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Alberto Recarte

El control del déficit público

El gasto conjunto de las tres administraciones podría reducirse, en el mejor de los casos, en alrededor de 32.000 millones de euros.

Alberto Recarte
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En 2011, el objetivo de reducir el déficit público hasta el 6% del PIB en el conjunto de las tres administraciones públicas se tiene que plasmar en un aumento de los ingresos públicos y una reducción del gasto público total. Directamente, pasar del 9,25% de déficit público de 2010 al 6% de 2011 se traduce en un ajuste de 35.000 millones de euros. A esa cifra hay que sumar el aumento de los gastos financieros que suponen los cerca de 99.000 millones de euros más de deuda pública de 2010 hasta alcanzar un total de 668.000 millones de euros. Esos intereses adicionales serán de, al menos, otros 4.000 millones de euros y el aumento del coste de financiación de la parte del resto de la deuda (520.000 millones de euros) que vence en 2011 se podría traducir en otros 1.500 millones de euros. En consecuencia, el ajuste de ingresos y gastos públicos para 2011 suma, en total, algo más de 40.000 millones de euros. Por supuesto que no se han hecho las reformas necesarias para alcanzar ese objetivo. Pero veámoslo en números, distinguiendo entre ingresos y gastos.

Los ingresos impositivos totales en 2011

El Gobierno esperaba, en promedio, un incremento del conjunto de ingresos públicos de alrededor del 5,7% sobre los logrados en 2010, lo que se traduciría en alrededor de 9.000 millones de euros más por todos los conceptos. Gracias a la "recuperación económica" y a las "modificaciones fiscales en IRPF, IVA, e Impuestos Especiales".

El Gobierno esperaba que crecieran un 6,2% los ingresos por IRPF y un 9,3% por el Impuesto sobre Sociedades. Una evolución, en mi opinión, imposible, porque el empleo no ha crecido y las sociedades van a pagar menos impuestos que en 2010.

Los ingresos por Impuestos Especiales se esperaba que crecieran un 2,3%. También será difícil que continúen haciéndolo, porque ha caído la recaudación de impuestos por venta de tabaco, tanto por el aumento del precio como por las menores ventas a extranjeros y por el crecimiento del contrabando. En el mejor de los casos, los ingresos por impuestos especiales permanecerán estancados.

Los ingresos por IVA crecerán, aunque menos que el 7,3% que esperaba el Gobierno. Aumentará la recaudación por el aumento de los tipos y por el aumento de los precios, pero es evidente que el consumo privado crecerá menos de lo esperado. En conjunto, como máximo, podría aumentar un 4%.

El resto de ingresos públicos por otros impuestos y tasas de la administración central, las autonomías y la local podrían incrementarse quizá en 1.000 millones de euros, pero este sí que es un cálculo imposible.

En conjunto, por tanto, la suma de estos factores podría resultar en un estancamiento de los ingresos públicos totales en 2011. Lejos del aumento esperado de 9.000 millones de euros. Si esto fuera así, todo el esfuerzo de control del déficit público recaería sobre los gastos de las tres administraciones, que tendrían que hacer frente a 40.000 millones de euros de ajuste.

La otra partida fundamental de ingresos públicos son las cotizaciones sociales, que el Gobierno creía que se incrementarían en un 2,9%, hasta los 110.000 millones de euros. Una evolución casi imposible a la vista de la evolución del empleo en el primer trimestre del año. Lo lógico, si la situación mejorara, sería repetir los ingresos de 2010. Si esto fuera así, los ingresos públicos esperados por este concepto se reducirían en 3.000 millones de euros. Por su parte, el gasto esperado de la Seguridad Social estaba previsto que creciera en 2.000 millones de euros aproximadamente. Es casi seguro que el aumento del desempleo y las jubilaciones anticipadas elevarán esa cifra en, al menos, 1.000 millones de euros más. En conjunto, por tanto, el superávit esperado de la Seguridad Social, de algo más de 4.000 millones de euros, se podría traducir en un equilibrio en el mejor de los casos.

Globalmente, por tanto, los ingresos públicos, lejos de crecer en 9.000 millones de euros por impuestos, 1.000 millones de euros por otros impuestos y tasas de las tres administraciones y 1.000 millones de euros por la Seguridad Social, disminuirían en casi 3.000 millones de euros.

El ajuste global para alcanzar el 6% de déficit del PIB en 2011 habría que hacerlo, en su totalidad, con reducción del gasto público de las tres administraciones. El ajuste, numéricamente, tendría que ser de casi 44.000 millones de euros.

