancos. No incluyo por tanto la segunda mano, la venta de particular, que va a otro ritmo. Cuando no hay una necesidad perentoria de vender, el particular se hace el remolón, y se equivoca: esta semana me contaban de un piso que se vendía hace cuatro o cinco años por 400.000 euros y se acaba de cerrar en 200.000. El propietario había recibido en todo este tiempo varias ofertas, la primera de ellas en 360.000. En fin, así es la vida.

Como les decía, el precio, en 2014 ya no es importante. Y ya no es importante porque a los precios actuales, el que puede comprar, compra.

En costa las compras de extranjeros se han disparado, prácticamente duplicando al peor año del ciclo, 2009. Todo apunta a que esta tendencia va a seguir durante los próximos meses: el mundo ha perdido el miedo a España, y España, por un montón de razones que no viene al caso, sigue siendo el mejor lugar para veranear y para pasar la jubilación para un europeo.

Otros que compran, porque pueden, son los famosos fondos de inversión extranjeros. El año pasado por estas fechas tenía puestas mis esperanzas en la Sareb; me parecía el único vehículo apropiado para estabilizar precios y dinamizar el mercado. La mera puesta en marcha de un ‘banco malo’ ya generó un efecto positivo en el mercado global. La rapidez con que cerró la primera operación (Bull) fue el mejor mensaje que se podía lanzar. En definitiva, alrededor de un centenar de fondos inversores de diversa procedencia (Europa, Iberoamérica, Estados Unidos, Asia) creen que España es un país atractivo al que destinar su dinero. Y están aquí ya, haciéndolo.

El tercer grupo que se ha apuntado a la fiesta inversora es el nacional. Que compra porque puede. Son por un lado los llamados family office, o sea, los ricos de toda la vida en versión profesionalizada, y por otro los que “marchan bien”, profesionales y pequeños empresarios que tienen ahorro, y que creen que comprar pisos a la mitad o al 30% de su precio de hace unos años es un buen negocio en el que no te puedes equivocar.

Ni los precios -ni el stock, que sólo es un problema en localizaciones concretas-, son a fecha de hoy impedimento para comprar para aquellos que pueden comprar. Por eso, el precio ya no es el problema. El problema es el acceso a la vivienda. Para la gran mayoría de los españoles hoy como ayer la adquisición de una vivienda es la principal compra de su vida; y para ello necesitan un socio que aporte la mayoría del precio, pues con su nivel de renta necesitarían una vida laboral ahorrando para poder hacerlo. Por eso, el reto de 2014 es la mejora de las facilidades de financiación.

Y, ¿qué se puede esperar de la financiación? Por una parte, el sector privado se ha desapalancado de manera muy relevante en los últimos años, pasando de 2,2 a 1,9 billones de euros (325.000 millones menos). Además, las exigencias de provisionamiento de los Decretos De Guindos y el rescate financiero del EFSM han servido para sanear un sector que estaba al borde de la quiebra. En el debe, sin embargo, se encuentra la enorme cantidad de recursos que la banca ha destinado a financiar la deuda del Estado. Sin embargo, aquí también hay buenas noticias, pues desde hace ya unos meses la banca española ya no es la única que financia al sector público.

Así pues, los servicios de estudios de los grandes bancos (BBVA, Sabadell) avanzan que para este año ya habrá “crédito nuevo”. No parece que vaya a ser algo inminente, a la vista de las pobres cifras de hipotecas, pero es probable que para la segunda mitad del año veamos ya crecimientos interanuales.

En efecto, el desafío de este año ya no tiene nada que ver con los precios, sino con el volumen.

Feliz año nuevo.

