Los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales de los países miembros del G-20 publicaron un comunicado conjunto este fin de semana en el que se comprometían a ofrecer una "respuesta internacional fuerte y coordinada" para afrontar la crisis de deuda pública en la zona euro. Aunque no especificaron los detalles de este último plan, las negociaciones giraron en torno a tres puntos básicos:
1. Aplicar una quita mínima del 50% sobre los bonos helenos.
2. Ampliar el actual Fondo de rescate europeo (EFSF, por sus siglas en inglés) desde los 440.000 millones hasta los 2 billones de euros a fin crear una espcie de "cortafuegos" para limitar el contagio que causaría la quiebra de Grecia. Esto se haría, básicamente, poniendo en marcha el plan que propuso el secretario de EEUU, Tim Geithner, a los líderes de la UE en su última reunión, es decir, que el BCE pueda comprar de forma masiva deuda periférica empleando como aval el dinero del Fondo de rescate para cubrir posibles pérdidas.
3. Recapitalizar a la banca europea.
Plazo máximo de seis semanas
Los gobiernos de la UE cuentan con apenas seis semanas para poner en marcha esta nueva estrategia. En primer lugar, las autoridades internacionales dan por hecho que Grecia deberá sufrir algún tipo de default (suspensión de pagos). En concreto, se baraja que los acreedores privados tengan que aceptar una quita mínima del 50% en los bonos helenos, con el objetivo de reducir el enorme volumen de deuda pública que registra Grecia, próximo al 160% del PIB. Así pues, el descuento sería superior al que se planteó en el segundo rescate griego, acordado el pasado julio (una quita del 21%).
Pese a todo, la idea es que Grecia quiebre dentro de la zona euro. Por ello, para evitar el temido contagio, el segundo elemento del plan consistiría en incrementar el Fondo de rescate europeo hasta los 2 billones de euros, casi cinco veces su actual tamaño. Esto se lograría a través del Banco Central Europeo (BCE). La entidad podría ampliar de forma sustancial la adquisición de títulos empleando como aval los 440.000 millones que posee el EFSF. De este modo, el Fondo asumiría el riesgo de los bonos periféricos adquiridos por Trichet.
Por último, el tercer elemento prevé fortalecer el capital de los grandes bancos europeos para absorber las pérdidas derivadas de la quiebra de países.
Se retrasa el viaje de los supervisores
Mientras, el regreso a Atenas de los inspectores de la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI), previsto para principios de esta semana, se ha vuelto a retrasar porque el Gobierno griego todavía no ha aprobado todos los ajustes necesarios para cumplir los objetivos de déficit, ni ha puesto en marcha las reformas y privatizaciones comprometidas.
Los inspectores deben certificar si Grecia cumple las condiciones para recibir un nuevo tramo de ayuda urgente de 8.000 millones de euros, sin la cual Atenas no podrá pagar salarios y pensiones en octubre. El nuevo aplazamiento hará imposible que la asistencia se apruebe en el Eurogrupo del 3 de octubre, según ha dicho el portavoz de Asuntos Económicos, Amadeu Altafaj.