El ajuste del gasto público en 2011

  1. El gasto de los ayuntamientos: El último año para el que se tienen cifras consolidadas del gasto total de las entidades locales –2008– cifraba en 45.000 millones sus gastos corrientes anuales. A los que habría que añadir alrededor de 10.000 millones de euros en inversiones. En 2010, los ayuntamientos ya ajustaron sus gastos corrientes y de inversión en una cantidad indeterminada, pero significativa, ante la imposibilidad de pagar a sus proveedores y acreedores e incluso a sus empleados. Es posible que el ajuste en 2011 sea todavía muy considerable sobre el de 2010. Podemos suponer que entre menores gastos corrientes y menores inversiones su gasto total se puede reducir en 7.000 millones de euros. De ellos, 5.000 millones en gasto corriente y 2.000 millones en inversiones.
  2. El gasto de las autonomías: En 2009, el gasto conjunto de todas ellas debió de alcanzar los 180.000 millones de euros, teniendo en cuenta gasto corriente e inversiones. Desconocemos la cifra de 2010, pero seguro que se redujo por la presión del Gobierno a partir del mes de mayo. La ausencia de financiación, que tiene que autorizar el Gobierno, redujo el gasto autonómico total en, al menos, un 6%. Es posible, por tanto, que el gasto total se redujera hasta los 170.000 millones de euros. Por lo que sabemos de los diferentes presupuestos autonómicos para 2011, el gasto total podrá volver a reducirse –en el mejor de los casos– en un 8%, lo que significa un ajuste de 14.000 millones de euros. Un objetivo difícil de alcanzar, como demuestra el conflicto con la autonomía catalana, que quiere gastar 3.000 millones de euros más de lo que se le ha autorizado inicialmente.
  3. El gasto de la administración central: El ajuste en los Presupuestos Generales del Estado para 2011 alcanza un 7,9% sobre lo gastado en 2010; lo que significa alrededor de 11.000 millones de euros. Un objetivo complicado por la evolución del paro registrado, que incrementará el gasto presupuestado por este concepto.
  4. Conclusión: El gasto conjunto de las tres administraciones podría reducirse, en el mejor de los casos, en alrededor de 32.000 millones de euros. Si las apreciaciones que se han hecho sobre intereses, presupuesto de la Seguridad Social y evolución de los ingresos totales son correctas, el ajuste se quedaría corto en 12.000 millones de euros.

Venta de activos

El déficit público de 2011 podría ser, pues, del 7,1% del PIB en lugar del 6%. Consciente de esta situación, el Gobierno se ha planteado vender cualquier tipo de activos. De los restos de participaciones de la SEPI (Red Eléctrica, Iberia, Ebro,...) se espera lograr alrededor de 900 millones de euros. De la venta del 30% de Loterías se quiere conseguir, al menos, 6.000 millones de euros. De la gestión de los aeropuertos de Madrid y Barcelona y del 45% de AENA se espera lograr alrededor de 10.000 millones de euros. Si todas esas ventas se llevaran a cabo podría haber ingresos extraordinarios de 17.000 millones de euros, con lo que se conseguiría mejorar el 6% de déficit acordado.

Las dificultades para 2011

Hemos visto que en 2011 podría alcanzarse el objetivo del 6% con unos ingresos extraordinarios de 17.000 millones de euros. Lograr esos ajustes no será fácil. El gasto de los ayuntamientos tendrá que disminuir más de un 15%, el de las autonomías el 8% y el del Estado un 7,9%. Y conseguir un ingreso de, al menos, 17.000 millones de euros con la venta de los activos mencionados. El ajuste sería más fácil si los ingresos públicos aumentaran en 9.000 millones de euros y los de la Seguridad Social en 1.000 millones sobre las cifras de 2010. Para lograrlo sería necesario que la economía creciera, al menos, el 1,3% programado por el Gobierno y, que el empleo aumentara en 60.000 personas, el desempleo se redujera en 100.000 personas y el precio del petróleo fuera de 80 dólares/barril. 

El Banco de España ha rebajado el crecimiento previsto para 2011 al 0,8% y el de 2012 al 1,5% frente al 1,3% y el 2,2% del Gobierno. Con estas cifras de crecimiento será muy difícil recaudar más y gastar menos.

La dramática situación para 2012

El objetivo de déficit público para 2012 es el 4,4% del PIB de ese año. Eso supone un ajuste inicial, entre mayores ingresos públicos y menores gastos de las tres administraciones, de otros 18.000 millones de euros sobre el 6% del PIB de 2011. A esta cifra hay que sumar el peso de los intereses de otros 65.000 millones de euros de nueva deuda pública, lo que significará alrededor de 2.600 millones de euros más, junto con cerca de 1.000 millones por mayores intereses de la deuda refinanciada. En conjunto, por tanto, el ajuste debería ser de 21.600 millones de euros.

Esa cifra tiene que incrementarse con los ingresos extraordinarios de 2011, que no se repetirán en 2012. Estamos hablando de un mínimo de 17.000 millones de euros. Por eso, el auténtico esfuerzo presupuestario tendrá que ser de alrededor de 39.000 millones de euros.

Si en 2012 la economía española creciera lo que dice el Gobierno (un 2,2% desde abril, según el nuevo cuadro macroeconómico que sustituye al 2,5% del cuadro negociado con la Unión Europea y el FMI), los ingresos fiscales por todos los conceptos podrían crecer más de un 3%. Si tiene razón el Banco de España, el crecimiento de los ingresos podría ser del 2%, aproximadamente. En total, alrededor de 8.000 millones de euros. En ese caso, sería necesario reducir el gasto público en otros 31.000 millones de euros. Una reducción tan importante sólo podría hacerse reduciendo el gasto de las autonomías en 25.000 millones de euros, un 16% adicional sobre su total de gasto (si en 2011 el gasto conjunto se hubiera reducido a 150.000 millones de euros) y el de la administración central en otros 6.000 millones de euros. 

El esfuerzo tendría que ser mayor si la Seguridad Social no lograra el superávit previsto de 4.000 millones de euros. El esfuerzo total de reducción del gasto sería no de 31.000 millones de euros sino de 35.000 millones de euros. Un 3,5% del PIB.

Una reducción del gasto de esa cuantía, tras la de 2011, haría imposible que la economía creciese al 2,2%, y difícilmente lograría el 1,5%. Lo lógico sería un crecimiento muy reducido, que no generaría un aumento significativo de los ingresos públicos. Nos encontraríamos en el mismo tipo de círculo vicioso que afecta a Grecia, al Reino Unido y que, sin duda, afectará a Portugal.

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