Pocos organismos del Estado tienen un nombre menos atractivo que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que este miércoles por la tarde volverá a reunirse en Madrid. Sin embargo, detrás de esta burocrática denominación se esconde el órgano donde se va a librar una de las batallas políticas más interesantes de los últimos meses. En el CPFF se reúnen las regiones con el Gobierno central para acordar todo lo que rodea a la financiación autonómica. En ocasiones, se trata simplemente de pactar cuestiones técnicas. Sin embargo, en los últimos tiempos ha cobrado una especial relevancia.
Prácticamente todos los observadores coinciden en que de las cuentas autonómicas depende el cumplimiento del objetivo de déficit del conjunto de las administraciones públicas. Con la prima de riesgo disparada y la capacidad de endeudamiento del Estado al límite, es imprescindible que las regiones se impliquen y apliquen una estricta política de austeridad. Éstas son las claves de esta última reunión antes de las vacaciones de verano.
PP-Gobierno: la última batalla
Puede que la de esta tarde sea la última gran batalla de la legislatura entre el Gobierno y el PP. Tras las elecciones autonómicas del 22-M, los populares controlan once gobiernos de las comunidades del régimen común, por una de los socialistas (Andalucía) y tres en manos de partidos regionales (Canarias, Cataluña y Asturias).
Desde el comienzo de la crisis, el PP ha querido vender su imagen como el partido de la austeridad. Es cierto que las regiones con gobiernos populares han tenido de media (con excepciones como Murcia o Valencia) menores déficits y acumulan menos deuda pública que las socialistas. Frente a este discurso, el Gobierno se pasó 2008 y 2009 defendiendo las políticas de gasto (Plan E, cheque bebé,...) como mejor manera de impulsar la actividad económica. Este planteamiento llevó a un déficit público disparado (11% en 2009 y 9% en 2010) y es el origen de muchos de los problemas que acosan a las finanzas públicas españolas.
Por eso, puede que ahora las tornas hayan cambiado. Por un lado, Elena Salgado sabe que ya no tiene margen de maniobra. España está en una situación de extremo peligro, con la prima de riesgo consistentemente por encima de los 300 puntos y muchas dudas sobre su capacidad para hacer frente a sus deudas. Es imprescindible dar la impresión a los mercados de que se toma en serio la reducción del déficit.
El problema para el PP es que quizás éste sea el peor momento para estas políticas de austeridad. Por un lado, muchos presidentes autonómicos populares acaban de aterrizar en sus despachos. Desde varias regiones (especialmente Castilla-La Mancha, pero también Cataluña) se denuncia la existencia de un déficit oculto de la administración anterior. Si el Gobierno aprieta mucho las tuercas, eso puede obligar a los ejecutivos autonómicos a aplicar duras medidas de recorte del gasto (aún más de las ya anunciadas).
A apenas unos meses de las elecciones generales, sería muy impopular aplicar reducciones del gasto público en áreas como la Sanidad o la Educación. Alfredo Pérez Rubalcaba quiere centrar su estrategia económica en atacar al PP como el partido de los recortes. Sería muy útil, electoralmente hablando, poder lanzar a la campaña la imagen de los nuevos gobiernos regionales populares adoptando medidas supuestamente "anti-sociales". Por eso, no parece sencillo que Elena Salgado abra la mano en la reunión que mantendrá esta tarde con sus colegas autonómicos. No le convienen a las cuentas del país, pero tampoco al PSOE.
La polémica de las entregas a cuenta
La discusión se ha centrado en la devolución de las entregas a cuenta que han recibido las autonomías en 2008 y 2009. En cada ejercicio, el Gobierno central hace una previsión de la recaudación y, en función de ese cálculo, paga la cantidad correspondiente a los gobiernos regionales. El problema es que en esos dos años los cálculos fueron muy optimistas. Hacienda entregó a las CCAA más dinero del que luego recaudó. Ahora, las autonomías tienen que devolver lo que recibieron de más, pero ya se lo han gastado.
La cantidad total asciende a unos 23.000 millones, que van desde los 4.600 que debe Andalucía a los 178 de las Islas Baleares. El plan del Gobierno es que los gobiernos autonómicos comiencen a devolver ese dinero a partir de 2012 y tarden seis años en completar el proceso. Eso obligará a hacer una previsión de gasto adicional en unos presupuestos regionales que ya están muy al límite. Pero el secretario de Estado de Hacienda, Juan Manuel López Carbajo ya ha advertido de que el sistema es "muy generoso" y "no hay razón" para facilitar este pago.
El PP pide que el plazo se amplíe a diez años, para otorgar algo más de margen a las autonomías para pagar. Su argumento es que no es justo que ahora afronten restricciones por un cálculo erróneo del Gobierno y que, además, hay nuevos presidentes autonómicos que se encuentran en una situación mucho más complicada de lo que creían sin que sea culpa suya.
Una muestra de la importancia que los populares le dan a esta cuestión es que fue el propio Mariano Rajoy el que salió ayer ante la prensa a exigir al Gobierno que amplíe el plazo de devolución de estas entregas a cuenta. El líder del PP adelantó que su partido exigirá al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que tome "algunas decisiones" para aliviar la situación de las comunidades autónomas. En concreto, ha explicado que las comunidades autónomas están "obligadas" a devolver al Gobierno "sumas importantes de recursos públicos" porque el Ejecutivo "en su día les dio más dinero que el que les correspondía porque se equivocó en su diagnóstico" económico y previó que iba a recaudar más dinero en concepto de ingresos públicos.
Como finalmente el crecimiento económico fue negativo, las comunidades autónomas recibieron más de lo que les correspondía "y ahora tienen que devolverlo". Por eso, le ha pedido que "amplíe el plazo" a las comunidades autónomas para "resolver el problema de liquidez", ya que esto "no afecta al déficit público ni al conjunto de la deuda pública".
Techo de gasto y planes de ajuste
Como medio para controlar aún más de cerca a las autonomías, Elena Salgado también tiene previsto pactar una regla de techo de gasto con los consejeros de Finanzas, que implicaría una multa para aquellos gobiernos que imcumplan y tengan un déficit superior al previsto. En esta cuestión es más sencillo que se logre un acuerdo, porque es una de las reivindicaciones clásicas del PP, aunque seguramente las regiones con mayores números rojos pedirán un período de adaptación.
El Consejo será intenso, ya que tratará también sobre los planes de ajuste de seis comunidades que quedan por aprobar y la distribución de 8.000 millones adicionales de la financiación autonómica de 2012, que deberán ir preferentemente a la sanidad. Los planes afectan a Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura y Baleares.