Los grupos de interés beneficiados por el intervencionismo estatal reaccionan ante el peligro de perder sus privilegios particulares. Se sienten amenazados por la posibilidad de un cambio y actúan para defender sus conquistas. Uno de los grupos de presión mejor organizados es el de los farmacéuticos, encabezado por Pedro Capilla Martínez, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.
Capilla afirma que "En España no existe un monopolio sobre las oficinas de farmacia; lo que existe es un modelo planificado y regulado por el Estado en beneficio del ciudadano. El farmacéutico no puede abrir donde quiere, sino donde es necesario; no fija los precios". Por esto las oficinas de farmacia "no se pueden liberalizar sin perjudicar al ciudadano". Toda la economía (por llamarlo de alguna manera) soviética también era un modelo planificado y regulado por el Estado, presuntamente en beneficio del ciudadano. Así les iba. Y así les va a los habitantes de Cuba y Corea del Norte. Pero ¿quién es tan perverso que puede dudar de la benevolencia y la capacidad de los gobernantes y los farmacéuticos? ¡No puede ser que los políticos defiendan los intereses de los grupos particulares que los apoyan!
El sector de las oficinas de farmacia es un claro monopolio nocivo en el cual se impide o se dificulta la competencia y el acceso de nuevos actores al mercado mediante la coacción estatal. La fijación de precios de los medicamentos evita que los farmacéuticos tengan que competir entre ellos para atraer clientes con precios más bajos, consiguiendo así grandes márgenes de beneficio. Prueba de que defienden suculentos intereses económicos está en las cantidades millonarias que se abonan por el traspaso de una farmacia, y en la gran cantidad de licenciados dispuestos a abrir una en cuanto les concedan una licencia. La liberalización del sector transferiría a los consumidores buena parte de la riqueza que ahora se embolsan cómodamente los propietarios de las farmacias.
Si Capilla fuera coherente reclamaría la estatización completa del sector, con funcionarios dispensadores de medicamentos con sueldos garantizados pero modestos. Pero no se puede esperar mucha lógica de quien afirma que el medicamento "no es un producto de consumo, sino un instrumento de salud", algo equivalente a afirmar que un gato no es un animal, sino un felino. Con muy poco rigor pretende que la "concentración excesiva de farmacias en ciertas zonas puede hacer que volvamos a la España de los años sesenta, donde había farmacias, pero no medicamentos". Según Capilla y la OMS (esa organización de burócratas amantes del colectivismo sanitario) "el servicio farmacéutico español es uno de los mejores del mundo", mejor no cambiarlo, mejor "potenciar la farmacia como establecimiento sanitario". Y todavía se pregunta que "por qué no afrontamos los problemas sin demagogias".
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