La inversión pública ha gozado desde siempre de muy buena prensa. Son muchos los que opinan que, en sí misma, constituye uno de los medios más eficaces para paliar cualquier crisis económica. Aunque lo cierto es que no todos pensamos igual. Por ejemplo, Henry Hazlitt, en su famoso libro La Economía en una Lección, describe el sofisma de las bondades de la inversión estatal de la siguiente forma:
¿Se encuentra estancada la industria privada? Todo puede solucionarse mediante la inversión estatal. ¿Existe paro? Sin duda alguna ha sido provocado por el insuficiente poder adquisitivo de los particulares. El remedio es fácil. Basta que el Gobierno gaste lo necesario para superar la parálisis.
Las recientes medidas adoptadas por el Gobierno son un clarísimo ejemplo de que el brillante libro de Hazlitt –publicado poco tiempo después de la Segunda Guerra Mundial– no pierde un ápice de actualidad. Más de 8.000 millones de euros procedentes de las arcas públicas –es decir, de los bolsillos de todos– van a destinarse a partir del 2009 a inversiones municipales en infraestructuras. De esta forma, argumentan, se crearán cientos de miles de puestos de trabajo. Sin duda alguna, es una receta muy atractiva para la agenda de cualquier político, ya que a corto plazo permite dar la impresión de que sus efectos son beneficiosos para la economía; mientras que sus nefastas consecuencias en el largo plazo son algo que no preocupa lo más mínimo a la clase política actual. Como diría su cómplice Keynes, "a largo plazo todos muertos", o lo que es lo mismo, a largo plazo las elecciones ya pasaron.
Sólo podremos superar la crisis con más ahorro real por parte de la sociedad y no mediante la disminución artificial de tipos de interés por parte de los bancos centrales. Y el mejor camino para lograr este incremento del ahorro sería una reducción impositiva a particulares y empresas. Pero esta senda pone nerviosos a los gobiernos de turno ya que, a menos que incurran en déficits públicos desbocados, se verían obligados a disminuir el gasto público.
El plan anunciado por el Gobierno para contrarrestar la depresión no sólo no es acertado por olvidarse de las reformas estructurales necesarias en la economía española, sino, sobre todo, por incrementar el déficit y reducir correlativamente el ahorro que necesita el sector privado. Zapatero podrá aparentar que se ocupa de la crisis pese a estar, en realidad, hipotecando el futuro de los españoles.