Entre 2004 y 2009, el partido conservador Nueva Democracia disparó el gasto público del 42% al 51% del PIB, ocultó sistemáticamente el estado real de las cuentas públicas y aumentó la plantilla de empleados públicos en más de 100.000 personas. Su triunfo en las elecciones celebradas ayer en Grecia legitima el regreso al poder de una formación política que ha tenido mucho que ver con la actual crisis económica que atraviesa el país heleno.
Las cosas podrían haber ido aún peor, ya que el segundo partido más votado ha sido la formación de izquierda radical Syriza, cuyo programa político hubiese conseguido hundir más aún a Grecia en la ruina total y absoluta. Sin embargo, cuando los dos partidos más votados del país se caracterizan por una preocupante alegría a la hora de limitar la libertad económica y expandir el poder estatal, queda claro que en Grecia se ha consolidado desde hace mucho tiempo un modelo insostenible.
No es de extrañar que así sea. En 1821, cuando Grecia se libera del Imperio Otomano, su nueva élite política estuvo formada por la “tzakia”, la vieja guardia que había hecho fortuna a través de privilegios y favores. En las décadas siguientes, el país no experimentó ningún avance importante en los campos de la industrialización o el comercio, pero sus clases dirigentes sí se las arreglaron para aumentar el gasto público de manera sistemática. Llegado 1866, el Estado ya manejaba el 31% de la renta nacional. Podemos comparar esta cifra con otros países como Gran Bretaña o Bélgica, donde dicho nivel estaba en el 12% y el 6% respectivamente.
El paso del tiempo fue consolidando la cultura del “rousfeti”, basada en la búsqueda de privilegios y subsidios estatales. En vez de desarrollar una economía productiva, Grecia consolidó un modelo en el que todo pasa por la maquinaria estatal. Esto lo podemos apreciar echando un vistazo al elevado número de funcionarios que hay en el país: en 2011, más del 27% de la población activa (es decir, 1.2 millones de personas) estaba empleado directamente por el Estado. Sin embargo, los tentáculos del Leviatán heleno van mucho más allá, y alcanzan todos los rincones de la economía nacional.
Así, es habitual que los políticos griegos impongan todo tipo de transacciones forzosas que distorsionan por completo el funcionamiento del mercado. ¿Quieren ejemplos? Para empezar un negocio hay que entregar el 1% del capital de entrada al fondo de pensiones de los abogados del país; para hacer publicidad, hay que destinar el 20% del presupuesto programado al fondo de pensiones de los periodistas helenos… Más del 30% del PIB griego está relacionado con este tipo de operaciones forzosas impuestas por el Estado para beneficiar a grupos de interés que llevan décadas viviendo de la sopa boba gracias a sus privilegios.
El economista Yannis Sournaras ha estimado que si Grecia acabase con las restricciones a la competencia y las transacciones impuestas, el PIB del país podría aumentar en un 13.2%. Sin embargo, renunciar al “rousfeti” no parece estar en los planes de las formaciones políticas helenas, siempre amigas de despreciar el capitalismo y profundizar, año tras año, una paulatina decadencia que solamente se traduce en pobreza, crisis y decepción.
Grecia es hoy un país en el que el coste de la burocracia es cuatro veces más alto que en toda la OCDE (20% vs 5%). Los datos del Banco Mundial sitúan al país griego como uno de los países europeos con menos facilidad para hacer negocios, ocupando el puesto 100 entre 183 economías estudiadas. Peor aún es la situación de la libertad económica en el país, que el estudio anual del Wall Street Journal y la Fundación Heritage sitúa en el puesto 119, a la altura de países como Yemen o Pakistán. A todo esto le unimos, además, la cultura de corrupción que ha alimentado este paradigma de estatismo desmedido: se conoce como “fakelaki” al recurrente hábito de entregar sobornos a cambio de un trato preferente en todo tipo de instituciones públicas, desde los hospitales a los trámites administrativos.
Y, por si todo lo anterior no fuese suficiente, les dejo con un dato escalofriante: en los últimos 35 años, Grecia ha aprobado más de 100.000 nuevas leyes y regulaciones, a razón de más de 2.800 cada año. Hablamos, en definitiva, de un modelo insostenible que difícilmente cambiará de rumbo en el futuro si no se abordan verdaderas reformas basadas en la apertura, la liberalización y la competitividad económica.
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