Tras dudar, durante años, entre el peso y el dólar, Argentina tiene, ahora, además, una pléyade de nuevas monedas: lecops, patacones de distintas emisiones, Bonos Ley 4748, quebrachos, lecores, cecaores, federales, bocanfores, bonos serie A y B, bocades, boses, independencias, serie I y II, emitidos por diferentes provincias y se anuncian mayores emisiones de las distintas monedas ya mencionadas más otras nuevas: porteños, petromes, huarpes y bocades.
No creo que exista una prueba mayor de la descomposición del país que esta proliferación de monedas, superior a la que produjo el cantonalismo en España al final de la primera república, y que terminó en un golpe de estado que fue militar y no civil, porque Pavía se adelantó a Cánovas. Desgraciadamente para Argentina, sus militares están tratando de explicar cómo el último golpe, hecho contra el terrorismo, se transformó en el secuestro de niños, el robo de bienes privados, la eliminación, sin juicio, de terroristas y no terroristas y una derrota militar sin paliativos. Y no se vislumbran civiles con una trayectoria que merezca la confianza de la mayoría de la población.
En cualquier caso, la causa última de la proliferación de monedas es la cuasi-independencia de las provincias, que no acatan que el poder de imprimir moneda pertenezca sólo al gobierno central y la incapacidad de este último para controlar el gasto de las provincias. Incapaz, incluso, de imprimir un número suficiente de pesos nacionales para atender las necesidades lógicas de la economía argentina tras la flotación de la moneda. La escasez de moneda nacional no se deriva de un planteamiento de política económica, la razón última es mucho peor: el gobierno de Duhalde, ante el temor de que la población les acuse de propiciar una nueva hiperinflación no imprime los pesos necesarios, pero no hace nada para eliminar de la circulación las masivas emisiones provinciales --que ya ascienden a más de 5.000 millones de pesos, y se cree que se emitirán otros 4.000 millones más en los próximos meses--, frente a 12.000 millones de pesos nacionales en circulación en estos momentos.
No es de extrañar que, en estas circunstancias, –que han obligado a abrir más de 8.000 mercados de trueque–, los argentinos se decanten masivamente por dolarizar la economía, sean cuales fueren sus inconvenientes teóricos y prácticos. Aunque la dolarización sería mejor que el anterior sistema de caja de conversión –de dos monedas en definitiva–, adoptar el dólar como única moneda no evitará el actual problema de emisión incontrolada de nuevas monedas, que volverá a reproducirse si no se modifica la Constitución y se limitan los poderes provinciales –e incluso el propio poder del gobierno central–, porque incluso con el dólar como moneda única, si una provincia se encuentra en un momento determinado sin fondos volverá a emitir moneda provincial y los pensionistas, los funcionarios y los proveedores se verán obligados a aceptarla, –aunque sea a descuento–, y después tendrán que utilizarla el resto de las empresas y el conjunto de la población de la provincia.
En este contexto se entiende mejor la insistencia del FMI de limitar las transferencias fiscales del estado central a las provincias y que se prohíban y amorticen las monedas provinciales existentes. Pero parece evidente que el FMI se queda corto. El problema es constitucional. Y, en cualquier caso, aunque se modifique la Constitución –algo que los gobernadores peronistas no están dispuestos a hacer–, nada impedirá un salto atrás, una vez conseguida una nueva ayuda del FMI, si los actuales gobernantes peronistas y radicales se mantienen en el poder.
El abandono de la convertibilidad y del tipo de cambio fijo con el dólar podría haber conseguido los objetivos de incentivar la economía y liberalizar la fijación de precios, sin demasiados problemas, si Duhalde hubiera tenido un mínimo sentido patriótico y su gobierno hubiera sido mínimamente competente –aunque es evidente que su auténtico gobierno es el que componen los gobernadores peronistas.
Una vez decidido el fin de la convertibilidad se ha dejado flotar el peso frente al dólar, pero el banco central ha intervenido, derrochando las pocas divisas que le quedan, cada vez que el tipo de cambio ha aumentado por encima de tres pesos por dólar. En el interim entre Remes Lenicov y Lavagna se anunció que se iba a volver a la paridad fija –una aberración. Afortunadamente, la primera decisión de Lavagna ha sido volver a la flotación. Es evidente –al menos para mí– que si se quiere que la moneda nacional vuelva a ser exclusivamente el peso, sería necesario eliminar el carácter legal liberatorio de los dólares y del resto de las monedas provinciales, emitir pesos en cantidad suficiente –aunque eso signifique inicialmente una fortísima inflación, que no tiene por qué desembocar en hiperinflación– y establecer, durante un plazo determinado, un control de cambios en todo el país, que obligue a los exportadores a entregar todas las divisas que consigan con sus ventas, obligación que se extendería a todos los que de una forma u otra entren en posesión de divisas extranjeras. Por supuesto que permitiendo que el mercado fije libremente el tipo de cambio entre el peso y cualquier moneda extranjera.
Este programa, en estos momentos, me parece de imposible cumplimiento. La descomposición del estado argentino hace dificilísimo ponerlo en vigor. La desconfianza en la moneda nacional y la evidencia de que sólo el dólar es fiable, conducirían a una continua evasión de capitales, imposible de evitar porque para que un sistema de control de cambios funcione correctamente es imprescindible un control razonable de la corrupción.
En este sentido, creo necesario cambiar mi opinión y apoyar a los que solicitan la total dolarización de la economía. Previamente sería necesario anunciarlo, dejar flotar el peso un tiempo suficiente, eliminar las monedas provinciales y poner fin a la congelación de los depósitos bancarios, el corralito. La dolarización en sí no es una buena solución a largo plazo, pero es mucho mejor que la radical desconfianza que tienen todos los argentinos en cualquier moneda nacional, y que se va a mantener durante muchos años. La dolarización no evitará la salida de moneda del país, porque nadie sensato volverá a creer que sus depósitos en dólares en cualquier banco no pueden volver a ser convertidos en moneda nacional al tipo de cambio caprichoso que se le ocurra al gobernante de turno. Tampoco facilitará la inversión en nuevas empresas, porque el acto de invertir lleva implícita una declaración de confianza en las instituciones del país, que no se recuperará sin un cambio constitucional y de clase política. Pero servirá para eliminar el trueque y permitir que los precios de los bienes y servicios se fijen en el mercado y terminen por ser una referencia para saber dónde invertir en un futuro, por muy lejano que sea.
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