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Las CCAA aprueban un ajuste extra de 18.349 millones de euros en 2012

Todas las regiones, excepto Asturias, obtienen el visto bueno de Hacienda. Los recortes en gastos son más del doble del aumento previsto de impuestos.

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Todas las regiones, excepto Asturias, obtienen el visto bueno de Hacienda. Los recortes en gastos son más del doble del aumento previsto de impuestos.

Sólo Asturias ha suspendido el primer examen de Cristóbal Montoro. El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado este jueves ha suspendido las cuentas del principado, todavía sin Gobierno tras las últimas elecciones autonómicas. Esto obligará al nuevo Ejecutivo regional de Javier Fernández, el candidato socialista, a presentar un nuevo plan en 15 días. Mientras, el resto de las autonomías sí han pasado el filtro del ministro de Hacienda.

Incluso Andalucía, sobre la que existían muchas dudas, ha conseguido el OK de Montoro, tras unas tensas últimas horas en las que el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha negociado a contrarreloj con la consejera de Hacienda de la Junta.

Los ajustes que han presentado delante del CPFF serán suficientes, en opinión del Gobierno para cumplir con el objetivo de déficit regional para este año: 1,5% del PIB. Los planes extra de las autonomías ascienden a un total de 18.349 millones de euros para 2012. De esta cantidad, por el lado del gasto, el recorte se sitúa en 13.071 millones, mientras que las CCAA prevén ingresar 5.278 millones extra en este ejercicio.

Beteta ha explicado que ha habido una importante reducción de gastos, unos "2.500 millones de euros", gracias a las reformas en materia sanitaria y educativa presentadas por el Gobierno en las últimas semanas. Además, ha destacado que el esfuerzo de recortes se ha centrado más en el gasto corriente que en el de capital. Por el lado de ingresos, ha adelantado que habrá nuevas figuras tributarias de tipo medioambiental, se subirá el céntimo sanitario, etc.

El comienzo del camino

¿Y ahora qué? Montoro ha dejado muy claro que el CPFF de este jueves es el comienzo del camino, no el final. Ahora es cuando empieza el verdadero trabajo: "La credibilidad se gana en el trabajo del día a día". Con esto, lo que quiere decir el ministro es que la vigilancia del Gobierno sobre las autonomías sigue siendo igual de férrea de lo que era hasta ayer. Las 16 comunidades que han aprobado tendrán encima la mirada vigilante de Hacienda que, además, obligará a publicar mes a mes los datos de ejecución presupuestaria en términos de contabilidad nacional.

Por su parte, Asturias tiene quince días para presentar un Plan Económico Financiero que satisfaga los deseos de Montoro. El ajuste extra para esta comunidad es de 616 millones de euros. Una vez que este nuevo paquete de medidas esté sobre la mesa, tendrá que ser evaluado por el CPFF que tendrá lugar en un mes ("antes del 15 de junio", ha asegurado el ministro). Si en ese momento, lo que presente el Gobierno asturiano no es del agrado del Gobierno, comenzarán las medidas coercitivas: primero una multa equivalente al 0,2% del PIB y un acuerdo de no disponibilidad del gasto.

Y si esto no fuera suficiente, entonces llegaría la tan traída y llevada intervención, de la que el Gobierno central no quiere hablar pero que queda como amenaza latente para la región que se salga del camino marcado. De hecho, cualquier autonomía que esté en riesgo de no cumplir con lo acordado este jueves o que cuando presente sus cuentas presente una desviación, se encontrará en la misma situación en la que se ve hoy Asturias. Hacienda le pedirá correcciones, si no son suficientes, le exigirá un Plan Económico Financiero y si tampoco por aquí llegan a un acuerdo (bien porque el plan sea insuficiente o porque continúen los incumplimientos tras su aprobación), entrarán en juego las medidas coercitivas de las que hablábamos anteriormente.

En ese próximo CPFF, que se celebrará a mediados de junio, las comunidades autónomas fijarán el objetivo de déficit para el periodo comprendido entre 2013 y 2015.

