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Con aroma europeo

Se trata de una de las reformas laborales más profundas de las diecisiete que hemos visto en España desde octubre de 1977. Es estratégica y muy amplia, si bien es cierto que deja algunas incógnitas que solo podrán despejarse en el texto definitivo del BOE

Francisco Aranda
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La reforma laboral presentada por la Ministra Báñez nos vuelve a reconciliar con Europa, vuelve a ponernos en el mismo marco que nuestros vecinos de la Unión Europea. Es verdad que en algunos aspectos tenemos mochilas pesadas que nos restan competitividad, pero la filosofía es claramente de la Europa del futuro, de la competitiva, de la de la economía del conocimiento y no de la fabril. Fátima Báñez se ha puesto a la cabeza de los reformistas del Gobierno para sorpresa de algunos, que la sitúan como demócrata cristiana más que en el liberalismo. Sin embargo, su reforma rezuma economía constitucional porque vuelve a poner a los ciudadanos (a las empresas, en este caso) en el centro del juego en perjuicio de la iniciativa del Estado.

Esta reforma laboral junto con el resto de iniciativas reformistas, menos profundas claramente, van a permitir poner pie en pared a la sangría de desempleo a la que asistimos cada mes, porque la creación de empleo neto no vendría este año ni aunque se nos aplicara la legislación holandesa, por culpa del alto nivel de enfermedad en el que nos dejaron Zapatero y su banda.

Hay cuatro aspectos sobre los que influye esta reforma directamente: creación de empleo, especialmente de jóvenes, flexibilidad interna o adaptación de la empresa a los cambios de la demanda, lucha contra la dualidad del mercado de trabajo (trabajadores fijos y temporales), favorecer la empleabilidad de nuestros activos con la formación y el trabajo de las ETTs, que puedan convertirse en agencias globales de empleo.

A mi juicio se trata de una de las reformas laborales más profundas de las 17 que hemos visto en España desde octubre de 1977, fecha en la que rubrican los Pactos de la Moncloa. Es estratégica y muy amplia, si bien es cierto que deja algunas incógnitas que solo podrán ser despejadas cuando se conozca el texto definitivo que aparecerá en el BOE. Además contaremos con otro plazo que habrá que aprovechar, el del trámite parlamentario donde irá como proyecto de ley. Esto significa cuatro meses en las cámaras si se hace por procedimiento de urgencia, que sería mejor que el ordinario para evitar incertidumbres.

Hay aspectos muy positivos y entre ellos hay que destacar el despido improcedente con 33 días de indemnización. Se trata de la tercera vez que se intenta su implantación, pero todo indica que esta vez va a funcionar porque no se da entrada a los jueces con la lógica incertidumbre para el empleador, sino que se modifican sus condiciones por ley.

También merece destacarse la posibilidad de que las empresas puedan descolgarse de los convenios sectoriales sometiéndose al dictamen de la comisión paritaria y, si no hay acuerdo, de un árbitro independiente. Esta no es la solución ideal, pero supone un avance filosófico muy importante porque en este aspecto se padecía una enorme rigidez. La ultraactividad, por su parte, se ve finalmente limitada. Este límite es un poco largo, al ser de dos años pero, al menos, se introduce la filosofía de que debe existir un tope cuando no se produzca un acuerdo, porque lo contrario era irrazonable. De hecho, desde Europa no se entendía cómo era posible que en España no estuviera topado el tiempo de ultraactividad.

La indemnización de 45 días y demasiadas mensualidades desaparece por la de 33 días y 24 mensualidades, lo cual evitará que el despido lleve acarreada la ruina del empresario o el cierre de la empresa.

Se echa en falta una reducción de las cargas fiscales de las empresas, especialmente de las cotizaciones sociales donde somos once puntos más caros que la media de la UE, pero hay que aprovechar el tiempo en el trámite parlamentario de forma constructiva, no con mensajes demagógicamente casposos como los que hoy ha lanzado el exministro Jesús Caldera.

El Sr. Aranda Manzano es vicepresidente Ejecutivo de la Federación nacional de Asociaciones de Consultoría, Servicios, Oficinas y Despachos (FENAC) y presidente de Asuntos Laborales de CEIM-CEOE.

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