XI) La situación de liquidez del sistema financiero español en agosto de 2008
El conjunto de medidas a las que he hecho referencia han tenido un cierto éxito. Sigue habiendo problemas de liquidez y restricciones en los créditos y préstamos. En 2007 el crédito crecía a un ritmo anual del 20%, en la actualidad no llega al 10%. Un incremento reducido que obedece, ahora, tanto a las limitaciones de liquidez de la banca como a la falta de demanda de crédito.
Ha disminuido la demanda de crédito para compra de vivienda, nueva o usada, hasta situarse en tasas negativas. Se empieza a reducir, también en valores absolutos, el volumen total de crédito a los promotores. Se reduce el crecimiento del crédito al consumo y crece, mucho, la demanda de crédito de las empresas no ligadas, directa o indirectamente, al sector promotor-constructor-inmobiliario. Una demanda que aumenta, en gran parte, no ya para invertir sino para hacer frente a déficits de tesorería, provocados por la caída del consumo de los hogares.
Por otra parte, a lo largo del último año, la banca ha comenzado a renegociar la deuda de las promotoras inmobiliarias grandes y medianas. La tesis de la banca, apoyada por el Banco de España, es que no se puede permitir que suspendan pagos un número significativo –en volumen crediticio– de grandes empresas de ese sector. Temen que los 311.000 millones de crédito promotor vivo les obliguen a utilizar todas las provisiones existentes –2% del total de activos– y que les afecte significativamente a su solvencia, a sus Fondos Propios.
Esas refinanciaciones pueden tener lógica en algunos casos, cuando la promotora de que se trate pueda, razonablemente, recuperar liquidez e incluso rentabilidad, cuando la construcción de viviendas y otras edificaciones deje de proporcionar nuevas unidades al mercado y la demanda natural –de quizá 250.000 viviendas al año– comience a reducir el stock de los invendidos.
Otra cosa distinta es refinanciar empresas en cuyo balance predomina el suelo rústico, urbanizable o urbano y cuando no tienen posibilidades de reducir los precios de venta de sus activos, porque los han adquirido a precios demasiado altos. Resulta incomprensible que el sistema financiero lo esté llevando a cabo y lo sería más aún si el Banco de España lo apoyara.
No tenía sentido, probablemente, refinanciar a Martinsa-Fadesa, cuyo componente de suelo en el balance alcanzaba los 7.000 millones de euros, de un total balance de 11.000 millones y quizá si lo tiene refinanciar a otras, que tengan un mayor porcentaje de viviendas terminadas o todavía en construcción.
Es, en definitiva, un intento por parte de la banca de evitar la entrada en mora a corto plazo de un grupo de grandes promotores, aunque suponga, en muchos casos, encontrarse con un problema de solvencia aún mayor cuando venzan esas refinanciaciones, si los promotores no consiguen aumentar sus ventas, de viviendas o de suelo, cuando venza el plazo de refinanciación.
Recientemente la banca ha iniciado otro proceso. Comprar activos, se supone que de buena calidad y a precios de mercado, que deberían ser mucho más bajos que los de hace apenas un año, para suministrar liquidez a los grandes promotores que, de otra forma, tendrían que declararse en concurso de acreedores. La banca gana tiempo, las compras que hace de esos activos aparecen en su balance como concesiones de nuevos créditos y los promotores encuentran alivio temporal a sus carencias. El futuro de esos promotores dependerá, sin embargo, de la composición de su activo, del precio al que hayan comprado el suelo, y de que consigan, en un futuro, vender a terceros –no a los propios bancos financiadores– las viviendas, el suelo, y cualquier otra edificación que tengan en su balance.
Se trata de ganar tiempo para que, cuando el parón del sector de la construcción sea mucho mayor, dentro de uno o dos años, se puedan vender esos activos, o algunos de ellos, tanto por parte de la banca como de los promotores. En ese momento no habría ninguna nueva oferta que compitiera con la vieja, porque el sector de la construcción tendría una actividad muy reducida. La banca, en cualquier caso, conseguiría retrasar la entrada en mora o la declaración de insolvencia de algunos de sus prestatarios, al tiempo que se crea una oportunidad para extender sus pérdidas en periodos mucho más amplios, pues estaríamos hablando de entre tres y seis o siete años.
Finalmente, unas palabras sobre la liquidez del conjunto de las Administraciones Públicas. Hemos visto en otros apartados de este artículo que el conjunto de las Administraciones Públicas no ha aumentado su endeudamiento en términos absolutos desde hace muchos años. Esa situación se ha terminado. Los ingresos de las corporaciones locales y de las autonomías están muy condicionados por la actividad en el sector de la construcción y en el inmobiliario. Una parte sustancial de sus ingresos, entre el 20 y el 40 por ciento, ya sea en efectivo, ya mediante permutas o la realización de obras públicas, dependen de la recalificación de suelo, del comienzo de nuevos proyectos de urbanización, del nivel de transacciones de propiedades inmobiliarias y del nivel de precios; cuanto más altos sean, mejor. Ese esquema de financiación se ha venido abajo. Ni las corporaciones locales ni las autonomías tienen dinero para llevar a cabo nuevas inversiones ni para pagar sus gastos corrientes. Se han convertido, ya, en demandantes netos de grandes cantidades de dinero. Lo mismo, aunque el proceso está un poco retrasado, puede decirse de la Administración Central, que cerrará 2008 con un déficit significativo, a pesar del superávit –pequeño– que pueda conseguir la Seguridad Social.
Una nueva demanda de crédito bancario, que incidirá en la limitada capacidad de financiación de la banca y acelerará el proceso de subida de tipos de interés en España, no ya por la evolución del euribor, sino por el diferencial que la banca va a exigir en todas sus operaciones de activo, ya sea con las Administraciones Públicas, las empresas o las familias.
Existe otro factor, cuantificable pero impredecible. Según la banca española siga teniendo que devolver en los plazos previstos (entre 5 y 6 años) los créditos externos que tenía a mediados de 2007 (alrededor de 270.000 millones de euros en bonos y obligaciones y 404.000 millones de euros en depósitos), y que no sea posible encontrar financiación exterior sustantiva, aunque fuera a intereses mayores y con mayores primas de riesgo, por ser España y por ser entidades financieras españolas. En tal caso, la necesidad de seguir drenando liquidez interna puede sumar entre 50.000 y 80.000 millones de euros anuales, que sólo pueden obtenerse incentivando la captación de ahorro interno para depósitos por la vía ya analizada de aumentar los tipos de interés que se pagan por los depósitos, de tal forma que esa cantidad se logre detraer de los fondos de inversión, y de que se siga reduciendo el crédito interno –por decisión propia o de las empresas o familias–, lo que hará más pronunciada la baja cíclica en la que ha entrado nuestra economía.
Esta sería la evolución lógica de la actividad económica en España, una de cuyas manifestaciones será la disminución de la Formación Bruta de Capital hasta el entorno del 20% del PIB. Eso podría ocurrir en 2009. En ese momento no habría necesidad de ahorro externo para financiar nuestra actividad. Y el PIB se movería en cifras negativas durante todo el año. Y el paro crecería hasta casi el 20% de la población activa. Ese sería el ajuste real, que acompañaría al financiero, al que acabamos de hacer referencia.