Qué apasionante es la filosofía del derecho; y cuánto necio hay destrozándola mientras pretenden enseñarla. Por ejemplo Francisco J. Laporta, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, quien con su muy limitado conocimiento de economía nos recuerda que "los derechos cuestan dinero" y "la libertad no es gratis". Al parecer considera un "fraude intelectual" la "cantinela que tratan de imponer los beatos y beatas del libre mercado" (esto es citar con objetividad, precisión, laicismo y corrección sexual progresista), porque "es imposible incrementar la libertad hasta el infinito y bajar los impuestos hasta el cero, es decir, la idea de que la disminución de los impuestos incrementa necesariamente la libertad es una superchería". Conozco liberales que hablan (hablamos) de impuestos cero, pero lo de la libertad infinita parece más bien poético: por aquello de que mi libertad acaba donde empieza la de los demás, y es difícil alcanzar el infinito con barreras concretas tan próximas. Y además a los liberales la imposición, aunque sea de ideas correctas y adecuadas, nos parece fea y generalmente ilegítima.
Para Laporta "la libertad depende de los impuestos", y tiene razón, sólo que la dependencia es justo en el sentido contrario al que él defiende: lo cierto es que a más impuestos, menos libertad. ¿O usted se siente más libre cuando otros deciden presuntamente en su nombre en qué se gastan el dinero que sistemáticamente le confiscan cada vez en mayor cantidad?
Este funcionario de universidad pública (¿habrá aquí un conflicto de intereses al defender la acción estatal y la fuente de su salario?) ni siquiera se molesta en distinguir claramente los derechos negativos (no interferencia en mi propiedad) de los derechos positivos (que otros me proporcionen un bien o servicio). Quizás no conozca la diferencia, puede que le parezca irrelevante, o tal vez mezclándolo todo se confunde mejor y la demagogia queda más rica.
Típicamente positivista (la ley es la ley, es la ley, es la ley...) considera que "los derechos no son sino un conjunto de reglas respaldadas por la fuerza del Estado y financiadas con el dinero público". No se molesta en analizar el contenido de dichas reglas, ni en explicar de dónde vienen y qué sentido tienen: parece obsesionado con el dinero público (ese que no es de nadie) y la coacción estatal, y la noción de derecho natural seguramente le dará risa floja. "Los derechos y las libertades son también la expresión de un poder del Gobierno y de una autoridad jurídica": los individuos brillan por su ausencia, estamos lejos de intentar defenderlos de la opresión del monopolio jurisdiccional.
Acierta cuando afirma que "no hay propiedad privada sin impuestos, ni contratos sin impuestos, ni préstamos sin impuestos": pero lo hace por accidente, porque lo de que los impuestos acompañen siempre a la propiedad no se debe a que sean imprescindibles para protegerla, sino a que la voracidad fiscal no conoce límites y se grava toda la riqueza, cuando está quieta y cuando se intercambia. Él quiere decir que la propiedad y los contratos sólo pueden defenderse mediante la institucionalización burocrática y el pago involuntario por parte de los súbditos del poder, pero bastantes pensadores ven otras alternativas en la filosofía política como la participación del propio mercado en la defensa de la propiedad y la vigilancia del cumplimiento de los contratos. Laporta está rotundamente en desacuerdo y rechaza las alternativas con un mínimo esfuerzo de análisis: "Sólo un Estado puede crear un mercado firme y dinámico en el que esté asegurada la garantía de los contratos y las transacciones sean respaldadas por la ley"; "donde el poder del Estado no puede intervenir con eficacia surge la mafia y la extorsión".
Eso es argumentar y lo demás son tonterías: ya sabe usted que en sus relaciones no vigiladas por papá Estado o es usted un mafioso o un extorsionado, puede elegir; y la realidad histórica del derecho mercantil y los mecanismos de relaciones legales no estatales deben de ser pura fantasía. Menciona "los derechos que tenemos para protegernos del gobierno y sus abusos" y asegura que esta protección es "impensable sin instituciones públicas": necesitamos al Estado para protegernos del Estado, qué curioso.
Y es que "sin Estado no hay predicción, sin predicción no hay derechos, y sin derechos no hay mercado. Pero como los derechos dependen de los impuestos, resulta que sin impuestos no hay mercado. Todo lo demás son patrañas. Si alguien quiere mercado, ha de querer impuestos." Al hacer estos encadenamientos entre proposiciones este sujeto igual cree que sabe algo de lógica. Y su deducción es que los que queremos mercado (cierto) estamos obligados (suponemos que ontológica o epistemológicamente) a querer impuestos (más bien dudoso).
Asegura rotundo que "los derechos son, efectivamente, una de las cosas más valiosas que tenemos: valen mucho más que su precio". Ni siquiera contempla la posibilidad de que haya derechos demasiado caros, que no merecen la pena: ha establecido que no sólo valen más que lo que cuestan, sino mucho más. Como no entiende que las valoraciones son subjetivas, no permite que cada persona los estime según le plazca, y que en ocasiones prefiera renunciar a ellos, o conseguirlos de alguna otra forma.
Se indigna con las ofertas electorales de disminución de impuestos "porque aquellos ciudadanos que ceden a la burda oferta del reclamo electoral se encontrarán seguramente con que hay un incendio y no existen medios para sofocarlo, tienen un pleito y han de esperar mil años para verlo resuelto, enferman y se ven amontonados en el pasillo de un sanatorio, quieren un buen colegio para su hijo pero sólo los hay de pago, y les asaltan su tienda con toda impunidad porque no aparece por allí un coche de policía en toda la noche". Parece que el dinero o se paga en impuestos o misteriosamente desaparece, de modo que no es posible contratar servicios privados de extinción de incendios, arbitraje jurídico, medicina o seguridad, que como no disfrutarán de un monopolio legal seguramente serán de mejor calidad que los públicos porque los consumidores insatisfechos podrán dejar de patrocinarlos. Y quizás algún lector se ha dado cuenta de que Laporta es tan poco hábil argumentador que mete la pata hasta el fondo mencionando la posibilidad del colegio de pago: tanto insistir en que hay pagar por los derechos y ahora resulta que sólo defiende los otorgados graciosamente por los políticos a unos a costa de otros. Que cada uno pague por lo que recibe tiene que estar muy mal: los derechos que molan son los que me pagan a mí los demás con la intermediación estatal (que suele quedarse un buen pellizco de comisión).
Laporta vuelve a acertar al denunciar que "España es un país en que los derechos de los ciudadanos funcionan bastante mal... porque es un país en el que no son muy eficaces las leyes". Con catedráticos de filosofía del derecho como él, ¿qué espera? Pretende que los desaguisados en servicios públicos se deben a que no están suficientemente financiados: olvida que las prestaciones privadas equivalentes suelen costar bastante menos y ser mucho más apreciadas por sus clientes. Tal vez la productividad (por llamarla de alguna manera) del funcionariado estatal tenga algo que ver. Recordemos cuál es su estatus laboral.
Anima a un debate de calidad: "A ver si conseguimos de una buena vez alcanzar un nivel digno en la discusión de estos temas cruciales. Para ello los electores no han de ser tratados como estúpidos ni los políticos como pícaros irredimibles". El pseudointelectual trata a sus lectores como los políticos a los electores. El nivel de esta discusión mejorará muchísimo simplemente con que Laporta deje de participar en ella. Que aprenda algo parece difícil.
