Aprobadas importantes modificaciones en la directiva sobre OPAs

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado en Estrasburgo, un conjunto de enmiendas que suponen cambios importantes en la futura directiva sobre las Ofertas Públicas de Acciones. Las modificaciones más significativas se refieren a las denominadas medidas de defensa que puede adoptar una compañía ante el lanzamiento de una OPA hostil contra ella.

Estas medidas han sido duramente criticadas por el comisario europeo de Mercado Interior, Frits Bolkestein, a pesar de que su intención es que las empresas europeas tengan "al menos, las mismas posibilidades de defensa que las americanas para evitar que a éstas les resulte más fácil adquirir empresas europeas", señala un comunicado del PE. El principio de acuerdo adoptado por el Consejo de ministros sobre la propuesta de directiva que regulará las OPA establece una serie de condiciones de obligado cumplimiento para las sociedades que sean objeto de una Oferta de este tipo, con el fin de garantizar la protección de sus accionistas.

El Parlamento ha acordado dar otras alternativas a los órganos de administración de las empresas afectadas, entre las que destaca la que estipula que, de acuerdo con las distintas legislaciones nacionales, no están obligados a consultar a los accionistas antes de adoptar ciertas medidas de defensa. Además, la sociedad objeto de una OPA no podrá, mientras dure la validez de la oferta, adoptar medidas defensivas como la emisión de acciones para impedir de forma duradera la adquisición del control de la misma, salvo que antes haya recibido la autorización previa de la junta de accionistas.

La enmienda introducida en este punto por el PE deja en manos de las autoridades nacionales de control la facultad de admitir o no otras medidas de defensa distintas a las emisiones de acciones y establece que dichas autoridades no podrán prohibir las medidas que hayan obtenido el visto bueno de la junta de accionistas. El comisario Bolkestein se mostró "profundamente en desacuerdo" con todos los cambios que afectan al "principio crucial" de la propuesta sobre la necesidad de que la empresa consulte a los accionistas, de forma que se refuerzan los propios intereses de la compañía en detrimento de los del conjunto de los accionistas.