El mercado español de hoy cruza muy pocas operaciones. Ha quedado reducido a apenas un 30%: de unas 250.000 viviendas a 70.000. Es un mercado menguante. En el interanual, el último trimestre ha perdido casi un 7%. ¿Es este mercado representativo? Mucho menos que lo que lo era en cualquier otro ejercicio pasado. Por eso, los datos de un trimestre aislado hay que tomarlos con mucha precaución. Pero, además, aunque se consolidaran las subidas en trimestres venideros, no deberíamos tenerlos muy en cuenta mientras el volumen de operaciones fuera tan bajo. ¿O nos fiaríamos del precio de la acción de una empresa si de repente el volumen se desplomara?

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La pasada semana asistí a un interesante coloquio celebrado en el IESE sobre fondos de inversión e inmuebles moderado por el profesor José Luis Suárez. De entre todas las cosas interesantes que se dijeron, me ha parecido relevante compartir las siguientes:

 ¿Por qué ahora? ¿Qué razones han propiciado el desembarco de los inversores?

 1.      Mayor estabilidad de la eurozona: la ruptura del euro o la salida de España quedan descartadas

2.      Prima de riesgo española a la baja

3.      Mejora –aun leve- de España

4.      Atractivo del sector inmobiliario español

a.       Caída muy relevante de los precios tanto de rentas como de compraventa

b.      Rentabilidades (yields) muy atractivas

c.       Puesta en marcha del banco malo, con toda la carga simbólica que contiene

5.      Poco atractivo de los mercados inmobiliarios de los países del entorno, precisamente por las razones contrarias: precios elevados, y yields muy bajas

6.      Resultados positivos en experiencias similares: inversores que han entrado y salido con éxito de mercados que ya han pasado por la reconversión, como EEUU o Irlanda.

7.      Una extraordinaria liquidez a nivel mundial -propiciada por los QEs- que ha llevado a que las inversiones de alto riesgo coticen a una yield del 7%. Demasiado baja.

Y ¿a cuánto asciende la factura? Hasta finales de noviembre la inversión total asciende a la nada despreciable cifra de 9.000 millones de euros. Y seguramente se verá incrementada en algunos cientos de millones habida cuenta de los procesos en marcha. El desglose del desembolso –en números grandes- es como sigue:

Servicing (o gestoras de los bancos):                1.450 millones de euros

Deuda:                                                            4.400 millones de euros

Portfolios de activos:                                       1.250 millones de euros

Activos concretos:                                           1.900 millones de euros

Las crónicas de la reunión que celebró la Asociación de Consultoras Inmobiliarias el pasado día 6 reflejan que el optimismo, casi euforia, se ha instalado en el sector.

No cabe duda de que las cosas han cambiado de un año a esta parte. El ladrillo se había atascado en los balances de las entidades financieras: cajas y bancos, con la aquiescencia del Gobierno y del Banco de España, se empeñaban desde 2008 en contener el inevitable ajuste de los activos inmobiliarios en un país que había perdido la potestad de realizar ese ajuste mediante la política monetaria –como era recurrente en los tiempos de la peseta-. Con la soga al cuello, con el país al borde del rescate total, el nuevo Gobierno aceptó –no tenía otra opción- el rescate parcial y sectorial de las cajas de ahorros. Los Decretos de De Guindos fueron el arranque de este nuevo episodio de nuestra historia económica, que concluyó con la creación del banco malo.

Como expliqué hace unos días en este artículo publicado en idealista, los inversores llevaban tiempo revoloteando por España pero no se atrevían a dar el siguiente paso: ni los activos recogían el hundimiento de nuestra economía, ni había certeza de que el país continuara dentro de la Zona Euro. Una vez despejadas ambas incógnitas la veda se ha levantado y, sin prisa pero sin pausa, la inversión extranjera comienza a fluir.

