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Limitar el déficit sin poner un límite

Tras admitir que Zapatero le había convencido, tal vez enseñándole unas encuestas electorales, su obsesión fue la de introducir un matiz muy sutil: que la reforma para fijar un límite al déficit público en la Constitución no incluya el límite.

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El Gobierno de Zapatero siempre ha visto las leyes como instrumentos de marketing. Elementos con los que dar forma a su imagen pública. Nunca le han preocupado los efectos que provocan los nuevos mandatos, ni ha tenido el menor interés por los incentivos que generaba cada decreto que llevaba al Parlamento. Lo fundamental de las leyes era el titular del día siguiente. Por un momento pareció que el aún presidente, en una especie de repentino arrebato de lucidez previo a su muerte política, había decidido hacer algún bien por su país. Haciendo caso a las recomendaciones de las instituciones europeas, anunció que iba a promover una reforma constitucional para incorporar a nuestra Carta Magna un límite al déficit público. Prueba de que Zapatero conserva íntegras sus facultades políticas es que ha vuelto a sorprendernos. El anuncio del límite constitucional del déficit se va a quedar en eso: en el anuncio.

Nada más oír dicha propuesta de pacto constitucional, el Partido Popular se lanzó a apoyarla. La principal ventaja política que empuja a Rajoy a defenderla no es que llevara años pidiéndola de forma insistente, cayendo ésta noticia como una especie de prueba de que llevaba razón. No. Lo que le empuja a apoyar el cambio constitucional es algo mucho más potente: el recuerdo que tiene el electorado de Rubalcaba mofándose de la idea cuando la expuso Rajoy. Ese golpe de hemeroteca vuelve como un boomerang, y hunde, un poco más si cabe, las aspiraciones socialistas de conservar el poder. Éste ha sido el motivo, además, por el que Zapatero ha decidido cambiar sus planes iniciales e introducir en el artículo constitucional la literatura dictada por Rubalcaba.

Conste que un límite al déficit no garantiza nada, pues va acompañado de una larga lista de excepciones por las que los gobernantes pueden saltarse la norma siempre que les convenga. Cosa, por otro lado, que revela que los políticos siguen sin entender que no se debe gastar más de lo que se ingresa, y menos durante una crisis económica. Pero pese a todo, el candidato socialista, acorralado por la hemeroteca, ha logrado imponer su criterio. Tras admitir que Zapatero le había convencido, tal vez enseñándole unas encuestas electorales, su obsesión fue la de introducir un matiz muy sutil: que la reforma para fijar un límite al déficit público en la Constitución no incluya el límite. ¿No es magistral? Así puede presumir, aún habiendo perdido la batalla en los medios, de haber logrado evitar cualquier tipo de limitación legal al despilfarro político. Resulta lógico, pues durante toda su trayectoria política ha demostrado que cree ciegamente en el despilfarro como método de gestión presupuestaria. Y así nos ha ido.

Ignacio Moncada es ingeniero industrial por ICAI y trabaja como analista financiero de inversiones en Nueva York.

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