No hay ninguna posibilidad de que un Gobierno español, del PP o del PSOE, apruebe un plan de choque para hacer frente a la desaceleración económica actual. La economía española tiene que purgar los excesos de un ciclo expansivo que ha durado algo más de trece años. Excesos en la construcción de viviendas, excesos de consumo en muchos casos, excesos en el endeudamiento de familias y empresas. Las consecuencias de estos excesos son, en parte, precios muy altos para todo tipo de bienes raíces y en particular de las viviendas. Estos excesos no se curan con ningún plan de ningún Gobierno. Al menos de ningún Gobierno que sea miembro de la Unión Europea y de la unión monetaria. Ningún Gobierno español tiene medios para atenuar la crisis que está comenzando. La crisis terminará, por sí sola, cuando el sector de la construcción reduzca su producción de todo tipo de edificaciones durante tres o cuatro años y cuando las familias y las empresas gasten menos en consumo e inversión y reduzcan su endeudamiento.
¿Qué puede hacer un Gobierno para acelerar este proceso? Casi nada. Puede intentar paliar la situación de empresas y familias reduciendo impuestos, atrasando los pagos por hipotecas, acelerando las devoluciones de impuestos, dando avales públicos para actividades muy específicas, intentar la recalificación profesional de los que pierden su trabajo en los sectores de la construcción, inmobiliario e industrial y acelerar la vuelta a sus países de origen de los inmigrantes que lo acepten con incentivos económicos. Ese es, más o menos, el plan del Gobierno. Con dos excepciones, la devolución de los 400 euros, que es una chapuza incomprensible, y la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio, que es mucho más que una medida fiscal que ahorrará 1.800 millones de euros a un millón de contribuyentes. Es una medida dinamizadora a medio plazo de la economía que servirá para incentivar las transacciones económicas, la fijación de precios reales en los mercados y la disminución del dinero negro en circulación.
La dificultad para tomar medidas económicas de las denominadas de "choque" tiene otras causas. La primera, la crisis financiera internacional, que ha drenado la liquidez del sistema financiero español, que ha sido el vehículo para que en estos años de lujo que acaban de terminar las familias y las empresas españolas se hayan podido endeudar para consumir e invertir con el ahorro del resto del mundo. Y frente a este parón no hay plan de choque que valga. La economía española es una de las más endeudadas del mundo y quizás la más expuesta a una crisis financiera internacional de las características de la que vivimos. Crisis financiera internacional tenía que ser, necesariamente, crisis nacional. Y ningún gobierno puede hacer nada para evitarlo.
Hay una segunda causa de por qué es muy poco lo que el Gobierno puede hacer. Me refiero a la subida de los precios del petróleo y otros bienes energéticos, la de muchos minerales y, sobre todo, la de muchos alimentos básicos, como todos los cereales y los productos alimentarios que los utilizan. Esa subida de precios se transformará en inflación ("un proceso continuado de subidas de precios, salarios y beneficios") o no, pero, de entrada, merma la capacidad de gasto de todos, de empresas y familias. Y ningún Gobierno español puede hacer nada para evitarlo. Hay que adaptarse. Hay que aceptar que nuestro nivel de vida no puede mantenerse.
Y hay una última razón, derivada en parte de todo lo anterior; me refiero a nuestra pertenencia a la Unión Europea y al área euro y a la subida de precios de las materias primas. Esta situación hace inútil lo que se denomina "política fiscal". Ni un superávit fiscal sirve –desde hace años– para reducir las tensiones inflacionistas, ni un mayor gasto público, aunque sea con déficit, sirve para aumentar nuestro crecimiento. Ni siquiera un 0,2 por ciento del PIB, como dice el vicepresidente Solbes. El resultado final dependerá de la conducta de consumidores e inversores y de la competitividad de la economía española, pues en función de ésta esos recursos que aporta el Estado se gastarán dentro o fuera del país. Vivimos en una economía abierta, sin fronteras, en la que el crecimiento depende de otros factores, las instituciones, la eficiencia de las empresas, la preparación de la mano de obra, la posibilidad de ahorrar y endeudarse por parte de las familias, la iniciativa de la clase empresarial, el nivel de infraestructuras existentes, y, por supuesto, la educación.
Hemos renunciado, afortunadamente, al aislamiento. Vivimos mucho mejor que antes gracias a la globalización. Hemos renunciado también, prematuramente en mi opinión, a nuestra moneda nacional y a nuestra política monetaria, por lo que dependemos en este aspecto fundamental de la política económica de las decisiones del Banco Central Europeo y ahora nos queda, sólo, a todos, gobiernos –estatal, autonómicos y municipales–, empresas y familias, darnos cuenta de que tenemos que aceptar lo que nos impone el entorno internacional que ve con malos ojos nuestro excesivo endeudamiento y nuestra excesiva inversión en edificaciones de todo tipo.
La labor de un Gobierno nacional en una economía que opera en un mundo global no es hacer planes de choque; es aceptar que mucho de lo bueno y lo malo que nos pasa viene del exterior y que su labor es entender cómo funciona la economía mundial globalizada, para que las decisiones que se tomen limiten lo negativo que nos viene de fuera y simultáneamente aprovechar las oportunidades de crecimiento, muy grandes, de la economía mundial, que nos permite vender mucho más al exterior algunos bienes y servicios. Y la segunda labor del Gobierno en una economía globalizada es limitar lo negativo que genera nuestra propia economía, como las inflaciones superiores a la media de las europeas, la desmesurada subida del precio del suelo y los excesos inversores en el sector inmobiliario, y poner los medios para mejorar la preparación técnica y profesional de personas y empresas en relación con el resto del mundo.
Cómo llevar a cabo este plan de integración de nuestra economía en un mundo globalizado no es un plan de choque. Es un plan tan importante como lo fue el primer plan de estabilización, el de 1959, que aceptó, por primera vez desde la Guerra Civil, que la economía española tenía que abrirse al exterior para sobrevivir. Ahora el reto es más complejo, pero no es más difícil.
