A fines de la década de los 80, los llamados "servicios públicos" argentinos no ofrecían un verdadero "servicio", mientras que de "público" solamente tenían el hecho de pertenecer al estado. Cortes de luz, cancelación de trenes, correspondencia perdida, meses para reparar un teléfono y años para obtener uno nuevo era la norma en empresas estatales ineficientes que funcionaban como cuevas de privilegios, corrupción y desempleo disfrazado.
Luego se privatizaron. Muchos no estuvimos de acuerdo con la forma en se instrumentaron las privatizaciones: poca competencia y mucho monopolio, discrecionalidad en algunas concesiones e incluso poca transparencia. Esto resultó en servicios que mejoraron de calidad, pero se dispararon sus precios. En los pocos casos en que se abrió la competencia, los resultados fueron notables.
Si algo merecen las empresas privatizadas es que los consumidores las castiguen o las premien mediante su libertad de cambiar de proveedor; es decir, que estén sujetas a la competencia. Pero nada de eso sucede actualmente en la Argentina. Ahora son los políticos quienes lo han tomado en sus manos y su única intención es la de castigar.
Por ejemplo, muchas de las empresas de servicios hicieron grandes inversiones para modernizar estructuras obsoletas. Para ello se endeudaron en dólares, con la garantía del régimen de convertibilidad y aplicaron tarifas también sujetas al dólar. Sin embargo, el gobierno argentino decidió devaluar; hoy el peso ha perdido 70% de su valor y las empresas privatizadas se encuentran con tarifas fijas en pesos devaluados, mientras confrontan deudas en dólares. Resultado: cesación de pagos.
Ya esto indica que en el futuro las empresas existentes no harán nuevas inversiones, por lo que poco a poco sufriremos de nuevo los cortes de luz, los teléfonos que no se arreglan y los trenes que no funcionan. Incluso puede pasar que alguna empresa decida irse y devolver esos bienes al estado argentino.
Y como para fomentar que eso suceda pronto, algo que celebrarían muchos políticos, el Congreso aprobó una ley que prohíbe el corte del servicio cuando éste es indispensable para el funcionamiento de los establecimientos públicos de carácter asistencial, sanitario u hospitalario, de las escuelas, colegios e instituciones educacionales públicas y de las fuerzas armadas y de seguridad. Como el servicio tiene que seguir prestándose, alguien va a tener que pagarlo, pues con ese incentivo a la morosidad gubernamental, nadie pone en duda lo que pasará.
Las empresas terminarán sacando lo que puedan de sus inversiones en la Argentina, tratando de cubrir sus pérdidas reduciendo la calidad del servicio ofrecido. Pero ese no es el fin de la tragedia. El Congreso piensa que esto no es suficiente y ya ha logrado que se adelante en la Cámara de Diputados otro proyecto que declara "en emergencia" a los usuarios de los servicios públicos, aunque habría que aclararles que se trata de una emergencia que ellos mismos han creado. En caso de que a un usuario le corten el servicio por falta de pago, deberá ser rehabilitado sin cargo alguno dentro de los diez días de entrada en vigencia de la ley. Las deudas deberán ser refinanciadas sin multas y a bajas tasas de interés. Es decir, si usted no paga lo que debe, se merece un premio.
El legislador, como se ve, siempre está del lado del "pueblo". Después de todo, ¿cuántos votos aporta una empresa privatizada? Bueno, votos no, pero tienden a aportar fondos que se necesitan en las campañas electorales. Y eso no se les puede pedir a los usuarios, por lo que llegará el momento en que los mismos políticos querrán balancear ese perjuicio otorgando algún tipo de subsidio o ayuda.
Este nefasto proceso fomenta la corrupción, al dejar en manos de los políticos la asignación de premios y castigos. Es algo que debería estar en manos del mercado; es decir, de la gente, si tan sólo la dejaran elegir.
Martín Krause es profesor de Economía y corresponsal de la agencia AIPE en Buenos Aires.
© AIPE
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