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Francisco Capella

Agricultores liberticidas

Se escandalizan porque cobran por sus productos lo mismo o incluso menos que hace años, como si tuvieran algún derecho especial a que se les garanticen precios estables o crecientes, independientemente de la oferta y la demanda

Muchos agricultores españoles se movilizan y manifiestan frecuentemente, sobre todo en periodo electoral, porque saben que así desgastan más al Gobierno para que ceda respecto a sus pretensiones: tienen mucha práctica en la caza de rentas. Protestan porque están presuntamente en ruina total y exigen soluciones políticas para sus gravísimos problemas: hacerse la víctima es una buena táctica para pedir ayudas y camuflar privilegios a costa del bolsillo del contribuyente. Parece que su actividad siempre está en crisis, no les resulta rentable y las diversas administraciones deben garantizar sus beneficios: ni hablar de libre mercado (derechos de propiedad e intercambios voluntarios) en el cual los que obtienen pérdidas deben aprender a hacerlo bien o simplemente abandonar el sector y dedicarse a otra cosa más provechosa. Gritan que nadie hace nada por ellos, que todo es inoperancia estatal, como si no hubieran oído hablar de la infame Política Agraria Común de la Unión Europea. No se cortan y reclaman justicia a todos los ministerios que haga falta: Agricultura, Industria, Comercio, Economía...

Denuncian las (según ellos) intolerables, desproporcionadas, injustificadas y crecientes diferencias que existen entre lo que perciben por la venta de sus productos y lo que paga el consumidor. Ellos son muchos, pobres, honestos y bien intencionados, pero los intermediarios, distribuidores y comerciantes organizados son unos pocos ricos, fuertes, manipuladores y tramposos que abusan de ellos e incluso les roban. Distraen la atención hablando de equilibrio y transparencia del mercado y libre competencia, de formación anómala de precios, para así tratar de excusar la intervención coactiva del estado: en su propio beneficio, claro, pero asegurando de forma altruista que es una cuestión de justicia y que también es por el bien de los consumidores engañados (que somos todos y pagamos demasiado por la comida). Si están seguros de que los márgenes de otros participantes en la cadena de distribución de alimentos son tan grandes, podrían utilizar el poco espíritu empresarial que tengan para entrar en esos sectores y enriquecerse sin límite. Pero no lo hacen, ¿por qué será? ¿Tal vez hay mucho cuento en sus lloriqueos?

Se escandalizan porque cobran por sus productos lo mismo o incluso menos que hace años, como si tuvieran algún derecho especial a que se les garanticen precios estables o crecientes, independientemente de la oferta y la demanda, de los cambios de las preferencias de los consumidores, de los avances tecnológicos o de la competencia de otros productores (seguramente extranjeros y más dinámicos al no estar acomodados en la dependencia de la subvención y el arancel).

Algunos proponen, pretendiendo que son legítimas y respetuosas con los derechos de todos, diversas medidas liberticidas (muchas ya en vigor): limitar la producción (arrancar campos), garantías de precios de compra, limitar los precios de venta, limitar los beneficios de los intermediarios, limitar las importaciones e incluso prohibir la integración vertical del sector (que los productores comercialicen y los comerciantes produzcan). Creen que el hecho de que se haga en otros sectores les da derecho a exigir lo mismo en el suyo, pero las regulaciones coactivas limitadoras de la oferta o garantizadoras de beneficios son contrarias a la libertad en todos los ámbitos, y no se trata de extenderlas a todos sino de eliminarlas.

Algunos denuncian que el mercado agrícola está adulterado por los grandes comerciantes. Que no reciben ofertas de compradores, sino que tienen ellos que ofertar sus cosechas, y además deben pagar una comisión al intermediario. Que sus contratos de compraventa no son por escrito sino de palabra, que no se fija la fecha tope de recogida del producto por el comprador, que no se les indemniza si éste se estropea, que a veces ni se fijan precios en el contrato (se vende a resultas) ni fecha de pago. Podrían modernizarse y aprender a negociar mejor o integrarse en una cooperativa, pero tal vez no les gustan las condiciones, o las consideran ineficientes; lástima que no se animen a promover su propia cooperativa para demostrar que puede hacerse mejor. Quizás lo hacen lo mejor que pueden, pero desgraciadamente esto no siempre es suficiente para mantenerse en mercados libres y competitivos: por eso exigen privilegios protectores a costa de los demás. Cambiar de modo de vida, eso nunca.

En Libre Mercado

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