El reciente pacto de Zapatero y Rubalcaba con el verdadero poder fáctico nacionalista, representado por Mas, supone, de hecho, la metástasis de un tumor que tiene su origen en la propia Constitución de 1978. Ésta ya establece diferencias entre los ciudadanos, pues permite que los residentes en dos territorios, País Vasco y Navarra, con la excusa de no sé qué cuentos medievales, disfruten de un sistema fiscal independiente sin ningún contrapeso a dicho privilegio. En efecto, los representantes en el Congreso de los residentes en el País Vasco y Navarra, votan la Ley de Presupuestos Generales igual que un diputado de Huelva, cuyos ciudadanos representados sí contribuyen al sistema común. No se trata de independencia, sino de privilegios; no es autonomía, sino asimetría. ¿Por qué tiene que decidir un diputado por Vizcaya, del partido que sea, cuántos impuestos pagamos los demás y en qué o dónde lo gastamos?
De aquellos polvos vienen estos lodos. La Constitución de 1978 no garantiza una España de ciudadanos libres e iguales ante la Ley, esa es la verdad. Se ha pretendido que los demás aceptemos sin más discusión la situación descrita, y eso es lo que pretenden ahora también los nacionalistas catalanes. Hay por tanto una herida que invita a la aparición y propagación de bacterias, y en efecto así ha sido. A todo lo anterior ha venido a unirse el ingrediente socialista, que no es nuevo, y una derecha política cándida, desarticulada ideológicamente, desorientada y entreguista (¿Qué ha hecho el PP en Galicia y Valencia? ¿Por qué han entregado a quienes se supone que deberían estar defendiendo en Cataluña?).
El reciente pacto es un paso más en un ya largo proceso. No es el origen del mismo ni será el último, pero es especialmente grave. Se aprueba para Cataluña un sistema de financiación que extiende por primera vez la asimetría política y contributiva vasco-navarra. Se dice que el sistema es extensible a otras comunidades autónomas, aunque no ha sido negociado multilateralmente. De ser cierto no reduciría en nada la esencia del problema. Pero es que además no es verdad, pues en un juego de suma cero alguien tiene que perder, y queda por saber quién pagará no sólo la factura catalana, sino la suma de las facturas de las Comunidades Autónomas más ricas que tratarán de acogerse al nuevo “modelo”. ¿Permitirá el PSOE la generalización del sistema catalán? Si es así, ¿cómo harán para que las regiones que salen perjudicadas acepten el sacrificio?
A partir de ahora, si el esquema se generaliza, para poder ofrecer un mismo nivel de servicios las Comunidades Autónomas más pobres tendrán que incrementar la presión fiscal, mientras que las más ricas podrán reducirlo. Ya no seremos iguales en cuanto a las prestaciones o al esfuerzo para sostenerlas, pero el voto en el Congreso de los representantes políticos de unos y otros sí valdrá lo mismo.
