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El despilfarro autonómico

A veces no tengo más remedio que preguntarme en qué país viven nuestros políticos, porque, por sus declaraciones, donde parece que no residen es en España. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, niega que el sistema autonómico sea "despilfarrador".

Emilio J. González
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A veces no tengo más remedio que preguntarme en qué país viven nuestros políticos, porque, por sus declaraciones, donde parece que no residen es en España. Dice el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que el sistema autonómico español es "el más ordenado y eficiente" y niega que sea "despilfarrador". Pues si no es despilfarrador, ¿cómo es que en España hay diecisiete de todo? Pongamos por ejemplo las universidades. Gracias al sistema autonómico, en España, en estos momentos, todas las comunidades autónomas tienen, al menos, una universidad pública, pero en este país no son necesarias tantas ni muchas autonomías las pueden financiar. De hecho, uno de los objetivos que busca el decreto de Educación que ratificó el Congreso la semana pasada es cerrar aquellos centros universitarios públicos que no cuenten con el número mínimo de alumnos para justificar su existencia, que son muchos. Luego, es indudable que aquí existe un despilfarro. Esto mismo se repite en otros ámbitos. En sanidad, por ejemplo, en muchos casos se abren hospitales con criterios políticos, no por necesidad o criterios de eficiencia, y, en muchos casos también, los edificios que los albergan son obras faraónicas de un tamaño desproporcionadamente superior a las necesidades reales que pudieran justificar su construcción. Además, están las televisiones y radios públicas, la proliferación de instituciones, entidades y cargos públicos de todo cuño, todos por supuesto con sus coches oficiales, sus visas oro, etc.

¿Cuál es el problema de fondo? Que, en contra de lo que dice Montoro, el sistema autonómico español no es un sistema federal, sino confederal. En un sistema federal existe un reparto muy claro de competencias entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales, por el cual cada nivel tiene claramente especificado lo que puede y debe hacer y lo que no, de forma que no se producen duplicidades de competencias. En España, sin embargo, las cosas no son así. Las duplicidades entre el Estado y las autonomías nos cuestan 45.000 millones de euros al año, aproximadamente el 4,2% del PIB español, porque aquí no hay un reparto claro de competencias y porque las autonomías se han convertido en diecisiete pequeños estados que reproducen, a escala regional y sin razón alguna que lo justifique, el modelo institucional nacional en todos sus ámbitos, sean o no competencia suya. Además, en un país federal, los gobiernos regionales financian sus competencias con sus propios ingresos, no con transferencias desde el gobierno central, las cuales existen, pero forman una parte menor de sus ingresos. De esta forma, quien quiere gastar más, tiene que subir impuestos y dar cuenta de ello a sus ciudadanos, cosa que no sucede en España. Este sistema genera un conjunto de incentivos perversos para el despilfarro autonómico: los nacionalistas quieren que su comunidad autónoma sea un estado completo, con todo lo que ello implica; los demás dicen que aquí el café es para todos e imitan a los nacionalistas porque quien recauda y, en última instancia, paga es el gobierno central.

Esto, señor Montoro, ni es eficiente, ni es federal. Esto es el derroche a mayor gloria del cacique autonómico de turno quien, mayoritariamente, usa los recursos públicos simplemente en función de sus conveniencias políticas y no tanto de las necesidades de su región.

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