Con razón nos dice el obispo Gonzalo de Villa que “el drama del campesino reside en que si consigue un pedazo de tierra, puede ser la clave de una profunda pobreza frente a la miseria anterior”. La solución de la tragedia de tantos campesinos latinoamericanos es no estorbar todas las oportunidades –por pequeñas, ricas, pobres o grandes que sean– que brindan las empresas comerciales, industriales, agrícolas y mineras, en lugar de ahuyentarlas.
Los empresarios deben actuar por derecho; es decir, en observancia de reglas claras y generales establecidas de antemano y no sujetas a criterios improvisados. De lo contrario, nadie sabrá a qué atenerse. Cada inversión productiva, por pequeña que sea, mejora todos los salarios en alguna medida porque tiene que atraer personal. Sólo porque algunos repudian el hecho que las empresas se establecen para hacer dinero, no justifica hostigarlas, ya que las consecuencias son más graves para los pobres que para los inversionistas, cuyos capitales emigran con bastante más facilidad que los trabajadores.
La solución del drama del campesino es compleja. Hoy día, la pobreza persiste debido a la ausencia de un Estado de Derecho, del cual se deriva la eficiencia económica. Se habla mucho de un gobierno de Derecho pero éste se confunde frecuentemente con un régimen de simple legalidad, ya que cualquier barbaridad se puede legalizar con los votos de una mayoría en el Congreso. Un régimen de Derecho se basa en reglas generales aplicables a todos y sus disposiciones no están expuestas a la discreción de funcionarios sujetos a la presión de grupos de interés económico o ideológico, pues ello conduce a tremendos desaciertos y fomenta la corrupción y el chantaje. Sus reglas se establecen de antemano y se confirman continuamente mediante el respeto de los resultados. Si no, ¿para qué tener reglas si va a privar la discrecionalidad, bien o mal intencionada, inteligente o tonta, informada o ignorante?
Es curioso, pero los nihilistas (socialistas, anarquistas, dirigistas, muchos ecologistas, algunos religiosos, etc.) se oponen a todo lo que los demás hacen, mientras ellos no hacen nada. Nunca propondrían un gobierno de Derecho y probablemente no tienen claro que confrontan un dilema que se lo impide: por definición, un gobierno de Ley acabaría con la discrecionalidad que ellos creen indispensable para organizar y dirigir a la sociedad. Su dilema consiste en que no es factible gobernar con reglas abstractas y generales de conducta y simultáneamente pretender dirigir los actos de la gente.
El problema es comprensible porque parece lógico que para lograr cualquier resultado es necesario dirigir los actos de las personas hacia esos resultados. Sin embargo, dada la complejidad de la realidad, paradójicamente no es así: los países ricos se hicieron ricos en el grado que adoptaron gobiernos de leyes y no de hombres, lo cual gustan ponernos como ejemplo a seguir a pesar de que su propia política ha retrocedido mucho hacia gobiernos de hombres. Por eso, con sus consejos no vamos a resolver el dilema de los campesinos. No convencidos de la eficacia del capitalismo que los enriqueció y olvidando que los funcionarios públicos no son las desinteresadas y sacrificadas personas que dicen los textos de primaria, nos aconsejan e incentivan con dádivas y con más reglamentación. América Latina ya probó, por siglos, ese dirigismo. No resolvió el drama de los campesinos. Ya es hora de reformar el sistema.
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Manuel F. Ayau Cordón es Ingeniero y empresario guatemalteco, fundador de la Universidad Francisco Marroquín, fue presidente de la Sociedad Mont Pelerin.
