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La cantidad de activos retrocede ocho años

El Gobierno actual, mientras estuvo en la oposición, demostró hacer un diagnóstico correcto y asumió la necesidad de aplicar el tratamiento de la modernización de nuestro mercado laboral. Pero los políticos se valoran básicamente por lo que hacen.

Francisco Aranda
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Ya se agotan las palabras del diccionario para describir el dramatismo de las cifras del paro que nos trae cada mes el Servicio Público de Empleo Estatal. La caída del empleo en el mes de enero ha sido la segunda más intensa desde el inicio de la crisis, sólo superada por el todavía recordado enero de 2009. Entre agosto de 2011 y enero de 2012, la destrucción neta de empleos ha sido de casi 700.000 empleos, es decir, un 57,6% más que en el mismo período del año anterior.

Respecto a los sectores donde se han producido estas pérdidas de empleos, de las 87 actividades que recoge la Clasificación Nacional de Actividades a dos dígitos, sin incluir el Régimen Especial Agrario y el Sistema Especial de Empleados del Hogar, se destruyó empleo exactamente en 70, que comparándolo con el mismo período del año anterior son ocho más, lo cual da buena cuenta de la catastrófica situación que hemos heredado de Rodríguez Zapatero. Excluyendo esos dos regímenes especiales, la destrucción de empleo sería de 620.000 (429.000 el año pasado). Teniendo en cuenta estas exclusiones, una docena de actividades ya suman por si solas toda esta destrucción de empleo. La caída más importante se produce en el sector de la hostelería, comercio al por menor, construcción especializada, sanidad y administración pública.

Respecto a las actividades que crecen en empleo desde el mes de agosto hay que subrayar que son muy escasas y que casi todos lo han hecho en menor medida que el año pasado. La educación es el sector que experimentó mayor aumento de empleo desde el mes de agosto. También crecen las actividades de oficinas y despachos, la consultoría y las actividades informáticas, que se muestran como actividades tractoras de empleo.

Siendo graves los datos ya analizados, la preocupación alcanza su máxima expresión cuando se estudia la situación de nuestro sistema de bienestar. En este momento, según los datos oficiales, sólo hay dos activos cotizando por cada desempleado, circunstancia que no puede aguantar nuestro sistema de protección social. En concreto, el número de cotizantes con el que contamos ahora no llega a los diecisiete millones, que deben pagar ocho millones de pensiones. Esta baja cifra de cotizantes no la teníamos desde enero de 2004. Por lo tanto, hemos retrasado ocho años nuestra fuerza laboral. Estas cifras, de seguir así, terminarán por romper la sostenibilidad de nuestro sistema.

Ante esta situación, sólo queda actuar con sensatez y responsabilidad, lo cual significa aplicar con la máxima urgencia una reforma laboral que sea global, estratégica y de calado, es decir, sin más parches coyunturales. Como ya hicieron Dinamarca y Países Bajos en los ochenta, Suecia y Finlandia en los noventa y la propia Alemania de Schroeder alrededor del año 2000, con las llamadas reformas Hertz. En su momento hicieron sus deberes y ahora consiguen dos cosas: que las crisis no afecten a sus mercados de trabajo y, además, crear empleo.

El Gobierno actual, mientras estuvo en la oposición, demostró hacer un diagnóstico correcto y asumió la necesidad de aplicar el tratamiento de la modernización de nuestro mercado laboral. Pero los políticos se valoran básicamente por lo que hacen, no sólo por lo que dicen. Asuntos como la reducción de modalidades contractuales, facilidad para acometer flexibilidad interna en vez de despedir como vía de adaptación, homologación con Europa de la indemnización por despido, indexación de salarios con la productividad de cada compañía y acercar la negociación colectiva a la empresa son materias cuya resolución esperan con urgencia nuestras empresas, la ciudadanía en general y nuestros socios europeos.

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