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Firmeza frente a la rebelión

De lo que no se dan cuenta, o no se quieren dar cuenta, es de que el Ejecutivo nacional tiene la sartén por el mango. Ambas comunidades están en quiebra y necesitan de la ayuda del fondo de liquidez autonómico para poder pagar sus facturas.

Emilio J. González
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Andalucía y Cataluña no parecen querer entender que la crisis fiscal española es a las autonomías lo que la caída del muro de Berlín a los países del telón de acero. La crisis ha puesto de manifiesto que el modelo, tal y como está concebido, ya no es sostenible en términos financieros. Dicho de otra forma, el dinero se ha acabado y ya no se puede seguir financiando las políticas nacionalistas, la intervención del sector público autonómico en todas las esferas de la vida de la región, las políticas para llenar artificialmente la función pública autonómica de efectivos afines al partido o a los sindicatos y demás excesos en materia de gasto cometidos por los gobiernos regionales, en especial por los de la Generalidad y la Junta de Andalucía.

Solo hay dinero para financiar los servicios públicos esenciales y punto. Por ello, la rebelión de ambas comunidades contra el Gobierno de la Nación, como consecuencia de su negativa a querer asumir los ajustes presupuestarios que éste, en buena lógica, quiere imponer a todas las autonomías para salir de una vez por todas de la crisis, no va a ir a ninguna parte.

Por supuesto, los andaluces no quieren asumir las consecuencias del ajuste, que significa el despido de cientos de personas contratadas a dedo solo por razones ideológicas o de proximidad a los gobernantes andaluces, de la misma forma que los catalanes no quieren poner fin a unas políticas de corte nacionalista que ya no pueden financiar. En el caso de Andalucía, además, esta región quiere jugar nuevamente el papel de oposición frontal al Gobierno nacional del PP, como ya hizo en tiempos de Aznar.

Pero de lo que no se dan cuenta, o no se quieren dar cuenta, es de que el Ejecutivo nacional tiene la sartén por el mango. Ambas comunidades están en quiebra y necesitan de la ayuda del fondo de liquidez autonómico para poder pagar sus facturas. Si no quieren asumir los objetivos en materia de déficit que propone el Gobierno de la Nación, éste no tiene más que cerrar el grifo y se acabó, porque nadie en los mercados va a querer adquirir deuda pública catalana o andaluza.

Y eso es lo que debe hacer el Ejecutivo.

Cuando España se juega lo que se está jugando en estos momentos, el Gobierno de Rajoy no puede admitir la menor deslealtad institucional porque entonces desaparecería la poca confianza que todavía hay en la economía española y ésta se vería irremisiblemente abocada a la quiebra. Andaluces y catalanes, por tanto, deben comprender que, les guste o no, ellos no pueden tener objetivos fiscales diferentes de los del Gobierno nacional, porque esos objetivos son los que hay que cumplir para evitar la quiebra del país y para que la Unión Europea continúe ayudándonos a eludir semejante posibilidad. Aquí no caben excepciones, porque si se hacen con Cataluña y Andalucía, las demás autonomías van a pedir el mismo trato, con lo cual estaríamos abocados a la catástrofe económica como país.

El Gobierno, por ello, no solo debe negar el acceso al fondo de liquidez a quien rechace los objetivos de déficit que marque, es que debe proceder a la intervención de dicha autonomía con todas las consecuencias, porque lo que nos jugamos es mucho. Después, el que quiera, que haga todo el victimismo que le plazca. 

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