Nueve meses después de llegar a la Presidencia del Gobierno a Mariano Rajoy le quedan pocos asideros a los que agarrarse. Dijo que bajaría los impuestos y los ha subido todos, se ofreció como la garantía para que España recuperase la credibilidad y el país está al borde del rescate, aseguró que reconduciría las cuentas públicas y ha tenido que renegociar con la UE hasta tres veces el límite de déficit permitido. Con este panorama, no es extraño que el político gallego se aferre con todas sus fuerzas a su última gran baza: las pensiones.
En las últimas semanas, casi no ha habido un día en el que no se hayan publicado informaciones sobre la presión que la troika está ejerciendo en el Gobierno para que traspase esa última línea roja. Sin embargo, el mensaje de Moncloa es muy claro: "Las pensiones serán lo último que se toque". El pasado viernes, el Ministerio de Economía desmintió de forma tajante la información de Reuters según la cual se estarían planteando seguir los pasos de José Luis Rodríguez Zapatero y congelar las pensiones este mismo año.
El problema para Rajoy es que el círculo se estrecha cada vez más y, según se acerca el momento del rescate, tiene menos margen para resistirse. Este lunes le ha llegado el turno al Banco Central Europeo (BCE), uno de los actores fundamentales en toda esta obra. En un nuevo estudio, la institución presidida por Mario Draghi reitera el que ha sido su planteamiento dominante en los últimos años: los sistemas de pensiones de la UE, tal y como los conocemos en estos momentos, son insostenibles y la única manera de que lleguen al 2040 o 2050, cuando los treintañeros de la actualidad comiencen a jubilarse, es endurecer las condiciones de acceso a las prestaciones. Aunque el análisis no distingue por países, está claro que España está en el centro de todas las miradas y se le exige que vaya un paso más allá de la reforma aprobada en 2011, que retrasaba la edad de jubilación a los 67 años y ampliaba el período de cálculo de la base a 25 años.
Ocho mil millones
La decisión del Gobierno estará muy condicionada por el coste, que no será reducido. En los Presupuestos de 2012 se planteó una subida de las pensiones del 1%, que era el nivel de inflación previsto para este año. Finalmente, el dato estará más cerca del 3%. En teoría, si Rajoy cumple con su palabra de mantener el poder adquisitivo de los pensionistas, tendrá que cubrir ese agujero de dos puntos, lo que le supondría a las arcas públicas unos 4.000 millones de euros (se estima que cada punto de subida son unos 2.000 millones).
Pero el incremento en el gasto no se quedará ahí. En los primeros meses de 2013, los pensionistas deberían ver incrementada su pensión según la inflación prevista para el año que viene. Suponiendo una estimación conservadora del 2%, esto implicaría un incremento de otros 4.000 millones. En total, son 8.000 millones de euros (equivalentes al 0,7% del PIB aproximadamente) que el Estado español tendría que asumir a lo largo de 2013. Es una cifra que no es baladí en un momento como el actual.
Para los pensionistas preocupados, su mejor esperanza es pensar que, efectivamente, ésta es la última línea roja de Mariano Rajoy y que hará todo lo posible para no traspasarla. Desde el punto de vista político, tocar las pensiones tendría un coste incalculable para el PP. En medio de la tormenta económica que asuela España, el mejor argumento del Gobierno, y el más utilizado, es que José Luis Rodríguez Zapatero redujo las pensiones, algo que los populares nunca han hecho. Por eso, es previsible que el presidente haga todo lo posible por mantener su palabra, algo que no ha hecho en muchas otras cuestiones.
La "sostenibilidad"
La duda es si la presión de la UE será de tal magnitud que obligue a Rajoy a incumplir su programa incluso en esta cuestión. El Gobierno intentará resistirse y su mejor baza será, posiblemente, vender un cambio en el sistema para hacerlo más sostenible a medio plazo sin tocar las pensiones de este año. De esta manera, se bajarían las prestaciones futuras, mientras se salvan los muebles y se defiende de cara a la opinión pública que no se tocan las pensiones.
En la cuestión de la nueva reforma quedan pocas dudas. Aunque en Moncloa aseguran que tampoco esto está encima de la mesa, será muy complicado que no salga adelante. Todos los datos apuntan a que el sistema es insostenible y la receta está clara. En el informe del BCE publicado el lunes se deja claro que el incremento en la edad legal de jubilación y en los requisitos de acceso "tendría importantes efectos" en el mantenimiento de las prestaciones. La OCDE, el FMI o la Comisión Europea han planteado peticiones similares en los últimos meses. Incluso el Gobierno ha admitido ya en alguna ocasión que para garantizar la "sostenibilidad" del sistema habrá que introducir cambios.
Ya es un lugar común que España hace frente a un problema demográfico muy serio. En las próximas décadas, llegarán menos personas a la edad laboral porque no nacen niños y se jubilarán muchos trabajadores, según vayan llegando a la edad de retiro las generaciones del babyboom de los años sesenta y setenta. En 1970, había 5,6 trabajadores por pensionista; la ratio actual es de 3,5 aproximadamente; y en 2050 se espera que esté apenas en 1,5. De esta manera, el gasto público en pensiones, que actualmente supone alrededor del 10% del PIB, podría dispararse al 15% en 2050 (teniendo en cuenta además que el PIB previsto para ese año será muy superior al actual). Con este panorama, los cambios en el sistema de pensiones irán en tres direcciones.
- En primer lugar, con la ampliación de la edad de jubilación. España es uno de los países europeos en los que el retiro efectivo es más temprano, menos de 62 años. La última reforma ya trata de atajar esta situación, complicando las prejubilaciones y mejorando los incentivos para los que siguen trabajando. Además, se amplía la edad legal a los 67 años, un plazo que será plenamente efectivo en 2027. Pero Italia ya ha aprobado llegar a los 69 años y parece que el camino que seguirán los españoles será parecido. De hecho, ya se especula abiertamente con la opción de adelantar el retiro a los 67 años unos cuantos años, quizás incluso para antes de terminar esta década.
- La segunda rebaja vendrá del incremento del período de cálculo. Hasta la última reforma contaban los últimos quince años de la vida activa, normalmente el período de tiempo en el que más se cobra. En 2027, este plazo será de 25 años. Pero también esa fecha podría adelantarse y el Gobierno ya ha dejado claro que el futuro es que cuente toda la vida laboral. En teoría suena justo (que se cotice por lo que se ha trabajado), pero en realidad es una forma encubierta de bajar las pensiones. Contar toda la vida laboral tiene sentido en un modelo de capitalización, pero en uno de reparto es sólo una manera de tener una pensión más baja.
- La tercera pata de la re-reforma será la ampliación del período de cotización necesario para cobrar el 100% de la pensión. En estos momentos es de 35 años y se irá incrementando poco a poco hasta los 37. Pero, como en los otros dos casos, la idea es aumentarlo a los 40 o incluso algo más.
En definitiva, lo que parece claro es que las pensiones del futuro serán más bajas y tendrán requisitos mucho más exigentes. Es decir, que el Estado incumplirá las promesas que les ha hecho a los trabajadores actuales. Si fuera un fondo privado se hablaría de quiebra, pero los políticos seguirán hablando de "sostenibilidad" y "solidaridad intergeneracional".
Además, seguirá cayendo la relación entre las pensiones máximas (que serán las que sufran los principales recortes) y las mínimas (que siempre se actualizan). El resultado es que los que coticen mucho recibirán más o menos lo mismo que los que lo hagan por el mínimo. Y la pensión dejará de tener una consideración de prestación contributiva para ir convirtiéndose poco a poco en una prestación asistencial.