A finales del año pasado publiqué en Expansión un artículo explicando cómo el papel que desempeñara la Sareb sería fundamental para darle la vuelta a la situación. Limitarse a meter en la nevera los activos, esperando a que escampase, sería suicida: el mercado seguiría sin generar operaciones de calado, sin tener referencias de transacciones con las que estimar precios de referencia impidiendo una valoración adecuada de los inmuebles. El miedo a lo desconocido y el vértigo ante una caída de precios sin fondo mantendrían alejados a los inversores, españoles o extranjeros. Por fortuna, y a pesar de un comienzo dubitativo, el banco malo ha sido capaz de menear el mercado con suficiente volumen como para que haya calado en el sector que estamos en un punto de inflexión. Y no sólo la Sareb: también el resto de entidades financieras e incluso las administraciones públicas han asumido la desagradable pero real cara del valor de nuestros activos. Espero que también el ciudadano de a pie sea consciente de que su casa o local no equivale ni de lejos a las obscenas cantidades que circulaban en los años 2006-08. Porque la crisis no habrá hecho su necesaria purga mientras la gente siga pensando que esto de la crisis es un bache en el camino y que en un pispás los precios volverán a su sitio.

Así las cosas, el trabajo en las empresas que se dedican a consultoría inmobiliaria se ha multiplicado en los últimos meses. Socimis, FABs, valoración de inmuebles, propuestas de asset management, preparación de ofertas de compra, reuniones con inversores de todo tipo y procedencia, etc., llenan las horas de los profesionales de un sector que llevaba cinco años sumido en la depresión y el aburrimiento.

Tantos rayos de sol después de mucho tiempo de oscuridad requiere de un periodo de aclimatación de los ojos, so pena de caer en un deslumbramiento que impida ver los detalles, y conduzcan a una euforia injustificada.

En el sector terciario (oficinas, comercial, hotelero, logístico) el nivel de transacciones durante los tres primeros trimestres no justifica ningún tipo de euforia. Tan solo en oficinas cabría hablar de un aumento notable de la actividad pues, aunque hasta septiembre se ha invertido tanto como el 80% de la inversión total de 2012, es justo señalar que el año pasado una sola operación –Torre Picasso- significó la mitad de toda la inversión del ejercicio.

Del mismo modo, las cifras de ventas que se publican periódicamente sobre el sector residencial son desoladoras, batiendo records en su desplome.

¿Qué pasa, entonces? ¿Nos hemos confabulado en el sector inmobiliario, o acaso la desesperación nos lleva a ver espejismos?

La clave está en la cocina. Como decía antes, los asesores y consultores inmobiliarios están enfrascados como hacía años en el montaje de nuevas operaciones: en el backstage del sector se están cocinando inversiones y desarrollos que pronto aparecerán en los titulares de la prensa económica; de ahí el optimismo que se entrevé en sus sonrisas y declaraciones.

En mi opinión, y en contraposición al broteverdismo de 2010, la diferencia es que ahora se ha producido un ajuste muy notable –brutal en algunos mercados- de los precios de los activos. En oficinas han caído un 50%, al tiempo que las rentas también lo han hecho en un porcentaje similar. En residencial la caída media es similar, y si nos fijamos en suelo –finalista- el desplome no es menor del 70%.

Así pues, un país que ya no ofrece dudas de su continuidad en la Zona Euro, con una prima de riesgo descendente, y con un brutal ajuste de precios en todos los ámbitos, parece un objetivo idóneo para especular, en el mejor sentido de la palabra.

¿Es esto suficiente? ¿Se justifica una euforia, aun contenida? No lo creo. El Estado sigue gastando mucho más de lo que recauda, y recauda y atenaza demasiado a un sector privado que necesita una tregua para expandirse. Además, el sistema financiero requiere un mayor esfuerzo de saneamiento para recuperar la capacidad de canalizar ahorros al tejido productivo a un coste similar al de nuestro entorno. Es fundamental que los dirigentes del país profundicen en ambos capítulos, pues en otro caso de aquí a unos trimestres, una vez pasada esta fiebre inversora, la murria volverá a adueñarse de una población que ya empieza a descontar un cambio en el horizonte. La prueba del algodón es la creación de empleo, el incremento de la demanda.

Si las cosas se hacen moderadamente bien, y no aparece un cisne negro que desbarate todo, quienes sepan invertir en estos momentos adecuadamente se verán recompensados con creces.