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De Guindos quiere retener dinero a las CCAA de antemano

Economía pretende retener recursos a las CCAA de forma anticipada para garantizar el pago de la deuda regional. Y ello, sin aval del Estado.

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Si los eurobonos dividieron a Merkel y Hollande en la cumbre europea del pasado miércoles, los hispabonos enfrentan a De Guindos y Montoro a nivel nacional. El Gobierno lleva tiempo trabajando en un nuevo mecanismo para tratar de aliviar la pesada carga financiera que soportan las CCAA, a las que el mercado ha cerrado casi por completo el grifo de la financiación dada su delicada situación fiscal.

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ya advirtió la semana pasada de que el Gobierno apoyará la financiación de las autonomías, aunque teniendo muy en cuenta el cumplimiento de los planes de reequilibrio. La portavoz afirmó que el Gobierno es "muy consciente" de las necesidades de financiación de las comunidades y los vencimientos de deuda que tienen por delante. Sin embargo, todavía no se ha concretado el mecanismo para llevarlo a cabo.

La razón de la espera se debe a que el Ministerio de Economía y el de Hacienda tienen visiones distintas sobre esta cuestión. Las CCAA quieren barra libre, es decir, que el Estado permita la emisión conjunta de deuda regional con el aval explícito del Tesoro, y ello sin exigir condiciones a cambio, permitiendo así su acceso a una financiación menos costosa. El asunto se trató nuevamente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado jueves.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, insistió en que el Gobierno apoyará la financiación de las regiones, "el Estado va a estar ahí", pero precisó que, en todo caso, ello no implicará "dar amparo a las comunidades que eludan responsabilidades [...] Cada comunidad va a aguantar las consecuencias de sus decisiones políticas. No vamos a repartir el riesgo entre todas". El ministro abría así la puerta a avalar tan sólo la deuda de las comunidades que cumplan con los planes de ajuste y el objetivo de déficit para 2012 (1,5% del PIB), de forma que las que se desvíen tendrían que poner en marcha nuevas medidas (más impuestos y/o más gastos).

Montoro admitió que el Gobierno estudia "diferentes formulaciones" en este campo, si bien se comprometió a presentar el mecanismo antes de mediados de julio. El tiempo corre en contra de las autonomías. Según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las CCAA tienen vencimientos de deuda por importe de 8.352 millones de euros hasta finales de año. Cataluña (3.160,4 millones), Comunidad Valenciana (1.903,1 millones) y Andalucía (1.219 millones) afrontan las mayores cuantías.

Pero estas cifras no incluyen, ni mucho menos, todos los compromisos financieros. Y es que, si se suman los préstamos bancarios, pagos pendientes a proveedores y la deuda de universidades y resto de entes regionales, los vencimientos de deuda se aproximan a los 36.000 millones en 2012, tal y como recogen los propios planes de equilibrio financiero (PEF) presentados a Hacienda. Unos 36.000 millones a los que, además, habría que sumar otros 15.000 millones para financiar el déficit regional previsto para 2012 (1,5% del PIB).

Una cuantía que, sin duda, será complicado cubrir a un coste razonable en ausencia de apoyo estatal. La dureza del mercado se ha puesto especialmente de manifiesto en el caso de la Comunidad Valenciana que hizo saltar las alarmas a principios de mayo al verse obligada a pagar una rentabilidad del 7% por una emisión de bonos a seis meses, más de dos puntos por encima de lo que está pagando Grecia por sus bonos basura. Precisamente, la Comunidad Valenciana y Cataluña son las que más esperanzas tienen depositadas en los llamados hispabonos.

Montoro, el principal responsable en esta materia, todavía no se ha decidido, pero el titular de Economía, Luis de Guindos, sí tiene perfilado su modelo. Entre las distintas opciones barajadas, se contempla la posibilidad de crear una agencia gubernamental encargada de financiar la deuda de las regiones, pero -ésta es la clave- sin necesidad de que el Estado avale tales emisiones. La garantía para los inversores residiría en las propias transferencias corrientes que el Gobierno central reparte entre las CCAA a través del sistema de financiación autonómica.

Es decir, el Estado retendría de forma anticipada parte de dichas transferencias para, así, poder atender al pago de la deuda autonómica cada año (principal e intereses). Y todo ello, exigiendo al mismo tiempo un plan de ajuste. Según fuentes financieras consultadas por Libre Mercado, este mecanismo contaría con el respaldo explícito de los inversores, ya que "hace creíble la prioridad absoluta del pago de la deuda". No en vano, el Gobierno impondría un control ex ante acaparando de antemano parte de los recursos que reparte anualmente entre las autonomías para garantizar el servicio de la deuda.

Sin embargo, este proyecto ha sido aparcado, al menos por el momento. Las CCAA no quieren condiciones de ningún tipo, tan sólo que el Estado emita deuda conjunta aportando como aval el dinero de todos los contribuyentes. A Montoro tampoco le convence el enfoque de De Guindos, aunque ha tratado de rebajar las pretensiones de los barones regionales incidiendo en que tan sólo prestará apoyo a los que cumplan el objetivo de déficit.

La diferencia entre una y otra visión es sustancial. Economía apuesta por el control previo, restando recursos de antemano a las CCAA para afrontar el pago de la deuda, mientras que Hacienda se decanta por un control ex post (a posteriori), de modo que el Estado avalaría a las regiones a cambio de un mero plan de ajuste, cuyo cumplimiento no está garantizado. Es decir, Montoro rechaza retener transferencias autonómicas de forma anticipada.

El problema del plan de Hacienda, según estos mismos inversores, es que no existe garantía alguna de que las regiones cumplan, todo quedaría en manos de la mera voluntad política (declaración de intenciones), y puesto que el Gobierno ha insistido en que no dejará caer a ninguna administración, los incumplidores siempre contarían con la baza de poder renegociar las condiciones exigidas. A nivel europeo, el plan de Montoro se asemejaría al aplicado en el primer rescate de Grecia, país al que se le prestó dinero a cambio de unas exigencias que luego incumplió.

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