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Francisco Capella

El riesgo de la deuda pública

Los gobernantes no tienen un control absoluto sobre gastos e ingresos. Según qué decisiones tomen, tanto legislativas como ejecutivas, pueden conservar el poder o perderlo, y en este caso ya no controlan nada

A menudo se asume que la deuda pública está libre de riesgos, porque los Estados como soberanos pueden recaudar de forma coactiva todo lo que haga falta para pagarla. Pero históricamente los Estados han incumplido sus deberes de pago a sus acreedores con relativa frecuencia, y las diferencias entre los tipos de interés de las deudas de los diversos países reflejan primas de riesgo distintas y no nulas. Durante las crisis económicas esto resulta obvio, pero suele olvidarse en los periodos de bonanza.

Una deuda privada suele implicar diversas garantías como avales o colateral cuya propiedad se transfiere en caso de impago: los Estados rara vez se avalan unos a otros y prácticamente nunca ofrecen algún activo con el cual compensar a sus acreedores en caso de morosidad.
 
Toda deuda es consecuencia de un déficit previo: los gastos han sido mayores que los ingresos. Reducir la deuda (o al menos su crecimiento) implica incrementar ingresos o minorar gastos lo suficiente (o ambas cosas). Es posible obtener ingresos endeudándose más, pero eso implica incrementar la deuda y mayores gastos comprometidos para el futuro. Además el coste de endeudarse suele crecer con el tamaño de la deuda.
 
Los gobernantes no tienen un control absoluto sobre gastos e ingresos. Según qué decisiones tomen, tanto legislativas como ejecutivas, pueden conservan el poder o perderlo, y en este caso ya no controlan nada. También pueden existir restricciones legales difíciles de modificar que limiten su capacidad de actuar de forma discrecional.
 
Los Estados no deciden unilateralmente sus ingresos fiscales: pueden determinar legalmente los tipos impositivos y decidir qué se grava (rentas, patrimonio), pero por lo general lo recaudado depende de la acción de los agentes económicos. Estos seguramente intentarán evitar la confiscación de su riqueza mediante múltiples estrategias: abandonando el país o sacando de él sus bienes o su actividad (evitando el alcance de la soberanía estatal), reduciendo sus intercambios (trabajar menos, descansar más, consumir menos, producir para uno mismo), cambiando a actividades de menor carga fiscal, o recurriendo al fraude fiscal y la economía sumergida.
 
Además aunque los agentes económicos quieran mantener un alto nivel de actividad, tal vez no puedan: la estructura de producción puede estar tan descoordinada que sean necesarias correcciones que llevan tiempo, y mientras tanto no se pueden aprovechar de forma óptima los recursos disponibles (tanto trabajadores como bienes de capital). Las rigideces legislativas pueden dificultar estos ajustes: las reformas estructurales pueden facilitarlos, pero se enfrentan a grupos de interés organizados que se benefician de las leyes existentes.
 
Los Estados pueden también obtener ingresos de las actividades de entes públicos (que por lo general suelen recibir subvenciones más que generar recursos), o de la venta de activos (empresas o patrimonio público), pero eso implica una difícil renuncia al control de los mismos; y si la venta se realiza en tiempo de crisis los ingresos suelen ser escasos.
 
Los gastos públicos son más fáciles de controlar a la baja, pero son impopulares entre los sectores más colectivistas de la población (empresas y trabajadores que dependen del Estado). Además está muy extendida la falacia de que el gasto público puede estimular una economía deprimida y corregir los presuntos errores y tendencias desestabilizadoras del mercado. En realidad el sector público, por problemas de información e incentivos, tiende a ser ineficiente, cuando no derrochador o incluso corrupto, y es el causante de las descoordinaciones y el ciclo económico.
 
Algunos estados pueden producir dinero a través de sus bancos centrales y utilizarlo para los pagos de la deuda, pero esto en realidad es un impago encubierto, ya que el dinero va perdiendo poder adquisitivo de forma progresiva (deja de ser dinero con valor estable y podría incluso llegar a ser repudiado). Además los acreedores precavidos tienen en cuenta este mecanismo inflacionario para ajustar los tipos de interés que piden al prestar al estado.

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