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La 'letra pequeña' del rescate bancario español

Quitas en deuda bancaria, cajas en vías de desaparición, cierre de entidades y factura próxima a 100.000 millones.

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El martes se oficializó el rescate europeo de la banca española en la reunión del Eurogrupo. A cambio, España acaba de someterse a la tutela de Bruselas, una especie de intervención suave o light que conllevará importantes condiciones para las entidades rescatadas, el conjunto del sector financiero e, incluso, el Gobierno.

A continuación, se detallan los 10 ejes del rescate bancario que establece el memorando de acuerdo entre el Gobierno español y el Eurogrupo.

1. Las condiciones del préstamo

España recibirá hasta 100.000 millones de euros para recapitalizar bancos en problemas a través del Fondo temporal de rescate europeo (EFSF, por sus siglas en inglés). El primer tramo, de 30.000 millones de euros, podría ser desembolsado a finales de julio, y el resto durante los próximos 18 meses. El préstamo gozará de un tipo de interés inferior al que en la actualidad exige el mercado al Estado nacional -inferior al 4%, según Economía-, un plazo de vencimiento de hasta 15 años y un amplio período de carencia (10 años) durante el cual no se abonarán intereses.

El dinero procederá del EFSF y se inyectará al Frob (el fondo de rescate bancario español), es decir al Estado, por lo que se contabilizará como deuda pública y afectará al déficit. Esta deuda no gozará de prioridad en el cobro en caso de impago, de forma que el resto de acreedores del Estado español no serán discriminados a favor del Fondo europeo -todos gozarán del mismo orden de prelación-. Además, España tendrá que aportar avales extra para obtener el visto bueno de Finlandia a dicho crédito.

2. Nada de recapitalización directa

Aunque uno de los acuerdos clave alcanzados durante la pasada cumbre europea del 28 y 29 de junio consistió en la posibilidad de recapitalizar directamente la banca a través del futuro Fondo permanente de rescate europeo (ESM, por sus siglas en inglés), momento a partir del cual el crédito dejaría de contabilizar como deuda pública, este punto sigue rodeado de una gran incertidumbre por varios motivos.

En primer lugar, la recapitalización directa a través del ESM tan sólo será posible cuando entre en funcionamiento el futuro supervisor único europeo a nivel bancario, algo que no sucederá, como mínimo, hasta mediados de 2013; aún así, una vez que esté creado, la recapitalización directa es tan sólo una opción, no se realizará de forma ni mecánica ni automática, y posiblemente tendrá que contar con el visto bueno de todos los socios comunitarios (Finlandia y Holanda ya han expresado su rechazo); de hecho, aunque finalmente se lleve a cabo, Alemania insiste en que la responsabilidad última recaerá en el Estado español. Es decir, en caso de pérdidas, éstas serían asumidas por los contribuyentes españoles, lo cual deja la recapitalización directa en una mera cortina de humo. Por último, falta por ver si el Tribunal Constitucional alemán aprueba o no la laegalidad del Fondo permanente.

3. El rescate alcanzará los 100.000 millones

A finales del pasado junio, las auditorías independientes de Oliver Wyman y Roland Berger sobre la banca española arrojaron unas necesidades de capital de 62.000 millones de euros en el peor de los escenarios. Aunque el Gobierno enfatizó entonces que tal situación era muy improbable, en realidad es el escenario base que manejan todos los analistas e incluso el propio sector financiero español.

El problema es que el Eurogrupo acaba de elevar esa cifra de forma encubierta. El memorando de condiciones obliga a todos los bancos españoles a reforzar su nivel de capital básico hasta el 9% "al menos hasta 2014". Sin embargo, las auditoras elaboraron el stress test sobre una base del 6%, de modo que a los 62.000 millones estimados habría que sumarle otros 39.000 millones extra, como mínimo, lo que hace un total de 100.000 millones. En este sentido, el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, ya advertía el martes de que el monto final del crédito europeo "andará por ahí".

