Perla del ministro de trabajo Jesús Caldera: "No voy a consentir que se ponga en duda el futuro del sistema de pensiones, porque está plenamente garantizado. No sólo eso, sino que las pensiones, en el futuro, serán mejores para todos. No cabe la menor duda. Se equivocan quienes piensan que el sistema no será sostenible, como se equivocaron en predicciones anteriores."
Entre los fundamentos epistemológicos del conocimiento científico están el escepticismo (la duda) y el análisis crítico; un componente esencial de la libertad es la tolerancia, especialmente hacia lo que dicen los demás. Caldera no es ni un intelectual ni un liberal y se nota: no tolera la duda, ni siquiera la más pequeña.
Las pensiones ya están en quiebra porque no existe un fondo de activos productivos para pagar a los actuales cotizantes. Lo que hay en el sistema actual de reparto es la promesa informal de que si se dejan confiscar ahora parte de su riqueza (para entregársela a los pensionistas de hoy), en el futuro el gobierno confiscará la riqueza de otros para dársela a ellos (salvo que a los políticos les resulte electoralmente rentable cambiar de opinión o sea imposible cumplir su compromiso).
Las pensiones públicas son inestables y su final promete ser catastrófico: el sistema no tiene grandes problemas cuando aún es posible modificarlo (cuando hay muchos cotizantes y pocos pensionistas), y es políticamente muy difícil cambiarlo conforme se aproxima el desastre (cuando hay muchos pensionistas y trabajadores a punto de serlo que no quieren reformas dolorosas, y pocos cotizantes lejos de la jubilación, que es el futuro de la población de España cuando se difumine el efecto transitorio de los inmigrantes).
Tal vez Caldera tenga razón: no hay que dudar sobre la viabilidad futura de las pensiones estatales, pero porque podemos estar plenamente seguros de que son insostenibles. Si alguien insiste en dar plenas garantías tenemos buenas razones para sospechar que se trata de un intento de ocultar un sistema fraudulento (en este caso una estafa piramidal). Y es que el problema principal del sistema de reparto es que viola el derecho de propiedad y no es ético, además de insostenible.
