El mecanismo extraordinario de pago a los acreedores de los ayuntamientos españoles es una excelente noticia para los casi 180.000 proveedores de la administración municipal. Con deudas pendientes que en ocasiones datan de hace varios años, la situación de muchas de estas empresas, generalmente pequeñas y autónomos, era a estas alturas de la crisis ciertamente desesperada. Eso en el caso de las que han conseguido sobrevivir a los impagos municipales, porque un número todavía mayor ha tenido que cesar su actividad y enviar al paro a sus trabajadores, ante la imposibilidad de financiar con recursos propios ese déficit ocasionado por los políticos locales.
Según las cifras que manejan las asociacioens de PYMES y Autónomos, unos 700.000 trabajadores han perdido su empleo a causa de la falta de abono de los bienes y servicios prestados a los ayuntamientos españoles, lo que ha contribuido significativamente a las cifras globales de desempleo que padece nuestro país. La incuria, la falta de previsión y el derroche desvergonzado de los munícipes, como en su caso de la clase política autonómica, son responsables directos de la ruina de cientos de miles de pequeñas empresas y las familias que vivían de ellas, aunque a esos mismos políticos, culpables de este desastre sin precedentes, no quepa exigirles responsabilidades penales o pecuniarias dadas las características de nuestro pintoresco régimen legal.
Ahora bien, siendo evidente que la decisión de Rajoy era muy necesaria para frenar la sangría de nuestras PYMES y Autónomos, resulta necesario añadir que los efectos de este plan extraordinario de pagos van a recaer íntegramente en el bolsillo de los contribuyentes, no en las instituciones responsables de haber creado esta bolsa de deuda que ahora está aflorando como paso previo a su liquidación.
La clave está en que para hacer frente a esta elevada deuda con los acreedores el gobierno no va a obligar a las administraciones responsables a adoptar un severo plan de austeridad, de forma que el dinero para el pago a los acreedores surja del ahorro en las distintas partidas de los presupuestos oficiales. Por el contrario, el mecanismo adoptado ha sido la creación de una línea de créditos a medio plazo que tendremos que devolver los contribuyentes con nuestro esfuerzo fiscal ya de por sí suficientemente elevado. Una vez más los políticos manirrotos quedan inmunes a los efectos de su penosa gestión, cuyas consecuencias tendremos que arrostrar nuevamente todos los ciudadanos.
La decisión del gobierno servirá para salvar a muchos miles de microempresas y centenares de miles de puestos de trabajo. Lamentablemente, el hecho de que ese esfuerzo recaiga de nuevo en los contribuyentes nos impide aplaudirla sin reservas como hubiera sido nuestra intención.