Hace algunos días, la agencia de noticias Europa Press difundió entre los medios de comunicación españoles una nota que, haciéndose eco de un informe de la Tax Justice Network, afirmaba que hay “más de 26 billones de euros “ocultos” en paraísos fiscales”. Numerosos medios de comunicación mordieron el anzuelo y publicaron la información sin más, alcanzando una notable repercusión en redes sociales como Twitter.
Por desgracia, el texto publicado dista mucho de ser fiable, aunque ningún medio de comunicación de nuestro país así lo haya subrayado. El estudio de TJN asume que la práctica totalidad del dinero depositado en dichas jurisdicciones ha llegado vía “evasión fiscal”, de ahí la naturaleza desorbitante de las cifras mencionadas. Sin embargo, asumir esta interpretación obvia un “pequeño detalle”: enviar dinero a dichas demarcaciones es perfectamente legal una vez se ha cumplido con el fisco a nivel doméstico. Así, quienes autorizan este tipo de operaciones cumplen antes con una abultada maraña de imposiciones tributarias que gravan sus ahorros de forma especialmente elevada.
Una trampa demagógica muy similar a la de estas informaciones está siendo empleada en Estados Unidos para hundir la imagen del candidato republicano a la presidencia, Mitt Romney. Los demócratas llevan semanas inmersos en una campaña de acoso y derribo contra el ex gobernador de Massachusetts, dibujado como un antipatriota por proteger parte de sus millonarios ahorros en jurisdicciones como las Islas Caimán. De nuevo, no hay ni un ápice de ilegalidad en dichas operaciones. Importantísimas figuras del Partido Demócrata como John Kerry o Bill Clinton se han beneficiado de operaciones financieras similares, al igual que muchos de los más acaudalados donantes de la campaña a la reelección de Barack Obama. Sin embargo, parece que este asunto solamente cobra relevancia informativa cuando hablamos de un capitalista malvado como Romney…
Lamentablemente, quienes promueven todo tipo de persecuciones contra los “paraísos fiscales” no parecen ser conscientes de que, gracias a la competencia tributaria internacional, este tipo de jurisdicciones actúa como un límite a las subidas de impuestos que pueden aprobar países en los que el Estado tiene un papel mucho mayor en la economía. Por esta razón, ni siquiera hace falta tener nuestros ahorros en dichas demarcaciones para beneficiarse del impacto internacional que tienen sus atractivos modelos tributarios.
Adicionalmente, es importante recordar que buena parte de la inversión internacional que llega a los países de la OCDE pasa antes por este tipo de demarcaciones fiscales. Hablamos, por lo tanto, de un mecanismo fundamental para canalizar flujos de capitales que generan inversión y prosperidad en nuestros países.
Por último, conviene subrayar que el propio término empleado para hablar de estos departamentos es una traducción incorrecta. Así, aunque en nuestro idioma hablemos de “paraísos fiscales”, el término original (“tax haven”) se traduce literalmente como “refugios fiscales”. Sin embargo, esta confusión interesada no deja de tener gracia: al fin y al cabo, quienes se empeñan en hablar de “paraísos fiscales” reconocen implícitamente que lo que ellos proponen son “infiernos fiscales”.
Consulten mi trilogía de artículos “En defensa de los paraísos fiscales” haciendo click aquí, aquí y aquí.