Empieza la precampaña electoral y las distintas formaciones incluyen en sus respectivos programas promesas de toda índole a fin de combatir la profunda crisis económica que sufre España. Siendo el paro la principal preocupación de los españoles en los últimos años, resulta lógico que los partidos políticos centren sus propuestas en la aplicación de medidas destinadas a reducir la tasa de desempleo más alta de la zona euro.
Así, por ejemplo, el PP aspira a generar 3,5 millones de empleos la próxima legislatura, incentivando la aparición de un millón de empresarios a través de ventajas fiscales para el surgimiento de empresas y de autónomos. Por su parte, el PSOE que ahora lidera Alfredo Pérez Rubalcaba, asumiendo el recetario económico del 15-M, pretende imponer a las empresas la contratación de licenciados y asegura que subirá sueldos y pensiones públicas aumentando los impuestos a los bancos y a las rentas altas. Sin embargo, no sólo los dos grandes partidos lanzan propuestas en esta materia. Izquierda Unida (IU) también tiene su particular plan. Y éste consiste, básicamente, en imitar el fallido Plan E de Rodríguez Zapatero, sólo que multiplicándolo por siete.
Bajo el título "Plan Trienal de Empleo 2012-2015", IU propone gastar 75.000 millones de euros con la intención de crear 3 millones de puestos de trabajo, reduciendo así la tasa de paro hasta el 8%. "El empleo está por encima de todo", reza el argumentario, que se centra en tres puntos clave: crear empleo desde lo público; redistribuir y racionalizar el empleo existente; y apoyar a las pequeñas empresas y autónomos para que estén en condiciones de crear empleo.
El siguiente cuadro, elaborado por el blog El Liberal Autodidacta, recoge las inversiones proyectadas y el tipo de empleo que se pretende generar mediante más gasto público:
En concreto, aspira a crear 420.000 puestos de trabajo dedicados al mantenimiento forestal, con un coste estimado de 14.500 millones de euros; otros 400.000 para rehabilitar viviendas (6.000 millones de euros); 270.000 empleos "sociales" (10.000 millones de euros); 650.000 en formación de empleo (9.500 millones); 240.000 empleos en infraestructuras (15.000 millones de euros); 600.000 puestos en pymes (12.000 millones); y otros 470.000 mediante la reducción de jornadas y otras medidas laborales complementarias (coste de 8.000 millones de euros).
De este modo, IU propone que el Estado -con el dinero del contribuyente- gaste, ni más ni menos, que unos 25.000 euros por trabajador. Pese a ello, el partido señala que el coste público sería inferior al estipulado, ya que esos mismos empleos creados generarían ingresos fiscales y reducirían el gasto en pretaciones públicas. En concreto, la inversión pública neta ascendería a 37.500 millones de euros, algo más del 3,5% del PIB, según IU
Pese a ello, su "Plan Trienal" no tiene en cuenta el fracaso cosechado por el Plan E de Zapatero, ni mucho menos la productividad o conveniencia de tales puestos de trabajo (limpiar bosques, infraestructuras, servicios sociales...) que, al ser mayoritariamente públicos, supondrían un gasto fiscal directo muy superior al que recoge el documento.
Por otro lado, su segunda medida estrella consiste en "reducir por Ley la Jornada Laboral a 35 horas", manteniendo intacta la retribución. Esta idea fracasó, igualmente, en los países que, como Francia, la llegaron a implantar. Esto, junto con la "conciliación de la vida laboral y familiar" y la "racionalización de horarios", generaría 400.000 empleos, según IU. En la práctica, puesto que la reducción de jornada no implicaría ningún tipo de rebaja salarial, encarecería los costes laborales en una media del 14%, unos 4.456,78 euros anuales por trabajador, tomando como referencia la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del segundo trimestre. Nada dice IU acerca de la pérdida de competitividad que ello provocaría a la economía nacional.
Por último, el Megaplan E de IU va acompañado de todo un compendio de subidas fiscales para poder financiarlo, algunas de las cuales ya han sido planteadas por Rubalcaba:
- Reducción en el año 2012 del fraude de las grandes empresas en un 10%, lo que incrementaría la recaudación en 0,4 puntos de PIB.
- Afloramiento de un 10% de la economía sumergida, lo que incrementaría la recaudación en 0,6% del PIB.
- Restauración efectiva del Impuesto de Patrimonio, lo que redundaría en un aumento de ingresos del 0,2% del PIB.
- Aplicación de un impuesto a las entidades financieras, lo que podría representar, al menos, 0,5% puntos de aumento de la recaudación.
- Reconsideración a la baja de las exenciones, subvenciones y otros gastos fiscales de los impuestos españoles, principalmente IRPF, Sociedades e IVA, lo que podría representar, al menos 0,3% de incremento de la recaudación.