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El PSOE se marcha dejando vacías las arcas de Baleares, Extremadura y La Mancha

Los sucesores de Fernández Vara, Antich y Barreda tendrán que apretarse el cinturón para cumplir con los objetivos de déficit para 2011.

LIBRE MERCADO
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José María Barreda, Guillermo Fernández Vara y Francesc Antich perdieron las elecciones autonómicas del pasado 22 de mayo. Pero los tres presidentes socialistas dejaron un regalo envenenado a sus sucesores: el déficit público de estas tres comunidades superó el 2% del PIB en los seis primeros meses del año. La cifra es alta en sí misma, pero es aún más grave si se tiene en cuenta que el objetivo para el conjunto del año es del 1,3%. Es decir, que en la mitad de este ejercicio, los tres presidentes ya se han comido todo el margen que les había concedido el Gobierno.

Al menos, a ellos les quedará el consuelo de que no tendrán que ocuparse de este tema; serán sus sucesores los que tengan que apechugar con los duros ajustes del gasto que les permitan cumplir con los objetivos previstos- De hecho, María Dolores de Cospedal ya ha anunciado el suyo en La Mancha y ha generado polémica, porque el recorte que tendrá que acometer será muy importante y supondrá una importante reducción en numerosas partidas de gasto.

Era previsible que las CCAA no fueran especialmente responsables en los primeros meses del año. Aunque la situación financiera de las administraciones públicas en España es muy peliaguda, la proximidad de las elecciones autonómicas era un acicate para que los políticos más derrochadores dejaran para más tarde las reducciones del gasto. Luego, en el peor de los casos, serían otros quienes tendrían que aplicar los recortes.

Pues bien, de las 17 comunidades autónomas, sólo cinco cerraron el primer semestre con menos del 0,75% de déficit, la cifra que el Gobierno había considerado como pertinente para garantizar el 1,3% a final del ejercicio. Estos cinco alumnos aventajados han sido Aragón (-0,63 por ciento), La Rioja (-0,64), Madrid (-0,70), Canarias (-0,71) y País Vasco, que ha sido la única que ha registrado un dato positivo, con 0,12 por ciento.

Los derrochadores

En el lado contrario, destacan los casos de Baleares, Extremadura (-2,59%) y Castilla-La Mancha (-4,16%), que presentaron un saldo presupuestario negativo por encima del 2 por ciento; para el resto de autonomías, estuvo entre el 0,75 y el 2 por ciento del PIB regional.

En conjunto, las comunidades autónomas cerraron el primer semestre del año con un déficit de 13.066,49 millones de euros, el 1,20% del PIB, según ha anunciado la vicepresidenta económica, Elena Salgado, en rueda de prensa. En su opinión, aunque la cifra está muy cerca del objetivo anual, el resultado es compatible con los objetivos marcados y consecuencia de unos ingresos no financieros que han caído un 3,59%, mientras que los gastos han subido un 0,48%. La cifra del 1,20% se mantiene dentro del déficit del 1,3% que deben registrar las comunidades al cierre de este ejercicio, después de haber cerrado el 2010 con un saldo negativo del 2,8%, cuatro décimas por encima de lo previsto.

Salgado pasa lista

Salgado ha anunciado también que ha convocado a las comunidades autónomas que hayan superado el 0,75 por ciento del déficit en el primer semestre para que informen al Gobierno en qué medida están poniendo en marcha los compromisos del Plan de Equilibrio Financiero. La ministra ha subrayado que "es evidente" que las comunidades que han superado el 0,75 por ciento deben poner en marcha el plan económico para que puedan cumplir los compromisos adquiridos y, por tanto, en las reuniones que mantendrán a partir de la próxima semana darán cuenta de en qué medida han puesto en marcha los planes económicos.

Ha recordado que transcurridos dos meses de que se hayan constituido los gobiernos, tras las elecciones autonómicas, es el momento de tener, a partir de la próxima semana, reuniones individuales para comprobar las medidas que han adoptado. La ministra, como si se tratara de una profesora pasando lista a los alumnos que no hacen los deberes, ha insistido en que el Gobierno seguirá realizando un seguimiento de las actuaciones -ya con vistas a la reforma constitucional- para garantizar que las comunidades pongan en marcha las medidas a las que se han comprometido para poder cumplir el objetivo de déficit presupuestario.

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