Este miércoles, María Dolores de Cospedal acaparó todos los titulares con la presentación de un plan con el que prevé recortar un 20% del gasto público corriente en Castilla-La Mancha. Es el mayor paquete de ahorro presentado nunca en España por una administración. El proyecto de la secretaria general del PP incluye la eliminación de subvenciones, la reducción del número de liberados sindicales o la supresión de organismos como el Defensor del Pueblo autonómico. El objetivo es reducir el gasto en un 20% del total de los Presupuestos para 2011 (pasando de 8.616 millones de euros de este año a unos 6.800 millones, tras ahorrarse unos 1.800 millones, 1.718 en gastos y 97 por nuevos ingresos).
Viendo todos estos datos, surge la pregunta de si no podrían hacer todas las administraciones algo parecido a lo propuesto por la nueva presidenta castellanomanchega. Parece claro que uno de los principales problemas de la economía española proviene del alto nivel de endeudamiento de su sector público, por lo que un plan de ajuste que redujese el déficit y ayudase a cancelar parte de la deuda podría ser el primer paso para una recuperación económica sostenible. Es una decisión complicada desde el punto de vista político, puesto que supone cargarse importantes partidas de gasto que parecen intocables (y enfrentarse a importantes grupos de presión que temen perder sus privilegios), pero el Plan Cospedal demuestra que si se quiere o no se tiene otro remedio es más que posible hacerlo.
En el año 2009, las administraciones públicas españolas gastaron 485.200 millones, lo que supuso un 46% del PIB español (por cierto, el nivel más alto en catorce años y eso que entonces ya se sabía que estábamos en una profunda crisis). De entre los gastos no financieros (los no destinados a pagar los costes de la deuda), casi un 30% correspondió a la administración central y un 35% a la Seguridad Social (básicamente pensiones y desempleo). Mientras, a las CCAA les correspondía el 24% y a los ayuntamientos poco menos del 11%.
Si tomamos aquella cifra de casi 500.000 millones como referencia y le aplicamos el 20% de recortes, nos saldría un ahorro de poco menos de 100.000 millones de euros. Es una cantidad enorme, más de seis veces el famoso tijeretazo de mayo de 2010, que sumó 15.000 millones. Con un ajuste de esta magnitud, posiblemente, se lograrían sanar de un plumazo las cuentas públicas españolas. De un día para otro, y los políticos españoles podrían olvidarse de primas de riesgo, subastas de deuda, eurobonos y todas esas cuestiones que tan presentes han estado en los últimos meses. Pero claro, hay que tener voluntad política para acometerlo.
Administración Central: el Gobierno de la nación posiblemente sería el que más problemas encontraría para este recorte. Por una parte, es cierto que es el que más gasta de entre todas las administraciones, pero por otra también es verdad que está más atado por una serie de gastos sociales muy difíciles de recortar (pensiones o prestaciones por desempleo). Sólo el pago a los pensionistas supone más de 110.000 millones de euros al año (casi una cuarta parte del gasto público total) y el subsidio de paro suma algo más de 30.000 millones. Para reducir este montante lo más sencillo es acometer las reformas estructurales que el país necesita, que generen empleo (lo que, al mismo tiempo, incrementaría la recaudación y reduciría los gastos). Además, el Gobierno tiene que hacer frente al pago de la deuda ya emitida, que este año se llevará sólo en intereses 27.000 millones de euros.
Sin embargo, incluso con estos condicionantes, también tiene margen de maniobra aquél que sustituya a José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa. Juan Ramón Rallo y Manuel Llamas ya explicaron hace unos meses cómo el Ejecutivo podría prácticamente acabar con su déficit en unas horas, simplemente quitándose de encima gastos superfluos, que ni corresponden a las partidas denominadas como "sociales" ni a las funciones básicas del Estado (justicia, seguridad y defensa). Serían 30.000 millones de euros que equilibrarían el presupuesto en un abrir y cerrar de ojos. Y no serían las únicas partidas de las que se podría recortar con facilidad. Por ejemplo, la venta de edificios públicos infrautilizados podría aportar hasta 14.000 millones (y, además, supondría un ahorro considerable en gastos fijos).
En el siguiente gráfico, tomado del informe España en la encrucijada, del Círculo de Empresarios, puede verse la evolución de la deuda pública de la administración central y del conjunto de las AAPP en los últimos años.
Comunidades autónomas: Pero si la situación del Gobierno central es mala, prácticamente todos los analistas coinciden en que el mayor agujero se encuentra en los balances de las autonomías. Aunque la cantidad total que deben es menor, su ritmo de crecimiento en los últimos años y la incapacidad de sus gobiernos para poner coto al despilfarro ha generado miedo entre los inversores a que sean las regiones las que acaben hundiendo las cuentas del conjunto del país.
Hace apenas tres años la deuda pública en manos de las CCAA sumaba el 5,9% del PIB, mientras que ahora ya ronda el 11,5% (prácticamente el doble). Hay cuatro comunidades (Baleares, La Mancha, Cataluña y Valencia) que superan ampliamente el 15% de su PIB regional. El Ejecutivo de José María Barreda, pasó de recibir unas cuentas más o menos saneadas, con una deuda del 3,7% del PIB regional en 2004, a estar al borde de la quiebra, con un 16,9% de números rojos en estos momentos. Por todo esto, no es extraño que en 2007 el gasto regional sobre el conjunto de las administraciones públicas fuera del 21,9% del total, mientras que dos años después ya superaba el 24%.
Además, los gobiernos autonómicos han descubierto la panacea de las empresas públicas, a las que desvían fondos y personal no funcionario, y que se han multiplicado como setas por toda la geografía nacional, añadiendo una nueva fuente de derroche. Las más de 3.800 entidades de este tipo que existen en España deben más de 52.000 millones, un 5% del PIB del conjunto del país. No sólo las CCAA tienen empresas públicas, pero sí son estas administraciones las que más han contribuido (y con mucha diferencia) a su expansión en los últimos años.
La suma de los gastos previstos en los Presupuestos Generales de las CCAA para 2010 daba algo menos de 184.000 millones de euros. Si todas aplicasen un paquete similar al presentado por María Dolores de Cospedal, el ahorro rondaría los 37.000 millones de euros. De nuevo, una cantidad muy importante y que por sí sola sanearía en gran parte la situación del conjunto del país.
Ayuntamientos: Las administraciones locales presentan un presupuesto acumulado de casi 75.000 millones de euros. Aunque es una cantidad inferior a la de los gobiernos central y autonómicos, no es en absoluto baladí. Un recorte del 20% en todos los municipios de España aportaría un alivio financiero de 15.000 millones de euros (el equivalente a un tijeretazo similar al anunciado por Zapatero en mayo de 2010).