El Gobierno griego afronta una nueva prueba de fuego. La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, celebran este miércoles una videoconferencia con el primer ministro heleno, Yorgos Papandreu, con el objetivo de buscar alguna fórmula que evite la quiebra del país. El desplome que sufren las bolsas europeas en las últimas jornadas se transformó el martes en un rebote tras las palabras de Merkel: "Encontraremos el camino para rescatar a Grecia".
Atenas está pendiente de recibir a finales de este mismo mes un nuevo tramo el primer plan de rescate aprobado en mayo de 2010, por valor de 8.000 millones de euros. En caso contrario no tendrá dinero para sufragar ni sueldos ni pensiones públicas, tal y como avanzó Libre Mercado. De hecho, el Gobierno de Papandreu ya ha congelado la mayoría de pagos ante la extrema falta de liquidez que tiene el Estado.
En, concreto, el Ministerio de Hacienda ha tomado la decisión de no abonar pagos atrasados a servicios públicos básicos, tales como hospitales, Seguridad Social y entes locales, por valor de 6.500 millones de euros en julio, lo cual incrementará aún más el volumen de facturas pendientes. El Gobierno tan sólo ha excluido de dicha congelación el pago de sueldos y pensiones públicas, pero admite que se le terminará el dinero a medios de octubre.
Su Estado depende, pues, por completo de la ayuda exterior. Más allá del resultado de la reunión a tres bandas de Papandreu, está previsto que este miércoles aterricen de nuevo en Atenas los inspectores de la troika -Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional- tras la suspensión temporal de las negociaciones bilaterales hace ahora dos semanas. Los técnicos tienen la misión de comprobar la evolución presupuestaria de Grecia y poner en marcha nuevas medidas de ajuste para frenar el déficit.
Y es que, pese al compromiso de reducirlo al 7,8% del PIB en 2011 a cambio del rescate, los últimos datos disponibles muestran que la brecha fiscal creció hasta los 18.600 millones de euros entre enero y agosto frente a los 15.700 de 2010, un aumento del 22,5%. Es decir, su déficit público no sólo no se reduce sino que está subiendo debido, según Atenas, a que la contracción económica está siendo muy superior a la prevista inicialmente (-7,3% interanual en el segundo trimestre).
La negativa inicial de Atenas a realizar nuevos ajustes provocó el lanzamiento de un ultimátum por parte de Alemania, decidida a no desembolsar ni un euro más en caso de que no se adopten más medidas. Ello implicaría la quiebra pura y dura de Grecia y su posible salida del euro, un panorama que ha disparado las alertas en medio mundo.
De hecho, el mercado ya está descontando tal escenario. La rentabilidad del bono heleno a 10 años tocó el martes el 25% por primera vez, el de dos años superó el 70% y el de un año superó ampliamente la barrera del 110%. Según los datos de CMA, en base a los seguros de impago griegos (credit default swaps), la probabilidad de quiebra de Grecia se elevó hasta el 98%, un nuevo récord. Así pues, la cuestión ahora no es tanto si quebrará o no -de hecho, el segundo rescate acordado en julio impone un default suave a los acreedores privados- sino cómo se llevará a cabo: de forma "ordenada" y, por tanto, dentro de la zona euro -con quitas superiores al 21% estipulado en julio-, o bien de forma desordenada con la consiguiente salida de la Unión.
Desconfianza total
La desconfianza es total entre los inversores, empresas y particulares. Hasta tal punto esto es así que, desde hace ya algún tiempo, algunas grandes multinacionales farmacéuticas tan sólo venden medicamentos a la Sanidad pública helena, como por ejemplo insulina, previo pago por parte de Atenas en un banco suizo, según fuentes del sector.
No en vano, si cae el Estado detrás irá su banca. El sector financiero griego está siendo sostenido en el aire gracias, no sólo a los préstamos del BCE, sino también a través de las líneas extraordinarias de liquidez facilitadas por el Banco Central de Grecia, bajo el nombre de ELA. Esta medida, aplicada también en Irlanda, permite a los bancos centrales inyectar a su banca créditos a muy corto plazo y a un interés mayor que los del BCE, aceptando como colateral activos que no está dispuesto a asumir ningún agente -ni otros bancos en el interbancario ni el propio BCE-, es decir, activos basura. Se trata, pues, de una especie de monetización de deuda por la puerta de atrás.
Según los últimos datos oficiales, el Banco Central de Grecia concedió a la banca algo más de 13.000 millones de euros el pasado julio, muestra de los enormes problemas que atraviesa su sector financiero.
Adquisición de activos en junio:
Adquisición de activos en julio:
La delicada situación de la banca griega se ha visto agravada por la constante fuga de depósitos que sufre en los últimos meses por parte de particulares y empresas. En concreto, el volumen total de depósitos bancarios ha caído desde los 233.000 millones de euros en enero de 2010 hasta apenas 187.000 el pasado julio (pinchar en la imagen para ampliar). Es decir, cerca de 46.000 millones de euros -el 20% de los depósitos- han huido del país.
Más ajustes y huelgas
En los últimos días, el Gobierno griego se ha esforzado en tapar agujeros y acallar rumores de quiebra en una carrera para convencer a sus socios europeos y al FMI de que hace lo posible para reducir el déficit y de que el país aún puede salvarse de la bancarrota. Así, entre otras medidas, el Ministerio de Finanzas ordenó el martes a 151 empresas con participación estatal reducir sus plantillas en un 10%. Entre las empresas afectadas figuran la del ferrocarril, la radiotelevisión estatal, la agencia de noticias ANA y la empresa del gas.
La medida contempla, además, dejar a los trabajadores públicos en la reserva durante un año, durante el que cobrarían el 60% de su sueldo. Si tras ese periodo no pueden volver a ser contratados, quedarían despedidos. Varios medios locales calculan que unas 20.000 personas podrían verse afectadas por esa reducción de personal. Además, se ha anunciado que el propio presidente del país, los parlamentarios en Atenas y Bruselas, los ministros y los alcaldes renunciarán a una de sus pagas para contribuir a reducir la deuda, informa Efe.
El Gobierno también tiene que definir esta semana el impuesto inmobiliario que anunció el pasado domingo, que grava con 4 euros el metro cuadrado la propiedad de viviendas. Esta tasa, con la que se pretenden recaudar 2.000 millones de euros este año, ha sido rechazado por los sindicatos y los trabajadores de la compañía eléctrica, encargada de cobrar el impuesto, han anunciado que boicotearán su aplicación.
De hecho, las protestas sociales contra los recortes se siguen sucediendo en las calles del país. Los taxistas protagonizaron ayer su enésima protesta por la liberalización del sector, que denuncian afectará a 27.000 conductores. Unos 6.000 profesionales cortaron los accesos al centro de Atenas y se concentraron frente al Parlamento. Junto a ellos se manifestaron funcionarios de Hacienda y de Aduanas, afectados también por la política de recortes de empleos públicos. Por último, los indignados griegos han convocado para este miércoles una protesta en la que también participarán funcionarios y trabajadores privados.