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Friedman y la sanidad catalana

Cualquiera que analice la cuestión con frialdad, se dará cuenta de que hay miles de fórmulas que ofrecen soluciones mejores que las actuales para los pacientes, los alumnos, los médicos y los profesores.

Domingo Soriano
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Una de las peores consecuencias del mal llamado Estado del Bienestar es que ha generalizado la impresión de que hay servicios que sólo puede proporcionar la administración. De esta manera, se crea la ilusión (falsa, pero muy presente en el discurso cotidiano) de que somos afortunados por tener a nuestros políticos preocupándose por nosotros, puesto que si nos dejarán manejar nuestras vidas según nuestros propios criterios, nos equivocaríamos y no tendríamos a nadie que nos protegiera. En ningún otro aspecto esto es más evidente como en la sanidad y la educación.

En las últimas décadas, se ha producido en Europa un saludable proceso privatizador. Poco a poco, el contribuyente se percató de que las aerolíneas, las compañías telefónicas o los aparatos industriales públicos eran completamente ineficientes y ruinosos desde el punto de vista económico. Además, proporcionaban un servicio de muy baja calidad, cada vez más alejado de las necesidades de los consumidores.

Paradójicamente, en los dos bienes que todas las familias más valoran –los cuidados médicos y la educación de los hijos– se ha impuesto de forma abrumadora la creencia de que sólo el Estado es capaz de proporcionar un servicio universal, que nos proteja a todos, especialmente a los hogares menos adinerados. Esto no tiene ningún sentido: precisamente porque nuestra salud y la formación de los jóvenes nos importan tanto es por lo que debemos alejarlas lo más posible de la ineficiente burocracia pública. ¿Por qué creemos que la organización que no es capaz de producir buenos coches a un precio competitivo va a ser particularmente eficiente a la hora de cuidar de nuestros hijos? ¿Por qué permitimos que Leire Pajín o su equivalente autonómico tomen decisiones sobre los cuidados médicos a los que podemos acceder?

Pensaba en todo esto el pasado martes, mientras leía la noticia de que la Generalidad está pensando "imponer" una póliza de seguros obligatoria a los catalanes con rentas más elevadas. Es una información que se une a los continuos globos-sonda sobre la generalización del copago en la sanidad pública. Es el colmo. Después de asegurarnos que los elevadísimos impuestos que pagamos servirían al menos para proporcionarnos unos servicios públicos de calidad, ahora nuestros políticos nos amenazan con hacernos pagar dos o tres veces por algo que ellos mismos han dicho miles de veces que es un "derecho" (de nuevo una palabra completamente distorsionada por el intervencionismo liberticida). Esto por no hablar del perverso incentivo que se crea: aquel catalán que se enriquezca por encima del arbitrario nivel declarado por su Gobierno autonómico, vería cómo, por un lado, se le expulsa de la sanidad pública y, por otro, se le obliga a realizar un gasto que quizás no quiera acometer, empujándolo a los brazos de las compañías aseguradoras, que tendrían un nuevo cliente cautivo. Artur Mas, el jefe del consejero en cuestión, ya ha salido a negar que vayan a aprobar algo así, pero todas las propuestas conocidas en los últimos días van dirigidas hacia el mismo sitio: encarecer la sanidad pública sin ofrecer ninguna alternativa válida al sufrido contribuyente.

Lo cierto es que hay muchas opciones que garantizarían un servicio de mayor calidad, tanto en educación como en sanidad, a un coste mucho más reducido. Juan Ramón Rallo proponía este martes, en estas mismas páginas, un sistema de exenciones fiscales para aquellos que contratasen un seguro privado, unido a un copago creciente en función de la renta en la sanidad pública, una mezcla que generaría incentivos para ahorrar y mejorar la eficiencia del sistema en todos los niveles.

Del mismo modo, hace muchos años que los liberales defendemos la opción de un cheque escolar o sanitario, que devuelva a los ciudadanos parte de los impuestos que han pagado para permitirles que sean ellos los que escojan cuál quieren que sea su proveedor. Algo que ahora mismo sólo pueden hacer los más pudientes (elegir escuela para sus hijos y hospital para cuando enferman) estaría al alcance de toda la población.

A finales de la década de los 70, Milton Friedman, uno de los mejores divulgadores que ha tenido nunca el liberalismo, realizó una fantástica serie de televisión ofreciendo alternativas sencillas y realistas al asfixiante intervencionismo que nos rodea (pueden ver todos sus capítulos traducidos al español en la web de la Universidad Francisco Marroquín). En concreto, en sanidad y educación, el economista norteamericano fue uno de los primeros en presentar soluciones que dieran más peso al mercado y a la iniciativa privada, tanto para garantizar los máximos servicios para todos, como para reducir el insoportable coste de un Estado del Bienestar que, como vemos cada día, es por definición insostenible.

Friedman tituló su serie como su libro más famoso: Libertad de elegir. Es curioso como sólo tres palabras explican perfectamente cuál es la raíz del problema al que nos enfrentamos. Cualquiera que analice la cuestión con frialdad, se dará cuenta de que hay miles de fórmulas que ofrecen soluciones mejores que las actuales para los pacientes, los alumnos, los médicos y los profesores. Pero todas ellas pasan por quitarle poder a los burócratas y entregárselo a los ciudadanos. "Libertad" y capacidad para "elegir" sin tenerles en cuenta: nada hay que dé más miedo a los políticos. Eso lo sabía bien Milton Friedman, aunque no estuviera el martes en Barcelona.

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