Los directivos y profesionales de la televisión pública son niños mimados de los gobernantes. En un mundo en el cual la mayoría de la población no lee y es incapaz de hacer un análisis crítico y racional de la información que recibe, para los políticos es crucial el control de los mensajes y las imágenes transmitidas por los medios de comunicación de masas. A ambos bandos, políticos y comunicadores al servicio del Estado, les conviene llevarse bien, y es muy fácil porque pueden hacerlo a costa de los contribuyentes.
Así como en otros sectores de la economía abundan las privatizaciones, las televisiones públicas son intocables y cada vez más ambiciosas y exigentes: son un poder formidable que nadie parece dispuesto a perder. A cargo de los Presupuestos del Estado (o de la Autonomía, o del Municipio) se gasta o se legisla lo que haga falta para conseguir el favor de la audiencia. Las televisiones públicas con financiación política pueden permitirse el lujo de dañar a la competencia privada reduciendo drásticamente el precio de la publicidad, aunque ello les suponga pérdidas seguras. También pueden pagar más que el mercado por las transmisiones más populares. La deuda de RTVE es gigantesca (cerca de 700.000 millones de agujero) y sigue creciendo, pero a los políticos no les importa, ya que no piensan pagarla de sus bolsillos. Más bien planean pagarla de los nuestros.
El director general de RTVE, Javier González Ferrari, ha pedido recientemente para las televisiones públicas una financiación estable: es decir, no depender de los deseos de anunciantes y consumidores, y poder meter la mano de forma sistemática en la cartera de todos los ciudadanos, les interese o no la televisión pública. También ha pedido los derechos deportivos de las competiciones con más tirón de audiencia, entre ellas el fútbol. "No sería bueno que se repitiera, como ha ocurrido en nuestro país, que un Mundial o un torneo europeo estuviera simplemente en manos de una televisión privada y, además, de pago", ha dicho. Ferrari también ha afirmado que las televisiones públicas no pueden perder los derechos de emisión de eventos como la Eurocopa en Portugal o los Juegos Olímpicos de Atenas.
O sea, que no es adecuado que el sector privado gestione recursos: estos deben quedar en manos de bienintencionados tecnócratas con espíritu paternalista que nos digan lo que es bueno y es malo, lo que puede y no puede pasar. La falacia colectivista se extiende a ciudadanos indignados que protestan porque no pueden contemplar en abierto sus espectáculos favoritos; afirman que ellos prefieren pagar entre todos para que todos puedan verlo. Olvidan que tal vez haya gente a quienes este acuerdo tribal no les guste. Y quizás haya promotores de espectáculos que prefieran negociar los derechos de transmisión con empresas privadas honradas que deben conseguir recursos de forma legítima sirviendo de forma competitiva los intereses de sus clientes.
Los directivos del Ente todavía tienen la desvergüenza de pretender que todo lo hacen por sus compromisos de servicio público. Tal vez la BBC sí, pero no Televisión Espantosa.
En Libre Mercado
0
comentarios
Servicios
- Radarbot
- Libro