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Las CCAA del PP pedirán más tiempo para devolver sus deudas con el Estado

Rajoy exigirá al Gobierno que "amplíe el plazo" a las regiones para resolver sus "problemas de liquidez".

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El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha adelantado este martes que su partido pedirá mañana al Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que amplíe el plazo para que las comunidades autónomas devuelvan los anticipos de ingresos adelantados por el Estado para ayudarles a resolver sus "problemas de liquidez".

Durante una conferencia en el marco de los cursos de verano organizados por la Universidad Complutense de Madrid en San Lorenzo de El Escorial, el líder del PP ha adelantado la posición de su partido en la reunión de mañana, en la que exigirá al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que tome "algunas decisiones" para aliviar la situación de las comunidades autónomas.

En concreto, ha explicado que las comunidades autónomas están "obligadas" a devolver al Gobierno "sumas importantes de recursos públicos" porque el Ejecutivo "en su día les dio más dinero que el que les correspondía porque se equivocó en su diagnóstico" económico y previó que iba a recaudar más dinero en ingresos públicos.

Como finalmente el crecimiento económico fue negativo, las comunidades autónomas recibieron más de lo que les correspondía "y ahora tienen que devolverlo". Por eso, le ha pedido que "amplíe el plazo" a las comunidades autónomas para "resolver el problema de liquidez", ya que esto "no afecta al déficit público ni al conjunto de la deuda pública".

La respuesta de Hacienda

La respuesta del secretario de Estado de Hacienda, Juan Manuel López Carbajo, no ha tardado en llegar. Ha asegurado que el acuerdo alcanzado con las comunidades autónomas sobre la devolución de los adelantos a cuenta ya es "generoso", y ha dicho que "no hay razón" para volver a aplazarlos, como ha avanzado el presidente del PP, Mariano Rajoy, que pedirán mañana en el Consejo de Política Fiscal y Financiero (CPFF) los consejeros autonómicos.

En rueda de prensa, López Carbajo prefirió esperar a ver si este miércoles se pone finalmente dicha propuesta sobre la mesa, si bien recordó que ya se acordó aplazar un año el pago de esas deudas y enfatizó que las comunidades tienen desde ese momento hasta cinco años para liquidar.

Así pues, López Carbajo añadió que las normas de pago ya "están en la ley" y que cuando la liquidación el positiva el Estado paga "a toca teja", mientras que las comunidades tienen hasta seis años, por lo que no habría por qué introducir cambios: "Me parece que no hay razón para modificar el sistema".

Así pues, apuntó que la liquidación negativa aplazada de las comunidades alcanzó los 18.736,46 millones de euros en 2009, pero que tras la moratoria las comunidades podrán empezar a devolver los adelantos en 2012.

Según añadió, este saldo negativo en 2009 se explica no por un mal resultado de la reforma de la financiación autonómica, sino por una caída de los ingresos tributarios autonómicos superior al previsto, que provocó que las aportaciones anticipadas elevarán el saldo negativo de dichas comunidades.

Cumplir el objetivo

El problema es que la petición de Mariano Rajoy puede chocar con el objetivo del Gobierno de reducir el déficit de las administraciones públicas al 6% a final de año. Ésta es una de las cuestiones centrales de la actual situación de la economía española. Por un lado, los inversores desconfían cada vez más de la capacidad del Estado español de cumplir con todas sus obligaciones de pago. Por eso, la prima de riesgo se ha disparado en los últimos días.

Al respecto del objetivo del Gobierno para que las comunidades asuman la regla de gasto establecido para el Estado, López Carbajo se mostró prudente y prefirió a esperar a que "transcurra" la reunión. Si bien, consciente del renovado peso del PP en el seno del Consejo, el secretario de Estado de Hacienda mostró su deseó e incluso confió en que los consejeros 'populares' muestren una "actitud positiva" y "responsable". "Todos nos jugamos mucho", dijo para añadir que también es de esperar que los planes de reequilibrio de algunas comunidades autónomas también puedan aprobarse mañana.

Se entiende que el Gobierno central será capaz de cumplir sus compromisos de déficit, pero se duda de que las regiones puedan hacer lo mismo. A esto se une que desde las últimas elecciones ha habido numerosas noticias que hablan de agujeros ocultos dentro de los balances regionales. Castilla-La Mancha es el caso más conocido, pero no es el único.

Todo este cóctel hace muy difícil prever qué ocurrirá en la reunión del miércoles. Por un lado, las comunidades pueden aducir que no es justo que paguen por un dinero que se les entregó de manera equivocada. Y los nuevos ejecutivos salidos de las urnas serán aún más beligerantes porque se han encontrado unas cuentas que no esperaban

Sin embargo, todas estas explicaciones no ocultan lo principal: que España tiene la obligación de cumplir con las cuentas previstas para este año. Si no lo hace, lo normal es que el proceso de encarecimiento de su deuda se dispare, con las previsibles consecuencias negativas sobre las cuentas públicas de todas las administraciones y acercan al país a la situación de Grecia o Portugal.

"Equilibrio presupestario"

Por eso, Rajoy ha anunciado que las comunidades autónomas gobernadas por el PP se comprometerán a reducir el déficit público y a trabajar para llegar al "equilibrio presupuestario", es decir, que "no gastarán más de lo que ingresen". También pedirán una norma nacional que fije un techo de gasto a todas las administraciones autonómicas y locales.

Por otra parte, los populares pedirán en el CPFF que "se diga la verdad y haya transparencia" y avisan de que si el déficit es mayor que el que dice el Gobierno y los anteriores gestores de las comunidades autónomas, y si hay "facturas en los cajones, van a "contarlo" porque "hay que partir de la realidad para luego poder actuar", según recoge Europa Press.

Finalmente, exigirán que todas las administraciones hagan un plan para "reducir el gasto corriente en los próximos cuatro años", como ya están haciendo las comunidades en manos del Partido Popular.

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