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"A los agricultores no nos da miedo competir, lo que nos da miedo son los abusos"

El presidente de Asaja pide al Gobierno que corrija "los desequilibrios" entre productores y distribuidores.

El pasado 19 de octubre, Miguel Arias Cañete presentó tras el Consejo de Ministros las dos grandes normas que marcarán la estrategia del Gobierno en materia de agricultura: la ley de fomento de la integración de cooperativas y la ley de mejora de la cadena de valor. La primera busca integrar a un muy atomizado sector, con decenas de miles de pequeñas explotaciones que no se aprovechan de economías de escala ni de sinergias, y en el que cada agricultor negocia por su cuenta con el resto de integrantes de la cadena de comercialización.

En parte por esto, el ministro de Agricultura puso también en marcha la segunda norma, que busca, en sus propias palabras, "equilibrar" la posición de productores y distribuidores, en un proceso de comercialización que el Gobierno cree que favorece a estos últimos.

Para conocer cuál es la postura de las asociaciones de agricultores, Libre Mercado entrevistó hace unos días en Madrid a Pedro Barato, presidente de Asaja. En su opinión, las dos iniciativas van en la buena dirección. Asegura que no temen "el mercado libre" pero defiende que la situación actual es una fuente de "abusos" y falta de garantías que acaban pagando siempre los mismos: los productores.

- Buenos días. Hace unas semanas el Gobierno presentó dos leyes que transformarán buena parte del sector agrario español, tanto en lo que hace referencia a la estructura y la organización de las explotaciones, como en sus relaciones con los distribuidores y la industria. ¿Cuál es la postura de Asaja al respecto?

- La Ley de Cadena de valor es una demanda que el sector agrario lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Queremos corregir el desequilibrio que hay en la cadena desde el agricultor hasta que el producto llega al consumidor. En ese proceso, hay una serie de zonas opacas, oscuras, que hay que clarificar. ¿Y cómo se aclaran? Mediante ley. No creo que esta ley deba servir como enfrentamiento entre los eslabones de la cadena. Debe clarificar la cuestión y beneficiarnos a todos, con un objetivo final, que el consumidor, que es el que paga el producto, tenga claro qué está consumiendo, dónde se ha producido, cómo se ha producido y cuánto se ha pagado en la primera parte del eslabón.

- ¿Hay algún tema en el que se quede corta?

- En el tema de los contratos, clarifica bastante. Quizás debería tener alguna obligatoriedad más. Se han dejado algunas cosas voluntarias, como el código de buenas prácticas. Pero bueno, como se suele decir en el campo: ‘Por algo se empieza’. Esta ley viene a satisfacer bastantes de las necesidades del sector que yo represento. Todo es mejorable, seguro. Pero ante la demanda, creo que el Gobierno y en particular el ministro, acierta al poner esta ley en marcha.

- ¿Y qué le parece la iniciativa para que haya una cierta concentración de cooperativas?

- En este tema había un clamor. La integración y la concentración de la oferta tiene que ser algo fundamental y urgente. No podemos tener unos movimientos asociativos de agricultores con una facturación tan pequeña. Hay que hacer la concentración de la oferta urgentemente. Si nos comparamos con Holanda, por ejemplo, la suma de nuestras cooperativas más grandes no llega ni al 50% de las suyas. Pero todo esto sólo vale si cumplimos un fin: aquí ya no vale decir que mi pueblo es mejor que el tuyo... O vamos a una concentración con una legislación NACIONAL [lo recalca] o estaremos haciendo dejación de funciones.

- En Libre Mercado nos gustó bastante el tema de las cooperativas, aunque tenemos más reticencias en el tema de la cadena de valor. Nos da miedo que pueda interferir en el mercado, ¿cómo nos intentaría convencer usted?

- Yo soy una persona muy liberal, que cree en el mercado. ¿Cómo conciliarlo? Es que yo tengo ahora metido el miedo en el cuerpo: abusos, impagos, falta de transparencia, tengo que asumir las promociones de la distribución, venta a pérdidas con productos como valor reclamo (aceite, vino o leche)... No quiero una ley en la que me pongan por decreto el precio. No me da miedo competir, ni me da miedo el mercado libre, lo que me da miedo son los abusos. ¿Por qué en lo que vendo tengo precios del año 86 y sin embargo lo que necesito para producir tiene precios del año 2012?

