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De hispanobonos y otros adornos

Si se les quiere ofrecer financiación privilegiada a las Comunidades Autónomas, por lo que sea, quizá por ser políticamente conveniente, hágase, pero sin hacer referencia alguna a la solidaridad y menos aún a la justicia.

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No voy a inclinarme por la pendiente jocosa, en la que España acostumbra a refugiarse ante la dificultad, enlazando en este caso el apelativo del título "hispanobonos" con el de los destinatarios de su gravamen, los "hispanobobos". Prefiero centrarme en algunos adornos justificativos con los que se han presentado las virtudes que acompañan a tal instrumento financiero.

Lo hago convencido de que todas las autoridades, pero más aún las que ejercen la misión de gobernar la Nación, deben ser muy cautas a la hora de emplear términos valorativos en sus declaraciones, comparecencias o simples manifestaciones, porque, en el mejor de los casos, deformarán la opinión de los ciudadanos y, en no pocos, despertarán el agravio comparativo en los ciudadanos, concluyendo en la convicción de que los hay de primera clase y de clases inferiores.

Es evidente que el Gobierno puede optar por vías diferentes a la hora de financiar los despropósitos presupuestarios de las Comunidades Autónomas o de otras administraciones públicas. Lo que a mi parecer resulta problemático es ofrecer una de estas soluciones, al parecer los hispanobonos, a la Generalidad de Cataluña, justificándola por ser una cuestión de solidaridad, pues no es justo que dicha Autonomía se financie a un tipo de interés superior al que lo hace el Estado.

Dos términos, solidaridad y justicia, que mejor evitar, porque ambos representan inapelablemente la bondad del acto, cuando, en este caso, buena parte de la sociedad, quizá tenga una opinión bien diferente del problema financiero aludido. Sería, por ejemplo, grotesco que los españoles, paladines de la justicia, nos levantáramos contra la injusticia de tener que financiar nuestra deuda a tipos de interés próximos al seis por ciento, mientras Alemania lo hace a tipos apenas superiores al uno. Un hecho que no pasa de ser la contraprestación a la prodigalidad de unos frente a la prudencia de otros. Algo semejante podría decirse de la financiación de las Comunidades Autónomas en el seno del Estado español.

Igualmente gratuita es la apelación a la solidaridad. Ésta solo cabe ante la impotencia de un agente –Comunidad Autónoma– para resolver sus propios problemas. Es decir, tras haber respetado escrupulosamente el principio de subsidiariedad, consagrado también en los textos de la Unión Europea, pues, la solidaridad sin subsidiariedad, no pasa de ser simple asistencialismo. Muchas Comunidades Autónomas, también Cataluña, consideran intocables no pocos gastos, que poco tienen que ver con aquellos esenciales para la vida de los ciudadanos. Y, para los que son esenciales, si nos los pueden administrar correctamente, la solución es recuperar la competencia y no derramar financiación para pervivir en la incompetencia. Los datos recientes son bien elocuentes de cuanto decimos.

Por ello, si se les quiere ofrecer financiación privilegiada, por lo que sea, quizá por ser políticamente conveniente, hágase, pero sin hacer referencia alguna a la solidaridad y menos aún a la justicia.

La verdad y la transparencia, son siempre mejores compañeros de viaje que el eufemismo o la farsa. 

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