La moda otoñal entre los políticos hispanos –de uno y otro signo– es repetir insistentemente cualquiera de los siguientes términos: ayudas públicas estatales, compra de activos por el Estado, plan de rescate estatal o medidas del Estado contra la crisis. El denominador común de todas las expresiones, orgullosamente proclamadas desde las tribunas del Congreso y las tertulias radiofónicas, es la palabra Estado. Siempre me ha llamado la atención que los ciudadanos de a pie no clamemos, unánimes, contra esta engañifa intelectual por la cual se nos hace creer que ese supuesto ente benefactor nos va a salvar a todos de la quema gracias a su permanente disposición a regalar dinero por doquier. Pronto se nos olvida, o se nos hace olvidar, que es ese mismo Estado quien se financia con cargo a nuestros impuestos.
Una de las llamadas "ayudas" públicas más comentadas recientemente es la referente a la moratoria hipotecaria: el Estado ha decretado que desempleados, autónomos con bajos ingresos y pensionistas de viudedad puedan aplazar el 50% de los pagos correspondientes a su hipoteca durante dos años; al final de este período, el importe aplazado podrá devolverse, garantizado por el ICO, a los bancos en un plazo de 10 años. La moratoria está sujeta a varios requisitos adicionales, entre los que destaca que el importe inicial de la hipoteca sea inferior a 170.000 euros.
La reacción mayoritaria frente a esta intromisión del Estado ha sido la habitual: los ciudadanos han aceptado la medida sin muchas objeciones, una especie de cabeza gacha mientras se va mascullando un "qué le vamos a hacer".
El asunto de la moratoria, sin embargo, es de aúpa. En primer lugar, el verdadero beneficiario es la banca, que sin dejar de recibir las cuotas de las hipotecas, consigue que los pagos estén avalados por el ICO, es decir, por el Estado. En segundo lugar, se benefician las inmobiliarias gracias a que la banca sufrirá una menor morosidad y, por tanto, la concesión de nuevos créditos destinados a la compra de viviendas podrá ser algo mayor que si no existiera la moratoria. Y finalmente, está la discriminación –especialmente para ciertas personas– que provoca esta moratoria hipotecaria; se perjudica claramente a aquellos que fueron más prudentes y no se embarcaron en deudas hipotecarias o a quienes decidieron vivir en pisos de alquiler en lugar de comprar una vivienda. Todos estos grupos de personas, supongo, verán ahora con indignación el hecho de que, con su propio dinero –vía Estado, por supuesto– se esté beneficiando a otros que no se encuentran necesariamente en condiciones peores que ellos mismos. Esto es una muestra más de las bondades del Estado actuando a lo Robin Hood.
Parece claro que hay personas que están pasando actualmente dificultades económicas e indudablemente necesitan ayuda. Pero bajo mi punto de vista –y dejando aparte las actuaciones caritativas voluntarias– hay una mejor forma de aliviar las consecuencias de la crisis: una rebaja impositiva general que aumente la renta disponible de todas las personas. De esta manera, cada uno de los contribuyentes, estemos hipotecados o alquilados, podremos decidir dónde destinar nuestro dinero y establecer nuestras propias prioridades. ¿O es que esto es algo que también ha de decidir el Estado por nosotros?