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Diego Sánchez de la Cruz

Boyer, Aguirre y libertad de horarios

Como escribió Carlos Rodríguez Braun en su imprescindible colección de ensayos “Economía de los no economistas”, la historia de la libertad de horarios comerciales en España ha estado marcada, desde hace más de 30 años, por una continua tensión entre avances y retrocesos. Un buen ejemplo lo encontramos en el Real Decreto 3/1976, que ampliaba la jornada empresarial hasta las 70 horas semanales… pero sujetaba dicho cambio a todo tipo de procesos burocráticos.

Así, era necesario el visto bueno de alcaldes o gobernadores civiles para conseguir abrir los negocios durante más horas. Peor aún: las autoridades debían dar el visto bueno siguiendo criterios arbitrarios, subjetivos y marcadamente intervencionistas. Los fundamentos para conceder la autorización pasaban por el análisis de la “densidad de la población”, los “hábitos de compra”, la “jornada de trabajo del consumidor”, el “interés turístico”, las “costumbres locales”, etc.

El mensaje era ciertamente esquizofrénico. Las mismas autoridades que parecían apostar por la liberalización se encargaban, al mismo tiempo, de introducir más bases legales para el paternalismo regulatorio y el intervencionismo político. Además, si bien las Cámaras de Comercio se pronunciaron en contra de la reforma, no lo hicieron por considerarlas demasiado tímidas… sino porque rechazaban frontalmente cualquier impulso a la libre competencia.

Hizo falta casi una década para que el paradigma fuese actualizado, pero el Decreto Boyer de 1985 por fin ofreció una verdadera apuesta por la liberalización comercial. La medida nadaba a contracorriente en un Ejecutivo de corte socialista, pero no obstante llegó al BOE sin apenas contaminación. El artículo quinto del texto era claro y conciso: “el horario de apertura y cierre de los establecimientos comerciales de venta y distribución de mercancías o de prestación de servicios al público, así como los días y número de horas de actividad semanal de los mismos, serán de libre fijación por las empresas en todo el territorio del Estado”.

La normativa, eso sí, quedaba sujeta al desarrollo de normas autonómicas en dicho campo… y fue precisamente en el ámbito regional donde ese gran paso adelante acabó convirtiéndose en un gran paso atrás. Dicho retroceso de la libertad comercial a nivel autonómico sería codificado a nivel nacional con las reformas del Ministro Javier Gómez Navarro, quien posteriormente ocuparía el cargo de Presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio entre 2005 y 2011.

Las normas aprobadas en años siguientes han consagrado lentos y difíciles acercamientos hacia el paradigma liberal que había sentado el Decreto Boyer. El caso de mayor éxito ha sido la “Ley de Modernización del Comercio” que ha aprobado la Comunidad de Madrid y que entrará en vigor este verano. No solamente instaura la libertad de horarios, sino que reduce los procesos burocráticos y las autorizaciones necesarias para abrir un negocio.

A lo largo de la última década, la Comunidad de Madrid ya había aprobado normas menos intervencionistas que otras regiones en este campo. Así, esa mayor libertad permitió que el número de ocupados en dicho sector crecise un 34% entre 2002 y 2012, un dato muy superior al 21% registrado en el resto del país. De hecho, a lo largo de la última década, el crecimiento en el número de locales comerciales en la región madrileña ha sido del 1,6% frente al -1,8% registrado en toda España.

Por su parte, el gobierno de Mariano Rajoy prepara una limitadísima liberalización de horarios comerciales: afectaría únicamente a grandes municipios turísticos y se limitaría a determinadas “zonas turísticas” de las ciudades en cuestión.

Seguiremos esperando, por lo tanto, al verdadero impulso de liberalización que merece el comercio español. Los consumidores son cada vez más conscientes de que las normas que limitan y definen horarios comerciales son una camisa de fuerza que impide que los negocios se especialicen y aprovechen sus verdaderas ventajas competitivas. El camino de la competencia y la innovación permitirá que España renueve su tejido comercial y gane en prosperidad y bienestar.

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