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Francisco Aranda

Ante un 'precipicio fiscal'

Una vez más se confirma la máxima de Von Mises: "Un Estado no hace rico a un país pero sí puede empobrecerlo".

Una vez más se confirma la máxima de Von Mises: "Un Estado no hace rico a un país pero sí puede empobrecerlo".

La economía de los Estados Unidos está creciendo, sobre todo si la comparamos con el estancamiento que sufrimos en la Zona Euro. Sin embargo, se trata de un crecimiento insuficiente para que tanto el sector público como el privado puedan ofrecer una rápida salida a la complicada situación presupuestaria y de endeudamiento por que atraviesa el país. De hecho, el ritmo de crecimiento tras la recesión de 2008 y 2009 es inferior a la media de crecimiento de los anteriores procesos norteamericanos de recuperación.

Una de las principales consecuencias del débil avance de la economía estadounidense es la evolución negativa del desempleo. El crecimiento económico está siendo muy pequeño como para reducir el desempleo de forma significativa. En este sentido, una de las razones por las que Estados Unidos precisa de mayores niveles de crecimiento que otros países desarrollados para combatir el paro es el elevado ritmo de crecimiento de su población activa.

Por lo tanto, detrás de la campaña electoral, trufada de anécdotas, chistes, miles de papelillos, banderines y sonrisas profidén, hay una economía débil, con unos altos niveles de paro y endeudamiento, además de unas finanzas públicas sobre las que pesa un importante déficit.

Por otra parte, la Reserva Federal (FED), a diferencia del Banco Central Europeo, no solamente vela por la estabilidad de los precios, también tiene entre sus misiones la de favorecer el empleo. Por eso ha apostado –erróneamente, a mi juicio– por poner en marcha la máquina de hacer dinero, es decir, por una política de expansión monetaria. El objetivo es presionar a la baja el tipo de interés de las operaciones de endeudamiento a largo plazo, apoyar el mercado hipotecario y favorecer una mejora general de las condiciones financieras. Es decir, ha activado una peligrosa política económica intervencionista.

El apartado de las cuentas públicas tampoco es positivo. La Administración ha puesto en marcha importantes programas de gasto público, con lo cual se antoja complicado reducir su desequilibrio fiscal. De hecho, ante la deriva que estaba adquiriendo el déficit público, demócratas y republicanos se enzarzaron en una agria disputa cuya conclusión fue que se aplicarían reducciones paulatinas del déficit público, pero la gran mayoría tras las elecciones del 6 de noviembre. Por lo tanto, después de esa fecha a los estadounidenses les espera una catarata de subidas tributarias y reducciones de gastos. Este ajuste tan brutal ha venido a llamarse el "precipicio fiscal", sobre el cual no parecen querer explayarse en sus campañas ni Romney ni Obama.

Las medidas de estímulo intervencionistas aplicadas durante los últimos años no han provocado mejoras importantes en el crecimiento; sin embargo, sí han tenido un impacto negativo en las finanzas públicas, cuyo déficit ascendía al 13% del PIB en 2009 y podría alcanzar el 8,2% en el 2012. Además, a todos estos problemas de la economía estadounidense se añade el control de la inflación. La extensión hasta 2015 de una política monetaria con tipos de interés cercanos a cero entraña muchos riesgos para la estabilidad de los precios, que se pueden venir arriba.

Una vez más se confirma la máxima de Von Mises: "Un Estado no hace rico a un país pero sí puede empobrecerlo". De hecho, si nos retrotraemos al inicio de la crisis y miramos a Estados Unidos, es correcto afirmar que la Administración, y no la iniciativa privada, fue una causa importante de la misma. El fracaso del Gobierno se hace especialmente ostensible en el colapso de las empresas Fannie Mae y Freddie Mac. A través de ellas, patrocinadas oficialmente por el Gobierno, los políticos llevaron a cabo costosos esfuerzos de ingeniería social.

Fannie y Freddie se dedican al negocio de las hipotecas inmobiliarias, comprando créditos hipotecarios a los bancos que los emiten, luego los agrupan en unas inversiones llamadas títulos con respaldo hipotecario y posteriormente los venden a inversores. Lo que se olvida es que fue la propia Administración la que le dio a ambas empresas la orden explícita de incrementar el número de propietarios de viviendas, aumentando el nivel de préstamos a compradores con ingresos bajos. El mensaje de Clinton fue claramente de Estado benefactor: todos los ciudadanos tienen derecho a disponer de casa propia, y como el mercado es injusto con los que menos tienen, el Estado avalará las hipotecas de alto riesgo. Como consecuencia de ello, estas dos empresas empezaron a acumular millones de créditos (basura) subprime. El resto de la historia ya se conoce.

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