Tras un año de estudio, el gobierno del PSOE ha llegado a la conclusión de que nuestro sistema tributario no se debe alterar demasiado. Ni un tramo ni dos en IRPF, sino posiblemente cuatro, uno menos que ahora; lo que significa que el tipo único, una propuesta tan académica como difícil de justificar, se archiva. El tipo máximo quizá baje al 42% ó 43%, desde el actual 45% (el PP proponía 40% en su programa electoral). No se toca la desgravación por vivienda, lo que merecería acudir a las hemerotecas, o a internet directamente, para releer las declaraciones de los actuales responsables económicos del PSOE en relación con esa ayuda pública, a la que responsabilizaban, nada más y nada menos, de los altos precios de la vivienda. Por otra parte, parece que se reducirán, para los mayores de 55 años, sus posibilidades de desgravar aportaciones a planes de pensiones, pero que se respetará las desgravaciones por este concepto. Un tema, pues, negativo para el ahorro a largo plazo, pero menor.
La propuesta de mayor contenido económico es la que parece que va a elevar el pago por plusvalías del 15% actual al 18% (el PP proponía reducir hasta el 10%). Un tipo algo más elevado que el actual, pero en la media de lo que existe en la Unión Europea. Un cambio acompañado por el anuncio de gravar todos los rendimientos financieros también al 18%, eliminando el castigo a los intereses y reduciendo la bonificación de algunos productos como algunos tipos de seguros a largo plazo. En conjunto, una mayor neutralidad, aunque a un tipo algo más alto; pero no una ruptura con lo existente, que es lo que proponía el extremismo teórico de Miguel Sebastián, que una vez más, y aunque sea más apreciado por Rodríguez Zapatero que muchos otros responsables económicos, ve derrotadas sus propuestas, por inmaduras y temerarias. Y por supuesto un peor trato, dentro del castigo secular, a las familias numerosas de clase media y alta. Normal.
Aunque lo que más llama la atención es el coste recaudatorio que anuncia el gobierno: pérdidas del orden de 2.000 millones de euros. Es decir, el 0,25% del PIB; nada. Reforma, por tanto, para decir que se reforma. Y merece la pena comparar esa cifra, los 2.000 millones de euros, con el exceso de recaudación logrado en 2004 por el conjunto de las administraciones públicas sobre lo presupuestado, cerca de 7.000 millones de euros más. Un exceso de recaudación que refleja, en parte, un presupuesto que minimizaba los ingresos pero que, ahora lo sabemos, registra ingresos adicionales importantes por el incremento de la inflación.
