Todos los países miembros de la Unión Monetaria tienen la obligación de presentar a la Comisión Europea un denominado “plan de estabilidad” para el periodo 2001-2005, en el que se expliciten los objetivos presupuestarios y de reformas estructurales para ese período, con el fin de asegurar que el área euro funcionará sin tensiones derivadas de excesivos déficit presupuestarios, de mercados protegidos o de impedimentos a la mejora en la competitividad.
El pasado año el Gobierno presentó su primer plan. Ahora acaba de revisarlo, para tener en cuenta la desaceleración de la economía internacional. El documento es de una calidad excepcional en todo lo referente a la situación fiscal española, exponiendo las razones teóricas y doctrinales que animan al Gobierno a mantener el equilibrio fiscal, con un rechazo explícito a las viejas teorías keynesianas de tratar de utilizar el déficit presupuestario para compensar la caída cíclica de la actividad económica.
La exposición teórica es todavía más de agradecer, porque contrasta con la fácil demagogia de permitir el déficit público más allá del funcionamiento de los estabilizadores automáticos en los ingresos y gastos públicos que resultan de las modificaciones en la actividad económica.
Tres datos son especialmente relevantes para exponer cuál es la situación fiscal en España. En primer lugar, el equilibrio fiscal se alcanzará por primera vez desde los años sesenta en 2001, aunque se logre por una combinación de resultados no previstos, como el superávit del 0,5% del PIB de la Seguridad Social, frente al 0,3% de previsión y del déficit del 0,5% de la Administración central frente al 0,3% del PIB previsto. En segundo lugar, el gasto público bajará en el presente ejercicio del 40% del PIB hasta situarse en el 39,3%, la cifra más baja de la Unión Europea junto con el Reino Unido e Irlanda. Este es un logro inconmensurable, pues se consigue reduciendo progresivamente el peso del sector público en la economía, que llegó al 49,5% del PIB en 1993. En tercer lugar, el endeudamiento público bajará hasta el 57,5% del PIB en 2001, frente a un porcentaje del 68% en 1997. Las proyecciones presupuestarias hasta 2005 mantienen el equilibrio, con un ahorro bruto público que va subiendo desde el 3,9% del PIB de 2001 hasta el 4,6% de 2005, y que sirve para financiar los planes de inversión pública en infraestructuras. Es claramente perceptible un agotamiento del impulso de reducción del gasto público, que sigue bajando, pero sólo hasta el 38,9% en 2005.
No parece razonable pedir más al Gobierno en este momento, máxime cuando ha incorporado a sus previsiones de crecimiento dos nuevos escenarios. El central pasa a ser el de crecer un 2,4% el próximo año, aunque el escenario pesimista reduce el crecimiento hasta el 1,8% y el máximo llega al 2,9%. El Ejecutivo reconoce que en el peor de los escenarios se producirá un déficit público del 0,3% del PIB, a pesar de la subida de impuestos de los carburantes, cervezas, alcoholes y tabacos. En los tres escenarios el Gobierno mantiene la promesa de volver a reducir el IRPF para el ejercicio 2003.
Al igual que la parte fiscal del documento es magnífica, la que tiene que ver con el comportamiento de los mercados de bienes y servicios y con las reformas estructurales, es claramente ilustrativa de la falta de impulso del Gobierno. El documento aprovecha para pasar revista a las reformas realizadas, que nuevamente son mayores de lo que parece, pero no hay ideas de futuro. En este campo el agotamiento es total, en particular en lo que hace referencia al mercado de trabajo y a la Seguridad Social a largo plazo, tanto desde el punto de vista de los ingresos como de los gastos.
Habría sido interesante poder profundizar más en las proyecciones de ingresos y gastos públicos para el futuro, pero el documento no da más de sí. Es, en este sentido, una declaración de principios más que un conjunto de seguridades, sobre todo porque en los cuadros macroeconómicos, en los tres escenarios previstos, la economía se recupera en 2003 y años sucesivos y crece entre el 2,6%, en el peor de los casos, y el 3,2% en el mejor. Unas previsiones sin ningún tipo de apoyo, pues hoy por hoy nadie es capaz de anticipar cuál será la evolución económica mundial en los próximos seis meses y porque no se prevé que la economía pueda mantener crecimientos en torno al 2%, o inferiores, hasta 2005. No obstante, el objetivo del plan no es identificar todos los escenarios previsibles, sino convencer a la Comisión europea de que se respetan los principios fiscales que aseguran la estabilidad de la moneda única.
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