4. Más nacionalizaciones

El objetivo de todo el programa es sanear por completo la banca española. Para ello, el memorando, que se firmará a finales de este mes, establece una detallada hoja de ruta para reestructurar el sistema durante los próximos meses, dividido en varias fases.

Una vez concluidas las auditoras independientes en marcha banco por banco -en septiembre-, las entidades se clasificarán en cuatro grupos: 0 (los bancos que están bien); 1 (los intervenidos por el Estado); 2 (las que suspendan los stress test y necesiten ayudas públicas para recapitalizarse); 3 (las que suspendan y puedan captar capital extra en el mercado). De este modo, las que se encuadren en el grupo 2 podrían entrar en una nueva fase de nacionalización.

5. Planes de reestructuración y liquidación

Los bancos viables que no precisen ayudas públicas (grupo 3) tendrán que emitir bonos contingentes convertibles (Cocos) en función de sus necesidades de capital (superiores al 2% de sus activos ponderados por riesgo, RWA).

Los viables, pero que reciban ayudas, deberán aplicar un proceso de reestructuración: eliminar oficinas y empleados, vender activos; segregar sus activos tóxicos; no pagar dividendos y limitar los salarios variables de sus directivos; reducir su dependencia del Banco Central Europeo; y mejorar su gobierno corporativo.

Los bancos no viables serán liquidados (cerrados) a través de un proceso de quiebra ordenada, protegiendo en todo caso a los depositantes.

6. Pérdidas para los ahorradores

Las entidades que estén obligadas a presentar un plan de reestructuración o liquidación impondrán quitas (pérdidas) a los accionistas y a los poseedores de capital "híbrido" y bonos júnior (preferentes y deuda subordinada), con el objetivo de minimizar el coste para los contribuyentes. Según el Banco de España, existen en circulación unos 67.000 millones de euros en capital híbrido y deuda subordinada que, en gran parte, están en manos de inversores minoristas (particulares). Las preferentes y subordinadas cotizan hoy con pérdidas de hasta el 68%.

7. Bancos malos

Las entidades que reciban ayudas tendrán que segregar sus activos, aparcando los créditos inmobiliarios tóxicos (incobrables) en un banco malo. Es decir, las entidades venderán estos activos (viviendas, solares, etc,) al Estado, al precio que fijen los auditores independientes, que será el encargado de gestionarlos y venderlos más adelante para recuperar el dinero. El banco malo se podrá financiar con bonos que serán admitidos directamente por el BCE, en una especie de rescate extra por la puerta de atrás.

8. Fin de las cajas

Las cajas de ahorros perderán el control de sus bancos filiales. Europa exige una reforma de las cajas con el fin de que dejen "eventualmente" de controlar bancos filiales e impone incompatibilidades entre los Consejos de Administración de las cajas y de sus bancos participados. En noviembre de 2012, el Gobierno deberá estar listo para aclarar el papel que tiene en las cajas de ahorros en su calidad de accionistas de los bancos. La idea es reducir la participación de las cajas en sus bancos filiales por debajo del nivel de control, lo cual podría forzar a las cajas de ahorros a convertirse definitivamente en meras fundaciones.

9. Más poder para el Banco de España

El memorando también impone la independencia operacional del Banco de España y el refuerzo de su capacidad supervisora en detrimento del Ministerio de Economía. De este modo, se pretende despolitizar y, por tanto, garantizar una mayor independencia por parte del Banco de España. De hecho, puesto que el objetivo último es crear un supervisor único europeo, el sector financiero quedará bajo el control del BCE a medio plazo.

10. Intervención externa

El rescate bancario no sólo impone condiciones a la banca sino también al Gobierno en forma de ajustes y reformas, lo cual implica una intervención indirecta de la economía. Para supervisar todas estas exigencias -bancarias y macro-, la Comisión Europea, el BCE y el regulador financiero europeo (EBA), con la ayuda técnica del FMI, formarán un grupo de supervisión para vigilar su cumplimiento. En definitiva, España estará bajo la atenta mirada de una troika específica.

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