Durante más de dos años, autoridades y especialistas en Bolsas europeas han sostenido que el caso Enron no podía ocurrir en nuestro continente, dada la regulación legal y el control que existe sobre las Bolsas en este lado del Atlántico. La quiebra de Parmalat les ha colocado en su lugar.
Por lo que se sabe, el fraude se ha cometido con medios muy sencillos: control de la correspondencia de los auditores, recibos bancarios falsificados con un scanner y una fotocopiadora y cambios de domicilio social, para no tener que cambiar de auditor, como exige la ley italiana, con lo cual era más sencillo engañar al auditor tradicional, que continuaba haciendo su trabajo con la despreocupación nacida de la confianza ganada con una documentación uniforme e históricamente falsa. Si las cifras de la falsificación del balance se confirman, estamos hablando de más de 10.000 millones de euros de activos inexistentes, compensados con la misma cantidad de créditos bancarios, obligación y fondos propios perdidos por todos los que han confiado en la empresa.
La reacción del gobierno italiano ha sido muy de “vieja Europa”. Ha aprobado medidas legales para evitar la desaparición de la empresa, siguiendo los pasos de la actuación francesa en los casos de France Telecom y Alstom. El comisario europeo de competencia ha advertido que vigilará que no se concedan a la empresa subvenciones o créditos públicos, pero el precedente, de una u otra forma, aceptado, de la actuación de Francia, no le deja muchos argumentos. En esto sí que Europa no se parece a los Estados Unidos.