He escuchado auténticas barbaridades sobre la prestación por desempleo en las últimas semanas que prefiero olvidar y dejarlas enmarcadas en el lenguaje de la campaña electoral. Ahora que, por fin, terminó, me parece adecuado aportar algunas reflexiones desde la serenidad de un debate serio. Debemos retomar la filosofía de este gasto en el sentido de que se trata de una ayuda que debería ser muy coyuntural. Es decir, algo estamos haciendo mal si la recepción de este subsidio desincentiva la búsqueda activa de empleo por parte del desempleado e, incluso, llega a competir con un salario. Es fundamental condicionar esta política pasiva de empleo con las políticas activas. En estas últimas, incluyo básicamente la búsqueda activa de empleo con el apoyo de la iniciativa privada, junto con la pública que se muestre eficiente y las políticas de formación, igualmente que se muestren eficientes. No me parece serio criticar de forma general las políticas de formación, porque estamos haciéndolo a un vector catalizador de la competitividad de nuestra economía y de empleabilidad de nuestro capital humano. Para ello, lo que parece urgente es que impongan todo tipo de auditorías de calidad a los programas de formación, es decir, que sean evaluados y se examine cuáles generan empleabilidad, cuáles favorecen el acceso al empleo, cuáles mejoran las carreras profesionales y cuáles empujan nuestra competitividad. Así tendremos argumentos de peso para eliminar de forma fulminante aquellas acciones que sean simples commodities y potenciar las que resulten un aliado real para nuestra economía. Y ya no vale decir que eso no es medible. La ciencia económica tiene herramientas para evaluar todos esos conceptos.
Por otro lado, teniendo en cuenta la terrible situación laboral que padecemos, sería conveniente alargar de forma temporal el periodo de percepción de esas ayudas, pero escalonar su cantidad de forma que, aunque la cifra global sea la misma, las percepciones sean mayores al principio y vayan reduciéndose a medida que van transcurriendo los meses. De esta forma, se está incentivando la búsqueda activa de empleo sin reducir la cantidad total que percibe quien, lamentablemente, cae en el desempleo y se evita que el subsidio se vea como un salario. Además, esta medida ayudaría a favorecer la escasa movilidad que padece nuestro mercado de trabajo, lo cual no tiene sentido si atendemos a las enormes diferencias de tasa de paro de nuestras comunidades autónomas. Andalucía muestra una tasa de paro superior al 30%, mientras que otras comunidades, como Navarra, tienen algo más de un diez. El desempleado suele ser más propenso a la movilidad geográfica. De hecho, el que no tiene un empleo pero recibe el subsidio de la manera actual no es más propenso a emigrar que un empleado, pero cuando deja de percibir el subsidio, la probabilidad de movilidad se multiplica por nueve (De la Roca, 2011).
Al mismo tiempo, hay que actuar para favorecer la unidad de mercado dentro de nuestro ámbito laboral. No pueden ser mundos diferentes Andalucía de Galicia o Cataluña de Castilla-La Mancha. Y, por último, tenemos que transformar nuestro concepto tradicional de seguridad en el puesto de trabajo por el de seguridad en el empleo. Para ello, es necesario tener una red eficiente de agencias de empleo, contar con trabajadores de notable empleabilidad a través de la formación de valor añadido, y favorecer un entorno donde las empresas no desaparezcan, sino que se creen y puedan crecer.