- Pues por eso le digo, convénzame de que es necesario intervenir en la cadena de valor para reequilibrar el mercado.

- Lo que yo quiero es que cuando venda un producto, éste tenga que tener precio. Me están recogiendo la leche y yo me entero del precio cuando llega el del camión y me dice: A tanto la leche del mes pasado y a tanto la de este mes. No tengo un contrato que me dice que mi leche vale a 32 céntimos y que lo voy a cobrar mañana o cuando sea. Tengo una ley que dice que los productos perecederos hay que pagarlos a 30 días, pero la media es de 86 días. No quiero una ley que intervenga y diga que los tomates tienen que estar a 32. Quiero una ley que me dé una cobertura para que no abusen de mí. No se trata de proteccionismo. Creemos en el mercado, pero en el mercado transparente. Mira, yo quiero ser como los demás. No puede ser que en este sector te pongan el precio a lo que tú compras y te pongan el precio a lo que tú vendes.

- ¿Por qué los agricultores aceptan esas condiciones que son tan negativas para ellos mismos?

- Hay que reconocer que el sector agrario español está muy atomizado. Somos individualistas por naturaleza. No están suficientemente conectadas las estructuras comerciales...

- Todo esto apunta a lo que hablábamos de las cooperativas

- Van en paralelo. Pero también tiene que haber transparencia en la cadena de valor. No todos los tomates tienen que valer lo mismo, porque cada uno tiene una calidad y una garantía. Pero, insisto, ésta no es una ley para dar la razón a uno frente a otro, sino para dar transparencia. Para que el agricultor sepa cuando venda, cuánto va a cobrar y el consumidor sepa de dónde viene cada producto. La ley de cooperativas tiene que empujar de forma definitiva para que haya una concentración de la oferta suficientemente fuerte.

- ¿Por qué hasta ahora no se ha producido? ¿Por qué no hay más ‘centrales lecheras asturianas’?

- Por muchos motivos. El sector agrario no ha sido demasiado atendido por los gobiernos. Hay que reconocer que ahora Miguel Arias sí le está prestando la atención que merece. Antes, las comunidades autónomas sólo primaban la concentración de cooperativas en su interior. Hemos sido muy miopes. Hemos apoyado lo del pueblo, en vez de apoyar la suma de los dos pueblos. Eso no tiene sentido. Tenemos que unirnos y quizás incluso tengamos que ponernos de acuerdo con productores franceses o italianos o de cualquier otro sitio. Afortunadamente, ya se está haciendo. Ayudemos a eso. Y no hace falta dar dinero, hacen falta legislaciones acordes a esta situación.

- Y quitar trabas, porque éste es uno de los sectores más intervenidos...

- Los papeles que tiene que hacer un agricultor son increíbles. Y cuando alguien dice que va a haber una modificación para aligerar la administración me da miedo, porque muchas veces acaban poniendo todavía más trabas. El agricultor está saturado. Mira, yo tengo hoy cinco nacimientos de terneros. El hombre que tengo en el campo va a ir hoy a la agencia de extensión agraria de mi pueblo con el número de la madre y así se le pone un numerito al hijo. Ese animal lo puedo vender o engordar y con ese número sabremos qué ha comido ese animal, dónde se ha sacrificado, cuándo,... Luego, el consumidor sabrá que ese ternero es de Pedro Barato y que se ha alimentado con Nanta. Y todo eso son papeles, papeles, papeles,... Y costes, claro. En temas medioambiantales estamos aburridos, ya no podemos cumplir más normas. El que mejor sabe lo que hay que hacer en el campo es el propio agricultor. Las normas no se pueden aplicar desde Madrid, sino desde el campo. Estamos aquí debatiendo miles de horas del bienestar de los animales y los que vamos a discutir la directiva a Bruselas volamos en asientos de 30 centímetros. Además, estas obligaciones, para competir con productores de fuera de la UE, son criminales.

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