La reunión con la consejera andaluza de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, ha resultado tensa, aunque Montoro ha querido quitar hierro al asunto ante la prensa. "En Andalucía hay un nuevo Gobierno y está tomando decisiones desde hace pocos días, es lógico que haya discrepancias, pero se han sustanciado con la buena voluntad del gobierno andaluz", ha asegurado el ministro. Andalucía "ha presentado un plan completamente merecedor de su aprobación".

Rajoy, satisfecho

El ministro de Hacienda ha querido destacar dos cuestiones en su rueda de prensa: por una parte la alegría que siente al presentar un aprobado general (incluso ha disculpado a Asturias por su situación política) y el caudal de credibilidad que España adquiere con estas medidas.

También el presidente del Gobierno está satisfecho con el trabajo de las comunidades. Cree que han hecho un esfuerzo "muy importante" y que los ajustes presentados a última hora por Andalucía y Cataluña demuestran "que van en serio". Esto no quiere decir, explica su equipo económico, que esté ya todo hecho por parte de la administración central. Más bien, al contrario: "Habrá un control exhaustivo para comprobar que lo que pone el papel se cumpla en la realidad", según informa Pablo Montesinos.

Ahora, los informes serán remitidos a Bruselas, que previsiblemente dará el visto el bueno. "Es un mensaje importantísimo, más aún en medio de la marejada que estamos viviendo", destacan en el Gobierno. Mariano Rajoy siempre fue de la idea de que las comunidades acabarían pasando el filtro, y dejó a Cristóbal Montoro o a Soraya Sáenz de Santamaría que enviaran los mensajes más contundentes.

En voz de un ministro, "vamos a dar una oportunidad" a regiones que, admite, "están bajo sospecha". Sobre todas las demás sitúan a Andalucía, cuyo dato de déficit real es aún desconocido por el Ejecutivo central, por lo que las cuentas podrían caer como un castillo de naipes. "Hay predisposición, habrá que ver si cumplen con los compromisos". Las fuentes consultadas destacan el trabajo discreto cosechado entre las distintas administraciones. Un "tira y afloja constante", aseguran. A partir de ahora, destacan, todo está en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Vigilancia constante

En general, Montoro ha asegurado que este CPFF "ha trasladado al modelo del Estado de las autonomías de España el compromiso del déficit y abre un camino al final de la crisis". Pero el aprobado general a las autonomías no quita que el Ministerio vaya a olvidarse de las regiones. Según fuentes populares, la advertencia de Montoro esta tarde ha sido clara: habrá una vigilancia constante y un férreo control de las cuentas autonómicas a lo largo de todo el año.

Con la prima de riesgo en máximos y el mercado bursátil en caída libre, la aprobación de los planes de estabilidad, dará un mensaje de calma a los mercados. Pese a que Montoro ha dicho que no espera una "reacción en horas de los mercados", este tipo de actuaciones, que son reformas estructurales, "lo que hacen es mejorar la capacidad del sector público y la credibilidad". "La única historia aquí es cumplir. Vamos a dejarnos de palabras huecas e ir a los práctico", ha sentenciado el ministro.

Podríamos decir que la cuestión clave está en que Hacienda no se fía de que se vaya a cumplir lo presentado. Pero en este punto, el Gobierno tiene las manos atadas: si una autonomía presenta unos Presupuestos consistentes con el objetivo de reducción del déficit para este año (1,5% del PIB), la obligación de Montoro es aprobar sus cuentas.

Otra cosa es que el ministro no esté 100% convencido de lo que harán los ejecutivos regionales... Y la realidad es que no lo está de muchos de ellos. Por eso, esta tarde les ha avisado seriamente de que ejercerá una vigilancia estricta y continuada sobre cada autonomía. Con esta advertencia, Montoro quiere dejar claro que al primer incumplimiento del plan presentado pondrá en marcha las medidas correctivas y coercitivas previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El tiempo dirá si tiene que cumplir su amenaza o si su mera formulación es suficiente para que los manirrotos gobiernos regionales acepten unos criterios de déficit que la mayoría, hasta ahora, se han saltado a la torera.

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