La vivienda centró la sesión de control de la Asamblea de este jueves. Todos los grupos de la oposición, desde Vox a Más Madrid, realizaron preguntas a Isabel Díaz Ayuso relacionadas con esta materia. La presidenta aprovechó sus turnos de réplica para lanzar algunos anuncios.
Uno de ellos tiene que ver con las oficinas vacías de la Comunidad de Madrid. El Gobierno autonómico prepara una nueva ley para que los edificios de oficinas, que supondrían casi dos millones de metros cuadrados de la región, puedan transformarse en vivienda asequible.
Con el objetivo de ampliar el parque residencial, el Gobierno regional ha presentado un plan para convertir edificios de oficinas infrautilizados en viviendas para destinarlas a alquiler asequible, explican a Libertad Digital fuentes de la consejería que dirige Jorge Rodrigo, que remiten al informe The Office Property Telescope de la consultora EY. En él se estima que se podrían sacar al mercado hasta 20.000 pisos en dos años, lo que equivaldría a 1,8 millones de metros cuadrados disponibles. El cambio de modelo al teletrabajo es uno de los factores clave que permitiría este cambio, según apunta este estudio.
Las zonas con mayor capacidad se ubican fundamentalmente en la zona norte, en el exterior de la M-30, en el entorno de las autovías A-6, A-2 y A-1. "Este problema crónico", de un "importantísimo" stock de viviendas vacías, también ocurre, por ejemplo, en puntos como El Prat, en Barcelona. "¿Es hora de pensar en la reconversión de estos edificios de oficinas en otros usos? En Estados Unidos ya lo están haciendo", señala el informe.
"La Comunidad de Madrid va a facilitar y agilizar los trámites para el cambio de uso del suelo y de edificios obsoletos, siempre que las viviendas estén disponibles en alquiler a precios asequibles", agregan fuentes de la consejería.
Agilización de los trámites
No fue el único anuncio realizado por Ayuso en materia de vivienda. La presidenta también informó de que están trabajando en la eliminación de los planes especiales de infraestructuras para agilizar nuevos proyectos de vivienda pública, "lo que supone un adelanto de ocho meses", explicó. "Por tanto, hacemos toda la oferta posible y liberamos el suelo posible dentro de las limitaciones que tenemos".
"Lo que proponemos es que cuando se promuevan viviendas de protección pública, en suelos de redes públicas, no sea necesario realizar ese trámite de aprobación de un plan especial en un suelo que ya está desarrollado y que duplicaría los trámites, permitiendo con ello reducir en unos 8 meses su tramitación, pero quedando garantizada su seguridad jurídica. Con ello se agilizaría la construcción de este tipo de viviendas que son las más necesarias", ahondan desde la consejería. "Primero es la modificación de la ley del suelo y, después, en lugar de tramitar un plan especial, lo que se hace es presentar un proyecto para obra y se revisa por los ayuntamientos para la licencia". Por tanto, "no es necesario" consensuar nada antes con los consistorios, argumentan.
La presidenta madrileña recordó también este jueves en la Asamblea que "lo que más nos está afectando ahora mismo es la normativa estatal, una elevada inflación, los tipos de interés más elevados, la creciente inseguridad jurídica, que no promueve la Comunidad de Madrid ni de lejos". Asimismo, "hemos modificado nosotros la ley del suelo en una región donde el 50% es protegido y hemos impulsado una importante liberalización del mismo: desgravaciones fiscales por la compra o por alquiler de viviendas, bonificación y transmisiones y actos públicos documentados para menores de 35 años en los municipios más pequeños, hemos actualizado el precio de los módulos de la vivienda de protección pública con nuevos planes de alquiler", enumeró.
Estos anuncios coinciden también con la pugna entre el PP y el PSOE por liderar las políticas en materia de vivienda. El plena campaña de las elecciones vascas, el Gobierno de Pedro Sánchez ha recuperado este asunto. No es la primera vez que ocurre: ya sucedió durante las pasadas elecciones autonómicas cuando Pedro Sánchez se puso a prometer decenas de hogares en régimen de alquiler social. Esa promesa quedó en el olvido y ahora, más allá de la eliminación de las golden visa, no hay anuncios concretos por parte del Ejecutivo central. Sí ataques a las comunidades autónomas, como Madrid, que se niegan a declarar zonas tensionadas.